Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias estuvieron marcadas por un clara intervención por parte del gobierno de Ricardo Lagos, destinada principalmente a utilizar el aparato público en beneficio directo de los intereses electorales, situación que tuvo su máxima expresión con lo ocurrido en la V Región con los programas de empleo, financiados con recursos del Estado y destinados al activismo político.
También hay un abuso del aparato estatal con fines electorales cuando, por ejemplo, se inauguran obras con una importante cobertura de prensa y publicidad pero luego de un tiempo – bastante breve por lo demás – conocemos de los errores e improvisaciones que hacen evidente el objetivo mediático-electoral. Tales son los casos, entre otros, del ferrocarril al sur del país, de la pavimentación de la Alameda en Santiago, de la puesta en marcha del Transantiago y el caso de la implementación de la ley de responsabilidad penal juvenil, en donde ello ha sido patético.
Debido a estos y muchos otros antecedentes, la Cámara de Diputados acordó crear una Comisión Especial Investigadora para que en un plazo de 90 días investigue, recopile, reúna y acopie todos los antecedentes relativos a intervención electoral, emanada de cualquier organismo público y elabores, de conformidad a sus facultades fiscalizadoras, un informe sobre la eventual intervención electoral del Ejecutivo, sus organismos y agentes en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.
Así, la Comisión deberá abocarse a analizar las campañas publicitarias que se desplegaron tanto a través de espacios pagados en los diversos medios de comunicación social, escritos, radio y televisión, como mediante volantes, carteles y actividades promocionales directas de distinta naturaleza. A diario pudimos observar, en los meses previos a las elecciones, a Ministros y al propio Presidente de la República en actos de inauguración de obras o entrega de beneficios a la ciudadanía, con gran despliegue publicitario y que incluso hube de representar cuando ejercí la Presidencia del Senado, todo lo anterior contraviniendo el principio de probidad administrativa, que exige observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Los actos de intervencionismo electoral que pudimos apreciar en los pasados comicios presidenciales y parlamentarios fueron tantos y tan evidentes que sin duda influyeron en sus resultados. Porque está claro que tales actos de intervencionismo – reñidos con normas específicas del derecho, con la tradición republicana del país y con la moral que debe guiar toda acción pública- contribuyeron a que los candidatos del oficialismo tuvieran ventajas frente a sus adversarios políticos, producto del uso y también del abuso de su posición de poder.
Por esto, los resultados a los que llegue la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en esta materia está despertando un gran interés en algunos y temor en otros, aquellos que se beneficiaron del intervencionismo y abusaron de fondos públicos y, lo más grave, de la probidad y fe públicos.
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Sergio Romero P., senador.
