Recientes actuaciones públicas de connotados dirigentes y personeros del Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD), incluido el senador Escalona, no solo han dado por concluida la fase de instalación del gobierno de Michelle Bachelet, sino que también iniciaron la inscripción de precandidaturas presidenciales.
No resulta fácil de entender que militantes del partido de la Presidenta ayuden a ponerle velocidad de término a su gobierno, que apenas se ha instalado. Independientemente de que la propia señora Bachelet se refiera casi con angustia a la duración de su periodo presidencial y que en declaraciones recientes haya hablado de cinco años como un tiempo necesario, dando pábulo a todo tipo de críticas.
Es efectivo que hasta este momento el desempeño gubernamental ha sido un tanto errático, pese a los ajustes ministeriales. Los temas que en su momento fueron las estrellas de su programa político, como las reformas previsional y del sistema binominal o la creación de los ministerios de Seguridad Pública y Medio Ambiente, han perdido vigor o están desactivados. Aquellos temas que los reemplazan, provenientes de una agenda imprevista e improvisada, como el energético, el educacional y las movilizaciones laborales, no muestran una gestión satisfactoria.
Pero incluso en este cuadro, se esperaría una actitud más prudente de los aliados más cercanos de la Presidenta, que ayudara a remontar las dificultades de su Gobierno. Ello no está ocurriendo, más allá de retóricas declaraciones acerca de lealtad y disciplina.
Sobresale entre los prematuros candidatos por derecho propio el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien -en pleno turismo político en el Consejo General del PS- procedió a consagrar su nombre -junto al de Lagos y Nicolás Eyzaguirre-, luego de haber reclamado desde Washington que no lo incluían en las encuestas.
Esta especie de incontinencia y espíritu de fronda que merodea en los recintos de ambas colectividades de centroizquierda tiene alterado el clima político en la Concertación, pues la Democracia Cristiana (DC) también quiere lo suyo y fustiga al gobierno y se indisciplina.
La baja confianza recíproca existente al interior de la coalición de gobierno hace pensar que los hechos descritos son una presión de sus barones a la Presidenta, originada en la promesa cumplida de ésta de provocar una renovación en la dirigencia de la Concertación (que no le ha dado los resultados esperados). El actual gabinete, pese a los ajustes recientes, es el más anodino y con menos apoyo partidario desde que gobierna la Concertación, hace más de 16 años.
Sea que la vieja elite PS-PPD desee pasarle la cuenta y recordarle el carácter de outsider a la Presidenta o que el hermetismo y soledad política de su mandato le impida controlar a su propia coalición, resultan inconcebibles e irresponsables las licencias políticas de sus compañeros para posicionarse en una lucha presidencial, cuando recién se cumplieron cinco meses de gobierno.
