En la agenda pública nacional existen pocos temas tan relevantes, con implicaciones sociales, políticas y económicas, como la seguridad energética del país. Aunque ha sido el precio de los combustibles el que lo ha puesto nuevamente sobre la mesa, hace ya más de diez años que ocupa parte importante de las consideraciones estratégicas en torno a nuestro crecimiento económico y a la seguridad nacional.
Los problemas de suministro y la volatilidad de los precios han transformado nuestra dependencia energética en algo urgente. No parece posible que el país pueda continuar creciendo, a las tasas actuales, considerando que el modelo de crecimiento y su patrón energético generan una creciente demanda de una energía de la que el país carece, además de fuertes tensiones en materia medioambiental.
Chile importa alrededor del noventa y cinco por ciento de todo el petróleo y gas que consume, lo cual equivale, según la Comisión Nacional de Energía, al 68% del consumo total de energía primaria del país. El 32% restante se desagrega en un 18% de energía hidroeléctrica, un 14% de leña y un 10% de carbón. El comportamiento ambiental de la economía es de baja calidad, con alto y duradero impacto negativo en sus recursos naturales.
Junto a lo anterior, el país no exhibe ninguna política, de mediano y/o largo plazo, que se preocupe por incidir en los patrones de consumo energético, de manera integral. Especialmente, buscando influir adecuadamente en los sistemas de consumo como el transporte, la urbanización, la construcción y los usos industriales de energía.
Es evidente que la seguridad energética no se solucionará exclusivamente en las ganancias de eficiencia en esos sistemas. Pero es claro que avanzar en ello permite no solo disminuir la presión de abastecimiento actual sino, incluso, generar un negocio rentable orientado a fuentes alternativas. Una meta de ahorro de 10% del consumo actual en transporte y uso doméstico, significaría un ahorro de dinero de entre mil y mil doscientos millones de dólares anuales, a los precios actuales.
La seguridad energética está presente en la agenda del interés nacional en todos los países del mundo con bastante intensidad desde el año 2000. Suministro seguro, precios y medio ambiente son los ejes de una discusión que se da tanto en Europa y Asia como en Estados Unidos y América Latina.
Los énfasis en el debate no dependen tanto del tamaño relativo de las economías, sino de la forma de encarar las soluciones. En la Unión Europea, este debate se lleva a cabo bajo una pauta de cooperación, tratando de integrar políticas de energía y medio ambiente. Por su parte, en Estados Unidos y en América Latina se hace, principalmente, bajo pautas de competencia, acceso privilegiado a las fuentes de suministro y depredación ambiental.
El espacio que le queda al país en este espectro es muy pequeño. Las soluciones cooperativas no están prevaleciendo en la opinión de las cancillerías vecinas, y poco podemos hacer para mejorar la situación. Pero, además, no se percibe la voluntad política de apartarse de un patrón gobernado por reglas de mercado e inversión privada.
A estas alturas, Chile debería considerar soluciones que, aunque costosas, partan de la perspectiva de que las inversiones en energía son una prima de seguro – como cuando se "gasta" en adquirir costosos sistemas de armamento- que permita efectivamente la seguridad energética, no solo de abastecimiento sino también de cuidado del medio ambiente.
