Llama la atención la crítica a la decisión gubernamental de construir una agenda diplomática sin exclusiones con Bolivia. Se ha argumentado que lo anunciado por el Gobierno restringiría la soberanía nacional, no respetaría la historia patria, no beneficiaría los intereses permanentes del país, y demostraría una actitud débil ante los vecinos. Todo ello, porque la solución que demanda Bolivia es un acceso soberano al mar, que obligaría a entregar una franja territorial y a revisar tratados vigentes suscritos entre ambos países.
Es verdad que la acción gubernamental no ha sido de la finura y pulcritud que un tema tan importante requiere. Era esperable una articulada estrategia política y una agenda comunicacional con miras a reforzar la legitimidad de la posición gubernamental ante la opinión pública nacional. Mas ello no ha ocurrido, y los personeros del Gobierno se han visto arrastrados a efectuar ambiguas interpretaciones sobre lo que significa sin exclusiones.
Más allá de las debilidades de su puesta en escena, la decisión del Gobierno desarrolla una idea realista sobre nuestro interés nacional frente a Bolivia. Que permite avanzar a soluciones viables ante una controversia en estado latente, hasta ahora manejada mayormente con argumentos simbólicos o formalismos jurídicos, por parte de ambos gobiernos.
La aspiración boliviana ha escalado en la agenda internacional hasta ubicarse como un tema, instalando una interrogante a la que Chile sólo ha respondido exacerbando el statu quo.
Chile requiere de las mayores condiciones de normalidad y paz con sus vecinos porque su inserción económica internacional precisa de asociaciones políticas y diplomáticas ampliadas para sostener su ritmo de crecimiento y aprovechar sus desarrollos en infraestructura y servicios. Pero, además, necesita legitimar su aporte de estabilidad y confianza a un escenario regional activado negativamente en torno a la geopolítica de los recursos energéticos, tema que es uno de nuestros principales riesgos de seguridad, y debate del cual no podemos estar ausentes. Sólo estas dos razones son más que suficientes para desplazarse desde su política tradicional a un ámbito más flexible.
Es el momento del realismo político. La soberanía implica y significa poder autorrestringirse y revisar estipulaciones de derecho internacional, si ello beneficia a las partes contratantes. La actual interdependencia de las naciones lo aconseja.
Nada debería afectar la facultad de promulgar y ejecutar las leyes que el Estado estime convenientes dentro de su territorio, incluida la de autolimitarse en su capacidad soberana respecto de una porción de él.
Lo anterior es consonante con el objetivo primario de una diplomacia, cual es la promoción de los intereses nacionales por medios pacíficos, teniendo en cuenta los propios recursos e intereses y sin menospreciar ni sobreestimar los de otras naciones.
