Los cambios al sistema de administración y financiamiento de la educación pública han instalado en los medios de comunicación el debate sobre calidad y equidad y, con ello, los desafíos del quehacer docente.
Este tema, por ser de interés nacional, requiere de un debate con altura de miras. La reflexión pública no puede estar pauteada por quienes, para bloquear los cambios estructurales que la mayoría de la ciudadanía demanda, culpan absurdamente al profesorado de la crisis de la educación.
En primer lugar, la discusión sobre el requerimiento de cambio al Estatuto Docente no puede esconder las desfavorables condiciones bajo las que se desempeñan los profesores, argumento que sí debería constituirse en uno de los temas centrales de diálogo en instancias nacionales, como el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación. La falta de tiempo para abordar un trabajo serio y responsable, para planificar y perfeccionarse, además de las dificultades para vincularse con los alumnos y apoderados en la multiplicidad de problemas que cada escuela presenta, son obstáculos evidentes que no nos permiten avanzar hacia una enseñanza de calidad.
La política pública no ha sido capaz de acoger una metodología que enfrente eficazmente este problema. Hasta ahora, la profesión docente se ha desarrollado bajo la lógica de incentivo y castigo a través de políticas que emanan del Gobierno de turno, sin considerar que los principales centros de investigación y la propia OCDE y el Banco Mundial cuestionan este tipo de prácticas.
Son estas problemáticas y directrices la que debieran formar parte del debate nacional. Los cuestionamientos al concepto de inamovilidad no han considerado que el Estatuto se ha flexibilizado desde el año 1990 hasta la fecha. Y que, a pesar de todos los obstáculos, los resultados de la Evaluación Docente demuestran que más del 96% de los docentes son profesionales idóneos.
Como país que se somete constantemente a pruebas de medición internacionales, deberíamos reflexionar sobre estos resultados. Chile debe analizar con honestidad las condiciones comparativas en que se desarrolla nuestro profesorado. Además, no puede tapar el sol con un dedo respecto a los graves problemas de inequidad social que se manifiestan de modo explosivo en nuestro sistema educativo.
En este sentido, el pasado miércoles 5 de julio, la UNESCO dio a conocer los resultados de una investigación que compara la evaluación docente de 50 países, entre ellos Chile. Su principal objetivo fue observar cómo se organizan los sistemas de carrera docente y evaluación del desempeño, concluyendo que es más eficiente apostar a la confianza en los profesores que a metodologías basadas en la coerción.
De esta misma forma, el estudio sostiene que cualquier tipo de medición debe ser aprobada por la comunidad, ser «técnicamente impecable» y adecuarse a la realidad nacional. Todos estos imperativos se sustentan en el desafío de mejorar las condiciones educacionales de nuestro país.
El curso de la discusión debiese centrarse en mejorar las condiciones laborales de los docentes, apostar por un cambio en la administración y financiamiento de la educación como un conjunto y no sólo del sistema público, así como abordar las propuestas, sobre todo aquellas que emanan del Gobierno central, considerando la realidad local y sociocultural de cada comunidad educativa.
Los profesores valoramos este debate, pero sin dogmas ni ideologías. Lo que esperamos es que en este caso, tal como en otros debates fundamentales que se están dando sobre la educación, no prime el negocio ni el mercado, sino la solución de bien común que ya han exigido miles de chilenos en los últimos meses.
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Darío Vásquez, vicepresidente del Colegio de Profesores.
