Las últimas encuestas entregan a Bachelet una baja que la derecha ha caracterizado como «caída libre», «falta de autoridad» e incluso «carencia de gobernabilidad». Detrás de estas desproporcionadas caracterizaciones está la estrategia de la Alianza y los poderes empresariales por sobredebilitar al gobierno ante la opinión pública -incluso a costa de su propia popularidad- con el objetivo de conseguir que las prometidas reformas a la ley de subcontrataciones, previsional, educacional y de infancia se transformen en meros maquillajes al modelo actual.
Al sobredimensionamiento de las implicancias de las encuestas se suman las campañas sobre las políticas anti delincuencia, las críticas a las relaciones con los países vecinos, y con Venezuela, el precio de la gasolina y otros temas que puedan terminar culpando al gobierno. Así, con un gobierno percibido y, para algunos, autopercibido como débil, la fuerza y profundidad de las necesarias reformas se diluyen.
Lo anterior no implica que el gobierno no tenga problemas y ellos se reflejen en las publicitadas encuestas. Frente a esto, dos cuestiones parecen importantes, las del tipo de liderazgo de la Presidenta y el estilo de gobierno.
Si caracterizamos el tipo de liderazgo que Bachelet desarrolló durante la prolongada campaña presidencial, este fue empático, horizontal, dialogante y sensible a los temas sociales de la desigualdad, cuestiones que permitieron establecer un liderazgo acogedor que se demostró adecuado a la demanda ciudadana en un contexto de optimismo económico y paz social. Hoy, luego de cuatro meses en La Moneda, este tipo de conducción parece agotarse y requiere una definición para responder a los nuevos desafíos puestos por las expectativas construidas en la campaña, acentuadas por el alza en el precio del Cobre y por una suerte de inquietud social por una participación más justa en el ingreso, expresada ya por el movimiento estudiantil.
Las encuestas reflejan un reclamo por mayor autoridad, por más decisión, más efectividad y a esto hay que poner atención, pues establece una idea sobre el tipo de liderazgo que se requiere para los próximos años. Una nueva definición se encuentra en la combinación del proyecto del Gobierno y las cualidades de la Presidenta. Se deberá optar entre un abanico de tipos de líder.
La opción populista que teóricamente no es descartable tanto por los dineros disponibles como por ser una forma de recomponer lazos, está políticamente descartada del proyecto concertacionista; la opción del liderazgo tecnocrático modernizador también es construible como modo de poner a la Presidenta por sobre las presiones sociales y demandas corporativas con un lenguaje de Estado y un discurso futurista, cuestión poco viable si se asume que la elección de Bachelet fue para responder a la exclusión social y la ausencia de ciudadanía constructora del país.
Si descartamos estos extremos Bachelet deberá optar -y no moverse entre- por un liderazgo de mujer fuerte, capaz de enfrentarse a los poderes fácticos que intentan frenar sus reformas emblemáticas y que muestre todo su potencial respaldo popular apoyándose en los partidos de la Concertación, que son los que en su nombre están en mejores condiciones para dar la lucha política en el parlamento y hacia opinión pública.
Esto implica una opción que se define en torno a una meta principal de la gobernante y que permite a la ciudadanía ordenar sus expectativas.
El segundo problema es la cuestión del estilo de gobernar. Las Comisiones y Consejos de nivel presidencial son un espacio positivo que permite barajar alternativas técnico políticas, de limitada participación ciudadana. Sin embargo, por su composición y tareas no deja clara la orientación que debieran tomar las proposiciones técnicas que debaten. Aún más, se ha demostrado que la mediación de estas instancias entre el gobierno y los ciudadanos e incluso con los partidos, ha tendido ha dejar al gobierno en un «tren de espera», sin la iniciativa necesaria para impulsar las medidas centrales de lo que se propuso realizar en estos cuatro años.
En este sentido, la participación ciudadana además de darse a través de la representación por el sistema de partidos, puede ser más efectiva si se presionara desde el gobierno y los partidos que le apoyan, por la modificación del binominal, la necesidad de la iniciativa ciudadana para legislar y los plebiscitos vinculantes.
La cuestión que articula los temas del tipo de liderazgo y el estilo está en el proyecto país del gobierno. Está claro que no es la suma de las reformas prometidas, pues el todo es más que sus partes. Si se persiste en la promesa del sistema de protección social como la herencia principal a dejar por el gobierno, lo que incluye evidentemente una centralidad en la agenda, esto implica asumir que deberá haber debate y confrontación con ideas e intereses que tienen mucho poder y capacidad de presión.
La agenda social del gobierno cuenta con el consenso de toda la Concertación, está en las expectativas de los ciudadanos, y la derecha política y económica ya levanta su crítica al «Estado de Bienestar», a la falta de flexibilidad laboral, a los altos impuestos, a la vez que desata el populismo con las platas fiscales. A su vez, la agenda democratizadora también se relaciona directamente con la agenda social, pues el interés de los ciudadanos, expresados a través del sistema político, demandando mayor participación institucionalizada puede entregar el apoyo necesario para el éxito de ésta.
El tipo de liderazgo que reclaman los ciudadanos no es el autoritarismo, es la autoridad para imponerse a los poderes que resisten las reformas y para que la política gobierne al mercado. De ese modo puede explicarse que los ciudadanos demanden autoridad y la derecha autoritaria siga cayendo en las encuestas.
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Osvaldo Torres G. Miembro Comisión Política PS. Concejal Peñalolén.
