En los días recientes se ha generado un debate que en mi opinión da cuenta de un defecto más o menos generalizado en la discusión sobre el tema de la delincuencia y que se traduce en una tendencia a la superficialidad y actuar sobre la base de considerar solo los efectos de cortísimo plazo y el impacto en los medios de comunicación.
Una fiscal que lleva un largo tiempo trabajando en el intento por mejorar la seguridad en el centro de Santiago manifiesta que, de acuerdo con su experiencia, el problema de la prostitución clandestina está a la base de una serie de situaciones que generan inseguridad y favorecen la comisión de hechos delictivos y que, en consecuencia, se hace importante que las autoridades municipales se hagan cargo de definir espacios en los que esta actividad se pueda ejercer de modo controlado para limitar de ese modo su efecto sobre la inseguridad. El ejercicio de la prostitución clandestina en el centro de Santiago genera el deterioro de los barrios, impide un efectivo control de entradas en los edificios, brinda cobijo y oportunidades de actuación a cogoteros y lanzas, al mismo tiempo que genera oportunidades de corrupción para funcionarios del Estado.
Me consta que fiscales y policías están desarrollando en el centro de Santiago una serie de iniciativas que son consistentes con la mejor experiencia internacional y que suponen hacerse cargo de los problemas que están a base de la inseguridad. E intentar resolverlos o canalizarlos por medio de la aplicación de diversos métodos que suponen una combinación de mecanismos que combinan la persecución penal con otros mecanismos de control sobre los cimientos de una estrategia antidelictiva diseñada específicamente a partir del conocimiento adquirido en la práctica.
Frente al planteamiento de la fiscal la reacción generalizada de las autoridades ha sido la de no hacerse cargo del problema y rechazar la idea de un barrio rojo estigmatizándola, clausurando así un debate cuya necesidad proviene no de posturas ideológicas ni de afanes de figuración, sino de las necesidades concretas de quienes han estado en la tarea concreta de reducir la inseguridad.
La idea de un barrio rojo requiere ser discutida, probablemente tiene problemas que vale la pena considerar, y de seguro existen diversas modalidades para la implementación de una ordenación territorial de ese tipo. Lo que sí es claro es que la cuestión de la prostitución clandestina es un factor de inseguridad y que si las autoridades quieren discutir en serio sobre el delito tienen que buscar respuestas apropiadas para este tipo de problemas. El otro camino es el de llamar a escándalo cada vez que ocurre un delito, poniendo la correspondiente cara de congoja y de paso hacer algún aporte en la deslegitimación de las instituciones y del derecho.
El problema es que pareciera que este último camino es el que se presenta como más conveniente, no requiere mayor esfuerzo y produce buenos resultados en el corto plazo, aunque sus efectos sean muy negativos para la comunidad.
___________________________________
Cristián Riego. Abogado y profesor Escuela de Derecho Universidad Diego Portales
