Las últimas encuestas indican un descenso en la aprobación pública del gobierno de Michelle Bachelet. Caben sobre el hecho varias puntualizaciones, algunas muy básicas.
Hay encuestas más confiables que otras (las telefónicas, por ejemplo, cubren un universo parcial que no necesariamente representa al total). El impacto de una encuesta está determinado por los medios de comunicación. Se genera, pues, un mecanismo perverso: la encuesta, mejor o peor, es difundida por los medios para generar un efecto que se acumula a aquel que la propia encuesta detecta. Corrientemente el espacio abierto entre el candidato y el gobernante da lugar a un cierto desengaño: las esperanzas humanas son infinitas y sus posibilidades de realización limitadas, ya sea por el tiempo necesario para consumarlas, como por los recursos disponibles. Si se agrega la distinción entre candidato y candidato triunfante es fácil constatar que el segundo, al calor de su victoria, recauda más opiniones favorables que el primero. El nuevo apoyo proviene de un segmento de opinión altamente volátil que, a poco andar, puede cambiar de modo de pensar.
Bachelet, en menos de ciento cincuenta días, ha significado una sacudida para el país. Es mujer y ha aplicado con fuerza políticas de paridad de género. Pero, más allá de este empeño importante, Bachelet ha modificado la agenda del debate público.
Por momentos da la impresión que buena parte de los ciudadanos -entre ellos muchos partidarios del gobierno- no perciben este último hecho. La explicación más atendible es que el plan comunicacional de derecha, que se está aplicando al gobierno Bachelet, pasa desapercibido para algunos, quizá ya habituados, sin tener conciencia de ello, a la hegemonía mediática de sus adversarios. Es tan fuerte la construcción hegemónica realizada por el pensamiento conservador que para muchos ni siquiera se advierte.
En menos de cinco meses Bachelet ha intentado establecer un nuevo estilo de gobierno más participativo y más directo. Su propia exposición al contacto ciudadano, y la reafirmación que esa es su línea y ese es su deber, es alentadora. La solución dada a una cuestión no prevista como fue la movilización estudiantil secundaria implica un criterio completamente nuevo: la comisión designada, de más de setenta miembros, representa a todos los sectores pero, particularmente, ha señalado que la solución de los grandes problemas no es una cuestión de expertos, o sólo de expertos, sino también de usuarios, de afectados, de actores, de ciudadanos. Aunque igual criterio no se ha aplicado a otras comisiones, es éste un hecho positivo y novedoso en un Chile al que se ha querido convencer que los problemas nacionales tienen una sola solución, única, la mejor, aquella que descubren o elaboran los especialistas, casi todos inscritos en un modo de pensamiento uniforme anclado en el modelo económico libremercadista. La huelga secundaria sirvió, como el acto de la CUT el 1 de Mayo y previamente el del Foro Social el año pasado, para marcar la tendencia a la recuperación del espacio público por la ciudadanía libre, más allá de los actos violentos de pequeños grupos desquiciados y de su enorme difusión mediática. o de la reacción desmedida de algunos carabineros que, en esta ocasión, fueron severamente condenados por el gobierno.
El gobierno de Bachelet impulsa hoy, claramente, otra política hacia América Latina. La Presidenta rechaza la demonización de Chávez, la Cancillería abre la agenda con Bolivia, la tensa relación con Argentina es manejada con franqueza pero con sentido estratégico, pareciera abrirse una nueva etapa en las relaciones con Perú. Frente a Estados Unidos el gobierno persiste, no obstante las amenazas, en la aprobación del Tratado Penal Internacional y evalúa, sin aceptar presiones, el voto por Venezuela para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La reforma previsional ha puesto en el centro del debate la operatoria de las AFP y, cualquiera sea su resultado final, suscitará una discusión en la que hay actores sociales decididos a participar. El gobierno ha impulsado el cambio del sistema binominal que la derecha continua defendiendo y el Presidente del Partido Socialista ha insinuado la posibilidad de un plebiscito para dirimir la cuestión. La próxima vigencia del procedimiento oral en los juicios laborales y el reciente anuncio ministerial sobre la creación de un Defensor del Trabajador, permitirán algún avance en un sistema de relaciones laborales aún caracterizado por su desequilibrio en desmedro de los chilenos y chilenas que viven de un salario.
En materia de derechos humanos la Presidenta se mueve en un marco de principios. Muchos progresos logrados en los últimos años podrán reforzarse, para la búsqueda de la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación de las víctimas.
Nada de lo anterior, nada, gusta a la derecha política y económica. Y, por momentos, la propia Concertación parece enfrascarse en una lógica que ignora lo central y pone por delante pugnas internas o locales de importancia menor. En ese sentido, algunos sectores de la izquierda excluida del Congreso, opositores, han tenido un comportamiento más apreciativo de la acción gubernamental que algunos segmentos de la coalición gobernante.
Por eso hay que mirar bien las encuestas. Y, en particular, el manejo que se hace de las encuestas que es más importante que las encuestas mismas. Se observará que allí están siempre disponibles a ofrecer sus servicios los profetas del fracaso, los críticos impenitentes de cualquier gabinete, los analistas que detectan falta de destreza, firmeza o habilidad, los que denuncian la ausencia de una carta de navegación clara, los que acusan al gobierno de no tener brújula y por tanto carecer de norteÂ…
¿Muchas mujeres, talvez? ¿Falta gente con más experiencia, quizá? No me parece convincente. Los gobiernos deben probarse, lograr un ritmo y una coordinación y, según la experiencia, casi nunca se consigue plenamente. Si no, no habría cambios de gabinete en todos los gobiernosÂ… La cuestión de fondo es que la derecha está actuando del mismo modo que lo hizo en los meses iniciales del gobierno anterior y, me atrevo a decir, de todos los gobiernos anteriores. Goza de un poder prácticamente monopólico sobre los medios de comunicación. El gobierno Bachelet es aquel de los gobiernos postdictatoriales que peor situación ha enfrentado en esta materia: la extinción del Diario Siete y de la revista Rocinante ha dejado todos los diarios de papel, salvo uno en que participa el Estado, en manos de sectores de derecha. También son grupos de derecha los que controlan casi todos los canales de televisión, salvo el canal público que ha sido esterilizado políticamente, lo que pudiera ser un mérito si no fuera por la ley que lo rige —y lo limita severamente en su función de ente público— y por el desequilibrio total que se registra en la televisión privada.
El objetivo de la derecha es «disciplinar» al gobierno, meterlo en su horma, fijarle límites que no pueda sobrepasar. No se trata de los límites del programa al que se comprometió, que es su marco natural y único de acción, sino los límites que requieren los grandes intereses económicos y políticos para que se sostenga la hegemonía conservadora. Frente a esta acción planificada se precisa más cohesión de las fuerzas de signo progresista, más sentido crítico de la ciudadanía y, sobre todo, más voluntad de los partidos de la Concertación para contribuir de manera clara a los cambios políticos y sociales a los que se han comprometido.
No hay gobiernos perfectos ni gobernantes perfectos. El gobierno de Bachelet no es excepción. Comete errores y a veces muestra debilidades o falencias y, por lo tanto, la oposición puede y debe actuar como tal y los partidarios que lo eligieron brindarle apoyo y críticas constructivas. Pero esta etapa del nuevo gobierno no es el momento para polémicas internas secundarias ni para convertirse en reproductores de las críticas de la derecha. No entenderlo es hacerle el juego y sumarse a la voz que echó a correr: disparen a la pianista.
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Jorge Arrate. Ex ministro de Trabajo y ex embajador en Argentina.
