En toda la resonancia política generada por el movimiento estudiantil de mayo-junio, la fuerte gravitación del Banco Mundial en el proceso de reforma de la educación en Chile ha estado ausente en el debate.
El Gobierno elegantemente ha asumido toda la responsabilidad del problema, y no se sabe si esta omisión es por diplomacia, o porque los compromisos con el Banco Mundial están vigentes.
El Banco Mundial ha invertido considerablemente en mejorar la calidad de la educación chilena. A partir de 1992, se embarca en un préstamo de US $ 170 millones pagadero a 15 años, para el programa de mejoramiento de la calidad de la educación (MECE) (Mideplan 1996). Recientemente ha aprobado otro crédito de US $ 60 millones, para el mejoramiento de la educación terciaria, universidades e investigación científica. Hay que destacar que de esos 170 millones de dólares una parte menor se destinó a la educación secundaria.
El Banco Mundial ha evaluado en forma casi superlativa, el resultado global de la reforma educacional chilena y el rendimiento de sus componentes principales: Jornada Escolar Completa (JEC), Ley Orgánica Constitucional para la Enseñanza (LOCE) y los sistemas de evaluación. «El resultado es uno de los sistemas educacionales más innovadores, costo eficiente, y comparativamente equitativos entre los países en vías de desarrollo». Así lo plantea en el capítulo de conclusiones el informe de Francois Delannoy, funcionaria del Banco Mundial (Education Reforms in Chile: A lesson of pragmatism, Banco Mundial 2000).
Las conclusiones también expresan que «la mayor parte de los instrumentos de un sistema educacional moderno – transparencia, evaluación de los estudiantes-flexibilidad curricular, población objetivo, inversión en la calidad de los insumos y contenidos, atención a los procesos de salas de clases, desarrollo profesional continuo y autonomía de la escuela están presentes en el sistema chileno y han estado presentes por más tiempo que la mayoría de los otros países incluyendo algunos de los que forman la OECD. Y el sistema continúa avanzando». Las observaciones de Delannoy forman parte de un detallado estudio emanado de una estadía de 18 meses en Chile, donde la autora agradece la colaboración de los profesionales chilenos que han tenido un rol protagónico en el proceso de la reforma educacional en Chile. Algunos de ellos forman parte del actual «consejo asesor presidencial» montado para solucionar la crisis, incluido su propio presidente.
El movimiento estudiantil fragmentariamente continúa, y por los síntomas de diversas regiones, su crecimiento ha sido contenido hasta el momento. Tanto la génesis como el desarrollo del conflicto, más allá de los problemas de la educación, han sido objeto de un tráfico político y mediático propio de los fenómenos sociales de alta visibilidad. Sus características internas y el impacto, han sido objeto de conclusiones prematuras, y el análisis más depurado está pendiente. No ha sido ni «revolución» ni un «movimientillo», y este análisis está abierto todavía. Lo que sí se constató fue que existieron dos movimientos simultáneos: Primero, una intensa movilización política de los partidos que apoyan al gobierno, para detener el crecimiento del movimiento y al mismo tiempo blindar al gobierno. Segundo, el uso – a veces desmedido y desleal con los intereses de los estudiantes y del país- de la coyuntura para atacar el gobierno, por parte de la oposición al gobierno.
Localizaciones globales
El modelo educacional chileno, en su concepción medular, es obra de los programas de reforma sectorial implementados a escala mundial por el Banco Mundial, y que los sistemas económicos de cada país debían absorber. Todos forman parte del llamado ajuste estructural de los años 80, que sirvió para que la economía saliera de la crisis financiera de los 70 y que venía incubándose desde los 60 (X. Arrizabalo y otros, 1997). Como es bien sabido, la privatización de los servicios públicos (y la educación es un punto clave de ellos), forma parte de la tríada de pilares del ajuste, con desregulación del Estado y apertura de mercados. El Banco claro, hace todo eso en la medida que los países aceptan, pero bajo las condiciones financieras de los países en la década de los 80, había una obligada complicidad de los Gobiernos, y Chile ha sido el país estrella en su aplicación.
Tanto el soporte técnico como financiero de la reforma educacional chilena, que no resolvió los problemas de fondo, como ha quedado demostrado por el movimiento estudiantil y el registro político derivado del mismo, provinieron de una estrecha asociación técnica y política entre el Banco Mundial y los gobiernos de la Concertación en Chile.
El proceso de gestación de la reforma educacional como un componente vital del ajuste, parte con el gobierno militar, ye se implementa con una medida de fuerza principal: la privatización de la enseñanza. El foco es que el sector educacional, como el de salud, funcione acoplado a un sistema de rentabilidad, y gradual autofinanciamiento, en donde en el caso de la educación, familias, apoderados, alumnos, y profesores formen parte de un conjunto empresarial, que es la educación. El colegio es el lugar físico, las personas son sus productores. Entre ellos, el estudiante, que debe demostrar competencia para proseguir su educación.
La calidad y el contenido de esa educación debe entrar en la construcción de un nuevo sistema. Esta es la parte más importante. El sistema educacional bajo este diseño, no parte de la calidad o del contenido. La calidad y contenido es una inserción dentro de un sistema que debe funcionar como empresa educacional, y donde los estudiantes son concebidos como un producto del sistema. Padres, alumnos, profesores y burócratas fiscalizadores forman parte de un equipo que debe apuntar al mismo objetivo: que la educación financieramente y en términos de gestión, se sustente bajo la nueva modalidad; e idealmente que genere rentabilidad.
Salidas para un callejón
Todo esto, que es mucho más complejo que lo acotado, se llevó a cabo bajo los programas de reforma sectorial del Banco Mundial, como parte del ajuste estructural. Es así que, cuando se habla sobre esta movilización estudiantil como una demanda de transformaciones radicales al sistema educacional, se está directamente aludiendo a las bases y el significado del ajuste estructural, que tiene como eje lo que no ha funcionado en Chile: la privatización de la educación.
Si el movimiento estudiantil es indicador de algo, es de que esa aplicación de dos décadas de reforma educacional y ajuste estructural en Chile, no está funcionando. El argumento entonces para formar un «consejo asesor» se divide en tres posibilidades: a) que la calidad de la educación se puede mejorar bajo las mismas estructuras que han fallado; b) que el poder del Estado está intentando solo en bajarle la presión al conflicto; y c) que se está simplemente creando un nuevo clima de expectativas que después será imposible cumplir.
Actualmente no hay condiciones ni políticas ni financieras para un pie atrás. El movimiento estudiantil, aunque abordó el tema de revertir la senda privatizadora en sus asambleas, va a encontrar en el comité asesor nombrado, a los principales aliados de la conservación del eje privatizador. Más aún, se observan posturas que apuntan a un sistema de enseñanza totalmente privatizado; o sea, que forme parte permanente del ajuste estructural de las economías y del enclave privatizador.
El problema de la educación chilena es una «obrita» del Banco Mundial, con la complicidad del gobierno local por cierto, imposibilitado de hacer reformas más profundas por una derecha que presionaba para continuar con ese modelo que responde a los parámetros del capital transnacional. La crisis de la educación chilena, tiene carácter internacional porque refleja la crisis de las recetas del Banco Mundial a escala global.
Asimismo, los que «manejan» el conflicto, no asumen que la demanda estudiantil forma parte de la crisis del estado liberal y en particular de sus carencias para dar una respuesta política al conflicto. Se parte del marco equivocado, y no podía ser de otra manera: los que sustentan el sistema no pueden decir: «estudiantes, es el sistema económico el que no está funcionando».
A partir de la representatividad política formal que predomina, Chile no está para cambios estructurales, y desde la perspectiva del informe de Francoise Delannoy, la privatización del sistema educacional chileno es irreversible, y aún más, debe llegar a formas totales de privatización y descentralización.
