La reciente celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio pasado, nos encuentra haciéndonos saludables preguntas fundamentales.
Así como la agrupación Acción por los Cisnes, coalición formada para denunciar la contaminación del Santuario del Río Cruces en Valdivia, instaló durante el año 2005 la conversación sobre la capacidad de la institucionalidad ambiental de efectivamente proteger el entorno, la movilización de los estudiantes de enseñanza media ha abierto la discusión no sólo sobre la calidad de la educación sino sobre el rol del Estado en los temas fundamentales como es la educación, la salud, los servicios básicos, entre otros.
De todos los sectores sociales e ideológicos, se venían levantando voces para demandar un mejoramiento en la educación en Chile. Nadie pone en duda que el actual esquema de educación municipal no ha logrado dar los frutos esperados, no sólo impidiendo la movilidad social de alumnos de escasos recursos, sino también siendo identificado como el principal obstáculo para el desarrollo nacional.
Sin embargo, a pesar de haberse instalado hace ya varios años el tema en la discusión pública, fueron los jóvenes de enseñanza media quienes forzaron a la autoridad a encarar el tema con decisión. Los alumnos lograron una convocatoria y movilización de tal magnitud que tomó por sorpresa al Gobierno, el que no supo inicialmente tomarle el pulso al movimiento y cometió graves errores al descalificar inicialmente el movimiento estudiantil.
Lo acontecido es innovativo por varios aspectos. Por una parte, fue el uso de las tecnologías de información y comunicación -herramienta ya incorporada en las generaciones jóvenes- lo que posibilitó la articulación y coordinación de los alumnos a lo largo del país. Por su parte, los apoderados -e incluso algunos profesores y sostenedores- se sumaron en apoyo a los estudiantes, no sólo compartiendo su visión sino brindándoles apoyo logístico en alimentación, traslado, etc. De todos los sectores del espectro político surgieron voces de apoyo al movimiento juvenil, no sólo resaltando la seriedad de sus planteamientos, sino admirando su capacidad de convocatoria, validez de los procesos de toma de decisiones, aplomo de sus voceros, entre otros ámbitos. Adicionalmente, la impecabilidad de los voceros -su manejo conceptual, la construcción de consensos a pesar de sus diferencias internas, el respeto por sus mandantes, el rechazo a dejarse manipular por adultos- sin duda empodera y cambia la percepción que existía con respecto a esa generación.
Adicionalmente, muchos colegios particulares de alumnos de mayores ingresos se plegaron solidariamente al llamado de paralización, contribuyendo con presencia y recursos. Jóvenes que posiblemente tenían su futuro asegurado no sólo se movilizaron como nunca antes ante la injusticia del actual sistema, sino que logran vislumbrar que su propio éxito como generación requiere una sociedad más equitativa e inclusiva que la actual.
Ya no será posible afirmar que los jóvenes son nihilistas y que «no están ni ahí». En estos días hemos presenciado la manifestación de una generación que nos sorprende y enorgullece por su solidaridad, prácticas democráticas e involucramiento en la generación de políticas públicas que se hagan cargo de sus valores e intereses.
Si el Gobierno es capaz de enfrentar la situación como una oportunidad de construir un consenso nacional en torno al cambio que el sistema educacional requiere, e invita a los alumnos y alumnas a co-crear una nueva propuesta, no sólo saldrá fortalecida nuestra nación, sino posiblemente sus frutos se extiendan a otros países de la región. Y si el resto de los actores son capaces de resistir la tentación de instrumentalizar la adhesión de la opinión pública a este movimiento, estaremos frente a un real proceso participativo que modifique las formas tradicionales de incidir en la agenda pública.
Dado que la participación ciudadana es una herramienta indispensable de la gestión ambiental, esta experiencia puede aportar luces sobre la reforma que también requiere la institucionalidad ambiental.
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Ximena Abogabir Scott. Presidenta Fundación Casa de la Paz
