El enorme poder de cambio social que nos han regalado los estudiantes secundarios dejó fuera de foco al Gobierno y las organizaciones políticas y sociales del país. Hace un mes que no se sabe claramente qué hacer con las demandas estudiantiles y sus estrategias de movilización.
No se les puede exigir a los estudiantes secundarios que tengan, además, la racionalidad política y la madurez técnica para articular una agenda de cambio educacional. No es una tarea que les corresponda ni que estén en condiciones de asumir.
Ellos han creado el espacio de cambio, que permite revisar y corregir el "principio" de la intangibilidad de las reglas del mercado en la educación, inmutable durante todos los gobiernos concertacionistas, y con eso ya han hecho bastante. Ahora le corresponde a la "clase política" evidenciar sus posiciones en torno al tema y efectivamente generar un cambio que permita mejorar la educación en Chile.
La intervención de la Presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional de TV para exponer la visión del gobierno frente al conflicto, y su salida, no ha ido acompañada de una acción vigorosa para dar forma operativa a la agenda esbozada. Muchos de los puntos expuesto por la Presidenta ya habían sido mencionados por el Ministro de Educación en diferentes oportunidades, aunque en forma parcial y fragmentada. De modo que no constituyen una novedad, propiamente tal, más aún si se tiene en cuenta que el paso de la cobertura a la calidad, eje de todo el debate, es el punto de referencia obligado desde hace años en materia de educación.
Resulta sorprendente el "consenso" de cambio expresado públicamente por la mayoría de los sectores políticos, tanto de gobierno como de oposición, aprovechando el clima de simpatía ciudadana que logró despertar el movimiento estudiantil. Que se materialice será bastante difícil, porque en torno a la educación se ha construido un poderoso mercado, que sólo en subvenciones del Estado, a distintas instituciones y "sostenedores", mueve una cifra cercana al billón cuatrocientos mil millones de pesos anuales, y que será defendido -por sus beneficiarios- a ultranza, bajo el manoseado principio de la libertad de enseñanza.
El escenario futuro debiera contemplar un amplio debate sobre qué se entiende por calidad de la educación, cómo se va a controlar el enorme aporte fiscal para que se traduzca en buena educación, y cuáles serán las reformas a la institucionalidad para evitar la corrupción y el mercantilismo.
Sin embargo, es preocupante que tanto la atención de los medios de comunicación como la de importantes actores involucrados, entre ellos el propio gobierno, esté centrada en el manejo de conflicto y sus derivadas de orden público.
En un hecho que el manejo "de calle" del conflicto superó el pulso y la capacidad del Ministerio del Interior. Pero en ese ámbito, así como en el de la movilización estudiantil, los efectos ya están maduros y debieran irse apaciguando. El postrero intento de otros gremios de instrumentalizar la revolución de los lápices resulta casi grotesco. La revuelta de los estudiantes ya nos dibujó el futuro, ahora el turno y los contenidos les corresponden a otros.
