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Una iniciativa demagógica e inútil


Un senador elegido por VIII Región, que se ha caracterizado por sus conductas destempladas y su apoyo a la causa indigenista, ha presentado un proyecto de ley que -de ser aprobado- persigue aparentemente que los mapuches y la activista que cumple pena por provocar incendios terroristas, accedan a la libertad condicional.



Se ve claramente que la iniciativa pretende burlar explícitas disposiciones constitucionales, que no permiten o dificultan los indultos especiales y generales a los condenados por tales ilícitos. De esta manera, asilándose en la circunstancia que la gracia presidencial, para cumplir la pena en libertad, no constituye propiamente indulto especial, se recurre al resquicio para lograr la misma finalidad.



Pero el imaginativo parlamentario no se ha detenido a meditar que cuando su proyecto se remite a la institución de la libertad condicional, hace aplicable a los pretendidos beneficiarios la normativa del D.L. 321 de 1925. Este conjunto de regulaciones establece, entre otros requisitos, que los aspirantes hayan observado conducta intachable en el establecimiento penal en el que cumplen la condena. Y esta fundamental exigencia precisamente no se cumple respecto de los rematados que han sostenido, dentro del recinto penitenciario, una prolongada y publicitada huelga de hambre, comportamiento que constituye una grave infracción al régimen carcelario.



De esta suerte, el proyecto de ley impone una condición específica aplicable a este caso, cual es la renuncia a la violencia por parte de los imputados, y los remite a otra general, que evidentemente no concurren.



Surgen así dos obstáculos insalvables para que los presos obtengan el beneficio: su negativa a renunciar a la violencia y su mal comportamiento dentro del penal.



Frente a esta realidad, la intención del legislador queda al desnudo: no se quiere obtener un real beneficio para los inculpados, sino que se logra sólo el uso de pirotecnias demagógicas, en procura de dividendos entre incautos electores.



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Juan Agustín Figueroa Yávar. Abogado, ex ministro de Agricultura.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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