Nuevos espacios políticos para el debate nacional - El Mostrador

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Nuevos espacios políticos para el debate nacional

por 3 junio, 2006

En los últimos días se han producido dos hechos que podrían marcar una diferencia significativa con los gobiernos anteriores y dar un nuevo impulso a la agenda de democratización para los próximos años. La enunciación de una hoja de ruta por parte del gobierno y el movimiento de los estudiantes secundarios han encendido las luces respecto al proyecto de sociedad que está en juego y el tipo de democracia en la que queremos que éste se desarrolle.



Explicitada la hoja de ruta del gobierno, hay un análisis que es necesario instalar en el espacio público y que dice relación con la oportunidad para debatir sobre la idea de país que hay detrás y la que esperaríamos que se concretara.



Debatir sobre democracia significa poner al descubierto cómo quieren participar e incidir los ciudadanos en asuntos de interés público, "de qué hablamos cuando hablamos de participación" y cuál es su contenido preciso. Es lo que están haciendo con fuerza los estudiantes secundarios al poner en el centro del debate social un tema tan central y recurrido en estos años como es el de la educación, demandando espacios deliberativos y no mesas de diálogo donde apenas son escuchados.



Hay un estilo en que las esferas del poder político entienden la participación que la ciudadanía crecientemente considera agotado. Se trata de una fuerte percepción de falta de igualdad de oportunidades para deliberar sobre asuntos de interés público y esto empieza a ser evidente para distintos actores, quienes comienzan a cuestionar la democracia y los actuales mecanismos de participación.



Para un sector de la sociedad civil organizada tiene un valor especial el rescate que la Presidenta ha hecho de un lenguaje y un discurso que venimos instalando en distintos espacios desde hace décadas, a la hora de abordar temas de interés público. La integración latinoamericana, la prioridad y persistencia del tema de derechos humanos en Chile, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la democracia para las regiones, el mejoramiento de barrios y viviendas que permitan desarrollar la calidad de vida de las personas y la igualdad de género han sido parte central de los desafíos y de la agenda política de las organizaciones ciudadanas.



Asimismo, considerar la participación social en el diseño de las políticas públicas, así como involucrar a las organizaciones no gubernamentales en la tarea de contribuir, por ejemplo, al eje de innovación, es un avance en relación a los gobiernos anteriores y una señal de que esta nueva etapa necesita de manera urgente una mayor participación en procesos de este tipo.



Hay aspectos, sin embargo, eludidos por el gobierno y que no pueden estar ausentes en una agenda que busque abrir más espacios de deliberación y generar políticas sociales que tengan como meta superar la desigualdad.



La dificultad para identificar en la hoja de ruta una definición política nítida en temas vitales para la modernización del país -como la profundización de la democracia y el combate a la desigualdad- y la excesiva prudencia de la inversión social -al utilizar sólo los intereses de los excedentes del cobre del año 2005-, están subrayando algo más complejo y preocupante que la aplicación rigurosa de las reglas que guían la política fiscal.



La democracia debe resguardar una participación equitativa en la distribución de los recursos que ofrece una sociedad, contribuyendo de esta forma a erradicar las inequidades, como la desigualdad de ingresos monetarios, la segregación y la discriminación.



Por ello, la voluntad del gobierno para abordar de manera eficiente los problemas que enfrenta nuestro país y las reformas requeridas, se debiera reflejar, por ejemplo, en la importancia que éstos representan en el presupuesto nacional. Y en este caso las metas propuestas debieran ser coherentes con los gastos.



Aquí aparece un asunto esencial, como es el hecho de que no se haya producido un reconocimiento de lo público como un espacio más amplio que lo estatal, lo cual ha derivado en una restricción del debate a sectores más vinculados a la tecnocracia, donde las organizaciones y movimientos ciudadanos tienen poco espacio para incidir y presentar sus propuestas.



Las implicancias de un reconocimiento como este, además de políticas, son presupuestarias y se relacionan con una comprensión distinta del tema del Financiamiento del Desarrollo, donde, por ejemplo, las Organizaciones de la Sociedad Civil necesariamente deberán incrementar una participación activa en la definición del presupuesto nacional. Esto implica asumir, entre otras cosas, que la sociedad civil no mercantil, ni estatal, tiene un peso no menor en las cuentas nacionales tal como lo representa una reciente investigación de la Universidad Johns Hopkins, lo que tiene una importancia política que debe ser reconocida.



La discusión participativa del presupuesto nacional es un indicador de modernidad y es un espacio político al que debieran tener acceso los distintos actores que están pensando el país desde una perspectiva de interés público. Probablemente será un espacio en disputa en los próximos meses y la sociedad civil tiene una postura y propuestas que expresar en ese sentido.

Hasta ahora, la democracia en Chile no ha dado cuenta de las transformaciones y complejidades ocurridas en la sociedad chilena. Por esta razón, requiere cambios profundos además de la participación activa de los distintos sectores.



Las organizaciones de la sociedad civil están interesadas en confrontar sus propuestas y desafíos. Una prueba de ello es que este fin de semana un centenar de organizaciones realizará el Primer Foro Social por la Democracia, como una invitación abierta que la Sociedad Civil ofrece para debatir sobre el alcance, la profundidad y la densidad de nuestra democracia.





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Miguel Santibáñez, doctor en urbanismo y Presidente de la Asociación Chilena de ONGs Acción.


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