Coincido con Gabriel del Fávero, cuando en una columna publicada recientemente en un medio nacional, dice que en el último tiempo el medioambiente ha tomado un lugar preponderante en la opinión pública. Me permito además agregar que el caso Celco logró, como pocas veces, que la ciudadanía se apoderara del tema, fuera escuchada e incidiera -aunque no de la manera anhelada- en las decisiones ambientales del país. También se abrió un debate mayor, necesario y prioritario respecto de si funciona la institucionalidad ambiental, si cumple con su rol de proteger la salud de la población, los recursos naturales y el medioambiente del país y si es necesaria su reforma.
Sin embargo, el señor Del Fávero realiza una apología a nuestra institucionalidad ambiental, aludiendo a que ésta es joven y está en desarrollo. Una mirada al proyecto de celulosa Valdivia y a los muchos conflictos ambientales del último tiempo (La Farfana, Acceso Sur, Santa Marta, etc) dan un panorama no sólo distinto, sino obvio y patente: la Conama, bajo su actual esquema institucional, coordinador de organismos sectoriales públicos y dependiente funcionalmente del ministerio Secretaría General de la Presidencia -ministerio eminentemente político y preocupado de resolver la contingencia del país- no ha funcionado ni ha sido capaz de cumplir a cabalidad su rol de proteger el patrimonio natural, por lo que urge reformarla.
No sólo la complejidad del caso Celco puso a prueba la eficacia de la institucionalidad ambiental, sino la falta de coherencia en las políticas, programas, normas, estrategias, instrumentos, procedimientos de fiscalización, etc., destinados a proteger el patrimonio ambiental, los recursos naturales y la salud de las personas.
Para llegar a estas conclusiones, sólo hace falta usar la memoria acerca de lo que fue el caso Celco. En 1998, la Corema de la X Región, con el intendente Rabindranath Quinteros a la cabeza, autorizó a la planta Valdivia a ubicarse a escasos 35 kilómetros aguas arriba del humedal Carlos Adwanter haciendo caso omiso de los antecedentes que, ya en ese momento, indicaban que el Santuario estaba en una situación crítica y requería de un adecuado manejo ambiental. Autorizó con ello además la descarga de sus residuos líquidos en el río Cruces.
Si bien en sus inicios la Corema de la X Región estableció una serie de exigencias al proyecto en la resolución de calificación ambiental como, por ejemplo, el programa de monitoreo del efecto de los metales pesados sobre el luchecillo, ésta posteriormente fue modificada a petición de la empresa por el Consejo de Ministros de la Conama de la época, demostrando el marcado carácter político que tienen las decisiones ambientales en nuestro país.
El proyecto Valdivia obtuvo su resolución ambiental en octubre de 1998, sin embargo, su materialización no ocurrió hasta el 2004, seis años más tarde, seis años en que el ecosistema y la línea base utilizada para evaluar la iniciativa habían cambiado sustancialmente, situación no prevista por el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Desde su entrada en operaciones, en febrero de 2004, la planta Valdivia impactó negativamente el medioambiente, generando contaminación, principalmente por olores y por el vertido de residuos líquidos en el río Cruces, los que posteriormente provocaron el desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter. Sin embargo, no fue la Corema, ni la Conama regional sino la ciudadanía la que ejerció el rol fiscalizador y presionó a la autoridad ambiental para que tomara las medidas para proteger uno de los ecosistemas más importantes de la región, las que demoraron más de un año y no dieron garantías a la ciudadanía ni al país de que, finalmente, se protegerá y se recuperará el Santuario del río Cruces.
Para finalizar, quisiera decir que más allá de las responsabilidades que le competen a todos los miembros de la sociedad, incluidos los privados e inversionistas, de proteger el medio ambiente y el patrimonio natural de nuestro país, lo anteriormente expuesto evidencia una innegable responsabilidad de la Conama que como máxima autoridad ambiental han sido incapaz de proteger este importante Santuario. Esta situación, además, demuestra algo que Fundación Terram ha venido denunciando durante más de un año: el fracaso institucional de la Conama que bajo su actual esquema -coordinador, sin atribuciones especificas y dependiente de instancias políticas- no ha podido dar respuesta a los problemas medioambientales del país.
Hoy más que nunca debemos replantearnos la reformulación de la Conama, creando un organismo independiente del Gobierno del turno y con la autonomía necesaria para llevar a cabo las políticas de Estado en materia ambiental. Además, es fundamental otorgarle atribuciones específicas fortaleciendo su rol en los estudios de impacto ambiental, ordenamiento territorial y aspectos normativos. Creemos que la Conama aún puede mantener su rol coordinador, pero con atribuciones específicas para influir sobre los ministerios sectoriales, por ejemplo a través de un rol de la Contraloría sobre las regulaciones que éstos propongan.
Sin lugar a dudas el desastre ecológico en Valdivia cuestiona una vez más la actual institucionalidad ambiental. Por esta razón hacemos un llamado a las autoridades de gobierno, parlamentarias, candidatos presidenciales, etc. para que trabajen con visión de Estado la problemática ambiental del país, comprometiéndose con la protección del medio ambiente, del patrimonio natural y la salud, encaminando a Chile por la senda del desarrollo sostenible.
Paola Vasconi, Coordinadora Programa Medio Ambiente,
Fundación Terram.
