Es una constatación que incluye reminiscencias del pasado: las organizaciones de trabajadores y su cabeza visible, la CUT, no tienen ‘buena cobertura de prensa’. En otras palabras, el movimiento sindical es literalmente evacuado del escenario político nacional por los analistas liberales y concertacionistas. Mientras más sesudas son las crónicas políticas e informes, menos aparece el actor potencialmente clave para el futuro.
De ahí el valor del gesto político de algunos parlamentarios del ala progresista de la Concertación al solicitar la presencia de los trabajadores y abrirles la puerta. Reconociéndolos de facto como un actor sin el cual no hay agenda de desarrollo sustentable para Chile.
Es lo que se desprende del ‘párele’ que varios senadores le hicieron a la propuesta patronal de entablar negociaciones en el mismo marco establecido con el gobierno pro empresarial de Ricardo Lagos. Cuando en una coyuntura de mini recesión de la economía, fijaron, sin la participación de los trabajadores, una agenda «pro crecimiento». Retrospectivamente, ésta significaba el statu quo. Se mantuvieron las mismas condiciones que habían permitido el crecimiento: sin chorreo hacia los asalariados, ni garantías de empleos estables.
Hoy no es lo mismo. Chile y la economía mundial seguirán creciendo a un ritmo del 5 al 6% y la demanda global de productos chilenos seguirá en alza. Carpe Diem: habría que aprovechar la ocasión.
Si fue un lema de campaña, lo de ‘gobierno ciudadano’ es interpretado con razón como un gobierno que debe satisfacer las demandas ciudadanas. Entre las prioritarias y postergadas están las de los trabajadores. Pese a que son ellos quienes hacen funcionar con su trabajo esta economía cuyo crecimiento desigual favorece a unos pocos.
Por eso, cuando los empresarios hablan de «restricciones regulatorias» -que según ellos impedirían aumentar la productividad y el crecimiento- en los oídos de los trabajadores la cantinela de moda resuena a incertidumbre salarial y futuro incierto.
Cabe señalar que en la democracia chilena los espacios políticos no son los mismos para todos los actores. Hasta ahora los empresarios son recibidos con alfombra púrpura en las salas de la Moneda. Si éste es un detalle, la Ley Suprema no lo es.
La Constitución del 80 fue un gran esfuerzo por mantener el poder político en manos de las elites y preservar el poder económico en manos de un grupo social. El binominalismo es sinónimo de representatividad excluyente. Hasta lo grotesco: se les niega a los sindicalistas el derecho a ser electos, mientras que se ensalza la presencia de magnates en el parlamento.
Si el actor empresarial se mueve como pez en el agua en la institucionalidad heredada del antiguo régimen, al contrario, el movimiento sindical ha sido arrinconado y debilitado por las modalidades y tipos de leyes y relaciones laborales impuestas por el modelo económico.
No hay que extrañarse entonces que la institucionalidad entera esté marcada con el signo de la sospecha. Y que en sus relaciones con la sociedad civil y sus movimientos, lleve la impronta indeleble del conflicto.
Bien lo saben la Sociología y la Ciencia Política, el movimiento sindical es portador, más que ningún otro movimiento social, de un conflicto que la democracia representativa y liberal trata de negar y sepultar a todo precio. Debajo del Estado de Derecho y detrás del reino de la ‘voluntad general’ de los ciudadanos, ‘iguales’ en tanto que titulares de derechos formales, hay relaciones de fuerza de carácter social y económico que la democracia liberal no pierde ocasión para ocultar (1).
Matriz societal, cruzada por otros conflictos (etnia, género, culturales, etc) pero estructurante, es aquella fractura todavía moderna, entre propietarios del capital por un lado, y, asalariados-propietarios de la fuerza de trabajo, material e intelectual, por el otro. Obvio, ellas se modifican al diapasón de las dinámicas del capitalismo global. Pero las pugnas son reales, puesto que la fractura económica y social, excluye, discrimina y segrega: material, simbólicamente.
Factores determinantes que le dan plena vigencia a la pregunta que legitima históricamente a la Izquierda, a saber: ¿cuáles son las condiciones sociales y económicas para que una democracia auténtica pueda extenderse y profundizarse sin excluir a los ciudadanos? Puesto que si una democracia postula y exige que los individuos sean libres e iguales en derechos, consecuentes con la misma lógica, la democracia y sus ciudadanos deben bregar porque las condiciones materiales (económicas, sociales, intelectuales) sean equitativas, simétricas, para que posibiliten real y efectivamente el ejercicio de esos derechos.
Consecuencia de lo anterior es la búsqueda de una nueva forma de representación política que se funde sobre el principio del ‘poder del igual sobre el igual’ (2).
De ahí la vigencia y la necesidad de un movimiento sindical, autónomo, amplio, cuyas estructuras y métodos produzcan liderazgos legitimados capaz de afirmar su voluntad, no sólo en la negociación por el reparto de la riqueza, sino en los grandes debates de sociedad. Y de una izquierda que se construya ligada a las luchas sindicales y a la confrontación de proyectos.
Pero ¿cómo olvidar que este movimiento sindical chileno fue programadamente desmantelado con la fuerza bruta? ¿Que aún así, como el ave Fénix, renació de sus cenizas y de los escombros? ¿Que lideró las protestas del 80 y que entretanto fue vapuleado por intelectuales para querían bajarle el perfil político-social, para facilitar la puesta en práctica de la metodología de la negociación consensual entre elites militares y civiles, teorizada por los ‘transitólogos’, Schmitter y O’Donnell?
En efecto, vale la pena recordar, por su impacto duradero, las seudo teorías que afirmaban que puesto que el movimiento obrero ya no era un actor central, que había perdido su peso específico, que la sociedad se había terciarizado, que el capitalismo era ‘convivial’, ‘cool’, que sólo había ‘gente’, y que Marx estaba muerto; el movimiento sindical tenía que contentarse con ser un espectador más de las maniobras de las elites políticas.
Quienes machacaron la ideología ‘tercerista’, a lo Touraine y Giddens, pretextando objetividad y espíritu científico, hoy aconsejan al empresariado en sus estrategias de comunicación y, de pasadita, como si no quiere la cosa, aprovechando que tienen oídos atentos en las instituciones de la República y en los centros de poder, hacen lobby.
Vale la pena repetirlo hoy. El movimiento sindical chileno tiene todas las condiciones para transformarse en un actor capaz de promover una sociedad más justa y solidaria, a condición de construirse en los diversos segmentos y nichos de asalariados, generar estrategias ofensivas de sindicalización sobre bases pluralistas y unitarias y preparar eventos electorales para dotarse de dirigentes idóneos y legitimados entre las bases. En definitiva, someterse el mismo, internamente, a la exigencia democrática.
(1) Rousseau lo intuyó. Vio claro que la esfera económica y la desigualdad eran enemigos de democracia. Incluso Locke estipula que la propiedad debe estar justamente distribuida para que el gobierno democrático emerja de ciudadanos iguales.
(2) De inmediato aparece la importancia de una educación pública que ofrezca igualdad de condiciones para facilitar la igualdad de oportunidades.
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Leopoldo Lavín Mujica, ex miembro del sindicato de operarios panificadores de Vaillancourt Inc, Québec; miembro de la FNEEQ, Federación Nacional de Profesores y Profesoras de Quebec, y de la CSN, Central Nacional de Sindicatos de Quebec, Canadá.
