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¿Cuánto más mercado?: Regulación y temor al 'lobo' estatal

por 17 agosto, 2006

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El rechazo gubernamental chileno a la decisión de su homólogo argentino de traspasar íntegramente a sus precios exportados el mayor valor que deberá pagar por el gas que compra a Bolivia y la andanada de críticas que ha recibido el Ministro de Obras Públicas luego de desahuciar el contrato de concesiones suscrito con un consorcio de multinacionales para la construcción de un puente sobre el Canal de Chacao tienen un sólido nervio común: la indecisión cargada sobre los hombros de cuatro gobiernos concertacionistas respecto de 'cuánto más Estado/cuánto más mercado' necesita o demanda el país.



Ambos episodios (no los únicos, claro) reflejan ese 'diletantismo político' que a la caza de unos consensos artificiosamente edificados ha proliferado en nuestras elites: los debates de fondo se posponen e ignoran con la misma ligereza con se negocian reformas para sustituir otras reformas, y donde unas se distinguen de otras ya no por sus contenidos, sino que por sus versiones (así, las leyes 'cortas' eléctricas uno y dos, o las de mercado de capitales o las sucesivas reformas laborales y tributarias). Sería absurdo negar la cambiante realidad y la necesidad de ajustar la normativa e ella. Pero el punto no es ése, sino que los cambios se discuten con una mirada cortoplacista y los consensos se apresuran en función de la inmediatez de algunos resultados.



La petición de regular los precios del gas y la utilización de recursos fiscales para financiar la construcción del puente sobre el canal de Chacao son un reflejo del irresuelto debate sobre los ámbitos y límites del accionar del Estado en áreas donde el mercado se ha revelado insuficiente o ineficiente.



En el caso del gas, la existencia de unos muy elevados márgenes de ganancia por parte de las empresas importadoras y distribuidoras del gas argentino determinó que ya en 2005 la Fiscalía Nacional Económica entregase a la Comisión Nacional de Energía un informe sobre esta industria dominada por sólo cuatro empresas (Metrogas, GasValpo, Energas y Gasco) que buscaba clarificar los niveles de competencia existentes en el sector. Dicha presentación movió a la CNE a iniciar un estudio -que deberá entregar a mediados de septiembre- para determinar si la rentabilidad de esta industria se ajusta a la normativa vigente.



Hasta antes de la decisión argentina de subir los precios de su gas exportado, las empresas importadoras y distribuidoras de este insumo aplicaban un sobreprecio promedio de seis veces a los consumidores industriales (compraban a US$ 2,5 -2,8 el millón de BTU y lo vendían a US$ 10.-12), pero de hasta 20 veces en el caso de los residenciales: Energas de Valparaíso lo vende a US$ 23,5 y Metrogas en Santiago a US$ 21,7).



Las empresas justifican la discriminación de precios entre consumidores industriales y residenciales por el cobro a estos últimos de los empalmes domiciliarios, pero no han podido explicar de manera convincente el elevadísimo diferencial existente entre el precio de importación y a público. Así, algo socarronamente, fueron las autoridades argentinas quienes recomendaron a sus homólogas chilenas preocuparse más por investigar esta situación y menos por reclamar la decisión (soberana, después de todo) de subir el gas en casi un 80 por ciento.



La Ley de Servicios de Gas establece que si la rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas supera en 5% la tasa de costo de capital de la industria -fijada en 7%-, el Tribunal de la Libre Competencia deberá solicitar al Ministerio de Economía que regule las tarifas de las distribuidoras. .



La excepcionalidad de esta industria no sólo está dada por ser el único servicio público cuyas tarifas no son reguladas; por sus altos márgenes de ganancia con un mercado cautivo estimulado en su momento por políticas públicas, o por la existencia de una tortuosa integración multinacional donde los nombres de quienes controlan del negocio de explotación, trasporte y distribución se repiten a uno y otro lado de la frontera. También lo es por la rápida negativa del Ministro de Hacienda chileno a abrir debate sobre la materia -pese al pedido expreso formulado por parlamentarios de la misma coalición gobernante.



Respecto del frustrado puente sobre el Canal Chacao, no se requiere de matemáticas avanzadas para saber que caería por sí solo un proyecto cuyo financiamiento excedía en casi un 50% el máximo establecido por la autoridad (monto que además debía ser avalado por el Estado) y donde el escalamiento tarifario anual (pedido por la concesionaria y aprobado por el Ministerio de Obras Públicas) llevaría el precio del peaje a $ 22 mil. Pero en un contexto donde las principales obras de infraestructura construidas en Chile han sido privatizadas en los últimos diez años, las ulteriores demandas pidiendo comprometer directamente recursos fiscales en la obra eran un contrasentido respecto del mismo régimen de concesiones. Esto es, cuando las obras generan una rentabilidad, son privatizadas, pero cuando (como en este caso) se sabía de antemano que generarían pérdidas, debían ser asumidas por el Estado.



Sin embargo, detrás de las justificadas demandas de los habitantes y autoridades de Chiloé estaban los criterios centralistas con que han sido invertidos más de US$ 1.000 millones en el Metro capitalino o los nunca revelados subsidios otorgados por el Estado a no pocas de las autopistas concesionadas. Lo que estaba (o más bien debió estar) en debate eran los disímiles criterios con han sido evaluadas unas y otras obras de infraestructura o -lo que es igual- cuándo y en qué circunstancias un proyecto debe ser asumido directamente por el Estado aun o precisamente porque no es rentable para el mercado.



Después de todo, han sido precisamente malas o inexistentes regulaciones las que han causado serios perjuicios al Estado Allí están las casas Copeva, las 'viviendas sociales' inhabitables por su pequeñas o sus fallas estructurales, el derrumbe del puente Lomcomilla, las 'obras adicionales' a las autopistas concesionadas que deberán ser financiadas vía peajes o subsidios o la indemnización de US$ 53 millones que deberá pagar el MOP para recuperar las cárceles a medio construir de Antofagasta y Concepción.



La necesidad de definir qué áreas requieren 'más Estado' y cuáles 'más mercado' la intentó reponer un ex ministro de la administración Aylwin durante el pasado cónclave concertacionista. La indecisión subsiste desde 1990 porque los sucesivos gobiernos de la Concertación y -en menor medida, es cierto- su base político/parlamentaria han sido tozudamente renuentes a abrir debate sobre una cuestión tan crucial.



El intento del ex ministro Edgardo Boeninger -como antes, en los dieciséis años previos, de uno que otro parlamentario- no tuvo eco en las filas gobiernistas y apenas si fue mencionado por algún medio informativo. La razón de ello se oculta entre los vericuetos del poder. Pero probablemente se vincule al temor de destapar una Caja de Pandora tanto o más peligrosa que la entreabierta cuando algunos socialistas propusieron discutir sobre 'temas valóricos' y otros democristianos respondieron amenazando con un quiebre de la coalición.



Ocasionalmente, nuestra sociedad vislumbra episodios que dan cuenta de la amnesia con que suele encubrirse la mayoría de las 'imperfecciones' del mercado. El enfoque mediático los aborda con visos de escándalo, pero no pasa de la denuncia: ni indaga qué viene el día después. Urgida por la misma presión, alguna autoridad apenas se asoma (a veces con imprevisión y siempre con poca solidez argumentativa) al fondo del problema: la ninguna voluntad política para impulsar el retrasado debate: ¿Cuánto más (menos) regulación?



La existencia de ministerios pobres y desfinanciados para atender unas demandas sociales con remiendos de políticas mal concebidas y peor ejecutadas; la imposición de 'más mercado' para remendar anomalías estructurales (caso de algunas obras viales entregadas en concesión, pero también de las cárceles y hospitales que se quiere licitar); la confrontación entre entidades fiscalizadoras o la frecuente 'descoordinación' entre los gobiernos central y regionales ilustran las falencias generadas por las 'lagunas mentales' a que ha conducido esta indefinición. A ellas se contraponen los cabildeos pre-legislativos de poderosos grupos, empresas o gremios, la imposición de precios o condiciones abusivas y la 'captura' de los órganos regulatorios (y aun de quienes, antes o después de pasar por éstos, terminan integrando los directorios de las mismas empresas reguladas).



El tema constituye una suerte de 'bestia negra' ante la cual aún los países europeos más avanzados no terminan de ponerse de acuerdo y, claro, entreabre la puerta a una discusión que cruza los límites del pragmatismo y obliga a enfrentar interrogantes incómodas, como la estrategia de desarrollo o las condicionantes del 'crecimiento infinito'.



Una cosa sí es clara: la coexistencia de unas viviendas sociales a medio concluir y socavadas por las lluvias con autopistas levantadas conforme a los más exigentes estándares internacionales nos sugiere la presencia de una doble rasa para evaluar y corregir algunas políticas públicas. Así, las responsabilidades respecto de la mala política habitacional se diluyen como el agua que corroe a las primeras, mientras que las rectificaciones al régimen de concesiones se nos anuncian tan prontas como ejemplares las sanciones a los responsables.



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Nelson Soza Montiel. Periodista, magíster en Economía.

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