El trabajo de las comisiones consultivas creadas por la Presidencia de la República para elaborar propuestas de reforma en materia previsional, educacional y de seguridad ciudadana ha evidenciado la necesidad de modificaciones administrativas significativas para llevar adelante las tareas planteadas. Si a ello se agrega, por ejemplo, la creación de un ministerio del medio ambiente y de una superintendencia en materias de obras públicas concesionadas, estamos frente a una enorme reforma administrativa, cuya agenda no ha sido formulada.
El volumen del ajuste de organización y de coordinación interinstitucional y jurídica para crear ministerios y reorganizar y refundir tantas competencias y organismos, y, al mismo tiempo, mantener un proceso fluido de administración pública, no parece posible con las capacidades técnicas disponibles. Particularmente porque el país no cuenta con un organismo especializado capaz de llevar adelante esa tarea en la dimensión planteada.
Si bien la administración pública ha hecho progresos notables en algunas de sus áreas y organismos, ello ha sido posible por la conjunción de tres elementos que resultaron esenciales para el éxito: la voluntad política del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el impulso interno del propio servicio a reformar, y la supervisión y control de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Pero siempre se ha hecho de manera selectiva y gradual, y nunca en la dimensión ahora planteada (de manera implícita). Menos aún en áreas tan complejas, desde el punto de vista de las competencias y la ejecución de políticas, como lo son la seguridad ciudadana, la educación y las obras públicas.
La reforma de mayor envergadura de los últimos tiempos ha sido la del procedimiento penal y el país es testigo del largo camino que queda por recorrer para que las nuevas instituciones asienten una política criminológica integral y una institucionalidad armoniosa y eficiente.
La acumulación de demanda administrativa y de reforma del Estado puede transformarse en un objetivo en si mismo, dejando en un segundo plano los problemas sectoriales que se busca solucionar, esto es, pensiones, seguridad ciudadana y educación de calidad.
Para que ello no ocurra se requieren mejores diagnósticos y definiciones sustantivas sobre el sentido estratégico de las reformas, para efectivamente establecer las estructuras y competencias de los nuevos organismos. Las recientes declaraciones públicas de los encargados de las mencionadas comisiones consultivas hacen dudar que se hayan percibido los alcances administrativos de sus propuestas.
