Me habría gustado no tener que escribir este artículo. Lo hago no sin cierta desazón y después de haber rehusado una invitación al programa televisivo del prestigioso periodista Fernando Paulsen a conversar sobre el tema. La polémica entre socialistas la prefiero al interior de nuestros locales Pero, después de mucho pensarlo llegué a la conclusión que el tema va más allá de nuestros límites partidarios.
Si se le preguntara a un socialista que relación tienen los derechos humanos con el socialismo, este debería responder que son parte integrante de su doctrina y que políticamente él hará cuanto le sea posible por asegurar su vigencia y sancionar su violación, cualquiera sea la ideología que el victimario diga profesar. Es decir, los Derechos humanos como una cosa de principios por sobre cualquier contingencia o consideración política.
Pero, esto es el deber ser, pues el ser, lo realmente existente, se me ha mostrado distinto en días recientes.
Junto al abogado Hugo Gutiérrez me tocó asistir como abogado a un grupo de refugiados políticos peruanos que iniciaron una acción judicial, similar a la que permitió la detención de Pinochet en Londres, en contra del ex-presidente peruano Alan García por una serie de delitos de lesa humanidad y, particularmente, por el fusilamiento de más de trescientos presos políticos el 19 de Junio de 1986 en los penales peruanos de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.
Los senadores socialistas Escalona y Núñez me exhortaron públicamente a deponer las acciones, pues esto sería un gesto inamistoso contra el futuro gobernante peruano, el cual además milita en el APRA, organización con la que el socialismo chileno mantiene tradicionales e históricos vínculos de amistad. Esos fueron los argumentos.
El razonamiento, insisto en este planteo, de que las violaciones a los derechos humanos que cometen nuestros amigos o aliados políticos no las debemos perseguir, no lo puedo compartir. Si así fuera tendríamos que aceptar que los Derechos Humanos no tienen valor universal y que sólo se puede reclamar su sanción ante violaciones cometidas por el adversario político. Eso no sería otra cosa que un mero instrumento de la contienda política.
Las relaciones con Perú son muy importantes, pero eso es un ámbito de gobierno no del partido.
Se invocó mi calidad de socialista, miembro de su comité central, para instarme a no interponer las acciones judiciales. Pero tal condición me obligaba precisamente a ello.
De otra parte, el senador Jaime Gazmuri, socialista no histórico, señaló, en un afán de devaluar nuestros esfuerzos, que era una cosa meramente propagandística. Me evocó lo que vociferaban los ministros de la dictadura militar chilena respecto de lo que hacíamos los abogados de derechos humanos en aquellos negros años.
Lo de Escalona y Núñez sí me preocupa, son dirigentes capaces, de indudable talento y que asumieron los mayores riesgos personales para la recuperación democrática chilena. Tienen autoridad como pocos para hablar de derechos humanos en Chile. Creo que de pensarlo mejor no habrían supeditado los derechos humanos a la contingencia política.
Es posible que lo hecho por Alan García no se conozca bien, hagamos pues una muy apretada síntesis.
El 18 de Junio se de 1986 se sublevaron los penales de El Frontón Lurigancho y Santa Bárbara (cárcel de mujeres). Estos amotinamientos habían ocurrido dos veces en meses anteriores y se habían solucionado pacíficamente. Precisamente ahora se pedía el cumplimiento de los acuerdos anteriores por parte del gobierno y que decían relación con las condiciones de vida en los penales.
Pero dos hechos precipitaron el crimen. Se celebraba en Lima una reunión de la Internacional Socialista presidida por Alan García y el jefe de la inteligencia naval había caído víctima de la violencia política un par de días antes. El jefe de la Armada amenazó con que «le han pisado la cola al león», con que «hay gentes que son irrecuperables», «dicen patria o muerte; en lo segundo les daremos en el gusto».
Los penales fueron atacados con fuego de artillería. Sin que pudiera intervenir la estatal Comisión de Paz que había solucionado los amotinamientos anteriores.
Unos pocos amotinados murieron producto del ataque y el resto se rindió. Sacados de sus pabellones fueron masivamente fusilados en un número no inferior a trescientos. Un par de decenas logró salvarse debido a que llegaba un helicóptero con periodistas.
Al día siguiente el presidente Alan García dictó un decreto declarando que los penales eran «zona militar exclusiva», lo que permitió trasladar la investigación desde los tribunales ordinarios a la justicia militar. Lo que seguiría era cosa sabida.
El senador socialista peruano Javier Díaz Canseco denunció estos hechos como crímenes de lesa humanidad. El propio Alan García reconoció «excesos». Pero era él, el generalísimo de las fuerzas armadas `peruanas y él quien presidió la reunión de gabinete y comandantes militares de la que salió la orden de ataque a los penales.
Los asesinados permanecen aún en calidad de detenidos desaparecidos, toda vez que sus cuerpos nunca fueron entregados.
El año 2001 la Corte Interamericana de derechos humanos ordenó al Estado peruano investigar y sancionar la muerte y desaparición de presos políticos de estos penales. Nada concreto resulta aún de ello.
El 23 de Agosto de 2003 la Comisión estatal peruana de la Verdad y Reconciliación, símil a las chilenas Rettig y Valech, creada por el presidente Paniagua, entregó al presidente Alejandro Toledo su informe sobre la violencia política en el país hermano entre 1980 y 2000, disponible en Internet.
En este informe, minucioso y detallado, que recibió miles de testimonios y documentos se señala: «la Comisión de la Verdad y la Reconciliación está en condiciones de afirmar que en el Centro Penitenciario de San Pedro (Lurigancho) y el ex Centro Penitenciario de la Isla (El Frontón) ubicada frente al provincia de El Callao, más de doscientos internos acusados o condenados por terrorismo perdieron la vida durante el mes de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez controlados y rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado». Esto lo consigna un organismo estatal peruano, más claro echarle agua; asesinatos masivos.
Durante el Gobierno de Alan García 1985-90 operó el escuadrón para-estatal «Rodrigo Franco», que en ferocidad y número de crímenes nada tiene que envidiarle al Comando Conjunto chileno o a la Triple A argentina.
El año 2000 Alan García fue acusado constitucionalmente por estos hechos y se salvó de ser sancionado por los votos de los parlamentarios fujimoristas.
No podía dejar de colaborar en los afanes de justicia de los refugiados peruanos. Precisamente porque pertenezco a un partido y a un país con miles de muertos, desaparecidos, torturados y exiliados que en su momento recibieron la solidaridad internacional. Y a los cuales nunca se les dijo que el lamento de sus heridas era propaganda.
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Roberto Ávila Toledo. Abogado.
