La decisión de citar a ministros y subsecretarios a La Moneda para, en público, llamarles la atención y conminarlos a una determinada conducta funcionaria, menoscaba la propia autoridad política de la Presidenta, y está muy lejos de la tradición institucional chilena.
La autoridad política en un sistema democrático se manifiesta, en primer lugar, como emanación directa de un poder institucionalizado, que ha sido estabilizado por un consenso social. Y se expresa en competencias, facultades legales y superioridad administrativa, reconocidas como obligatorias.
Pero es el consenso social que la funda el que, precisamente, le da un mayor y más amplio significado a la autoridad, involucrando principios, valores y tradiciones, más allá de la obligatoriedad básica de la ley. Ese consenso no es sólo leyes, sino visiones compartidas, alianzas o pertenencias comunes, que se expresan como fuerzas materiales y espirituales y que, en su época, llevaron a Montesquieu a hablar del espíritu de las leyes y del espíritu de la nación. Una reunión como la efectuada en La Moneda debía expresar eso, o parte importante de ello, entre quienes estaban ahí presentes.
Es en ese ámbito donde los conductores políticos trabajan el principio de obediencia, a base de libertad y dignidad de las personas. Como una autoridad que no precisa de coacción o amenazas para que se le reconozca y obedezca.
El acto de la Moneda está muy lejos de eso. No tuvo ni prudencia ni equilibrio. Lo que se ve reforzado con las declaraciones de los presidentes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, destinados a rescatar la supuesta transparencia cívica del acto, transformándolo en un decálogo de disciplina partidaria, y amenazando con sanciones a cualquier acción de indisciplina frente a la Concertación.
Lo actuado es muy similar a las conductas sostenidas por dirigentes burocráticos en las antiguas democracias populares de la Europa oriental, o a las prácticas admonitorias propias de liderazgos populistas que periódicamente regresan en América Latina.
Tal vez la virulencia de la demanda social de las últimas semanas, a menos de sesenta días de estrenado el gobierno, unido al nerviosismo e inexperiencia del equipo político, le han jugado una mala pasada a la Presidenta, y el acto no fue medido en su significado real y sus consecuencias.
Sin embargo, es la propia Moneda la que se ha sometido a un estrés político anticipado, declarando que este es un gobierno corto, y adoptando prácticas centralistas y un vaivén informativo entre publicidad y secreto, que llevan a pensar que una situación como la "rebelión de los lápices" tiene muchas posibilidades de volver a repetirse.
