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Editorial: El talón de Aquiles energético

por 17 agosto, 2006

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Pese a lo importante que es el tema energético para el desarrollo del país, todo indica que las acciones emprendidas para superar esta vulnerabilidad estratégica de Chile son tradicionales y lentas, y no lograrían romper con el círculo vicioso de una provisión insegura, precios al alza y baja diversificación de su matriz.



Pareciera que el Gobierno descansa en la confianza que le producen sus actuales recursos financieros, provenientes de los altos precios del cobre. Ellos le permitirían modificar su política impositiva en torno a los combustibles, e incluso aprobar subsidios para determinados ámbitos, buscando disminuir el impacto de los precios. Pero no se ve un esfuerzo sistemático de política energética, capaz de sostener un cambio cualitativo en el tiempo.



El tema es crecientemente preocupante si se diagnostica a la energía como el principal déficit estratégico del país, herencia de errores de los anteriores gobiernos. Queda la sensación de que las autoridades no se deciden a intervenir más allá del imperativo valórico de solicitarle a los privados que cuiden la transparencia del mercado, y a los proveedores que cumplan los compromisos contraídos. Pero todo se orienta a mantener la misma matriz energética, con variaciones menores.



La semana pasada, dos de los partidos de gobierno, el Partido Socialista y el Partido Por la Democracia, celebraron sendas reuniones directivas, en cuyo centro estuvo la construcción de la agenda gubernamental y la confirmación de las prioridades de gobierno. El tema energético apenas fue tocado, y sólo enfocado al alto ahorro fiscal actual, que permitiría al Estado invertir en fuentes alternativas de energía. Sin embargo, éstas no superarían el abastecimiento del 20% de los requerimientos energéticos, por lo cual sería una parte menor de una solución que, todo indica, en un horizonte de corto y mediano plazo, está en hidroelectricidad y en el gas. Estos mercados, por razones medioambientales y de regulación, requieren de preocupaciones políticas mayores.



Aunque las soluciones de abastecimiento son complejas, existen alternativas que las autoridades podrían considerar. Son opciones disponibles desde hace varios años. La falta de incentivos públicos y carencia de regulación permite una rigidez del actual mercado del gas que sitúa el valor de venta del millón de BTU entre los US$ 23 y US$ 26, e imposibilita el ingreso de alternativas entre un 15 y 20% más baratas en sus precios finales. Es perfectamente posible que el Estado garantice la provisión de gas y que establezca bandas de precios.



El uso del gas natural licuado es un paso en la dirección correcta, a condición de que el proveedor sea seguro, cosa que al parecer no cumple Indonesia, quien, además de anunciar restricciones en sus volúmenes de entrega de cerca de un 40%, ha señalado que privilegiará el suministro a su principal cliente, Japón.



El mercado internacional de gas natural licuado tiene proveedores alternativos, como es el caso de Argelia, que tiene las mayores reservas mundiales. Por su parte, Chile tiene condiciones de almacenamiento que permitirían apuntar a soluciones estratégicas estables con baja inversión tecnológica. Un abastecimiento seguro permitiría cambiar el perfil energético del país en la región, aliviando con ello -en parte- la sobrecarga diplomática que impone la existencia de un proveedor inseguro, Argentina, y la búsqueda de otro eventual abastecedor, aún más inseguro, Bolivia.

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