En la reciente reunión del 2 de junio de los Ministros de Educación del Mercosur varios delegados se me acercaban a preguntarme cómo era posible que estuviera ocurriendo lo de las grandes movilizaciones estudiantiles; si era cierto lo del fracaso de la Reforma Educacional en Chile y por qué ocurría esto a tan pocas semanas de la llegada de Bachelet a la presidencia.
Un ensayo de respuesta fue la siguiente. El movimiento social estudiantil de amplio apoyo ciudadano era posible, justamente, porque esa misma ciudadanía había votado por Bachelet para expresarse sin temor, buscando ser escuchados luego de una transición que los había mandado para la casa y limitado su aporte a la participación en las elecciones y a su desempeño laboral, cuando éste era posible.
Un segundo factor ha sido el que la dirigencia estudiantil había dado muestras de amplitud, flexibilidad y capacidad de convocatoria en base a un proyecto que vinculaba las demandas concretas con la raíz del malestar, la existencia de una profunda desigualdad en los resultados educativos producto de una estamentación socio económica que determina la calidad de la educación.
Un tercer elemento, que operó también, fue la seguidilla de errores de los negociadores gubernamentales, quienes subestimaron el movimiento expresando un doble error: no tener sensibilidad respecto a los educandos y la dinámica de su actividad, lo que expresa el otro error, cual es la subvaloración cultural por las opiniones y organización de quienes han sido tipificados como adolescentes.
Pero la variable determinante es que el amplio movimiento, transformado en una lucha por la defensa de la educación pública de calidad como un derecho, expresa que la estructura sobre la cual se organizó la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, LOCE, ha terminado por agotarse. Es decir, la dictadura impuso la lógica de la libertad de enseñanza estructurando tres sectores y los homologó con los niveles de ingreso y tipos de ofertas laborales que recibirían los estudiantes en el nuevo modelo económico. Esquemáticamente dicho: Un sector ligado a la internacionalización económica que genera una elite empresarial y profesional y requiere educación privada; un sector que apoya el proceso de integración a los mercados de manera complementaria y poco innovativa que se educa en la educación particular subvencionada y el otro sistema, el municipal, dirigido al control social (la JEC en la práctica ha sido esto) y el disciplinamiento laboral para trabajo precario.
Estos sectores normados por la LOCE, colocaron al Estado en una posición de administrador y no de garante de la educación de calidad. Con la Reforma, impulsada por la Concertación, se desarrollaron políticas públicas de carácter técnico-político de arriba hacia abajo, priorizando la reforma curricular, luego los salarios y seguridad del profesorado (siempre insuficientes) y posteriormente las mejoras en infraestructura, con lo que se obtuvieron mejoramiento en los resultados, pero del todo limitados.
Este movimiento estudiantil ha demostrado que no hay posibilidad de Reforma educativa de calidad si es que no hay participación de los actores sociales de ella, es decir los estudiantes con organizaciones autónomas y respetadas por la autoridad y los Directores de colegios; los profesores, que empoderados con una reforma que sientan como propia podrán mejorar la calidad de sus metodologías y la relación con los estudiantes; los apoderados, que conscientes de que la educación a sus hijos no da para más puedan involucrarse como auditoría social sobre la calidad de la educación que le entregan a sus hijos.
Es decir, como ha dicho la presidenta, la Nueva Reforma debe hacerse de manera participativa, buscando consensos amplios pero sobre la base de asegurar el derecho a la educación pública de calidad, de carácter laica y democrática. Así Chile podrá estar a la altura de los desafíos de saltar al desarrollo, teniendo un país con menos desigualdades sociales y territoriales. La derecha ya lo ha señalado: están de acuerdo en apoyar la reforma a la LOCE siempre y cuando se asegure la libertad de enseñanza, aumente la autonomía de los colegios y también la descentralización, lo que en la práctica puede llevar a más mercado educativo y más desigualdad.
Las cartas están echadas. El desafío está en mejorar la educación de calidad para todos los chilenos sin discriminación por su condición social, creencia religiosa o política. Y quien debería dirimir la orientación de la Nueva Reforma, si en el Parlamento no hay consensos, es la propia ciudadanía que ha respaldado a los estudiantes secundarios, a través de una convocatoria a un plebiscito vinculante. Este sería el mecanismo más democrático y ciudadano de resolución de las diferencias.
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Osvaldo Torres G. Concejal de Peñalolén. Miembro de la Comisión Política del P.S.
