Administrar la bonanza del precio del cobre no es tarea fácil cuando se trata de un país emergente como Chile, con muchas necesidades básicas sin atender, desigualdades en el acceso a las oportunidades y baja movilidad social. Chile no es Noruega, por cierto, y la enfermedad holandesa se vive de distinta manera.
Existe un amplio consenso que en un período con precios altos del cobre, y aún cuando su nivel se mantenga elevado por dos años más debido al fuerte crecimiento de China e India, es necesario ahorrar los excedentes transitorios y gastar solo los ingresos permanentes, es decir no sujetos a variaciones cíclicas. La regla fiscal del superávit estructural del 1% del PIB ayuda a separar estas aguas. Podrá discutirse que existen otras variantes de regla fiscal, pero ese no es el punto.
¿Dónde comienza el disenso? En el destino de una parte de los excedentes transitorios, es decir, aquella que van a capitalizar el Banco Central o disminuir la deuda del gobierno con esta institución por la vía de destinar el 0,5% del PIB durante 5 años para pagarla. La verdad es que el déficit patrimonial del Banco Central, que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo y está marcado por la operación de salvataje a los bancos privados que esta institución hiciera durante la crisis financiera de 1982-83, no ha sido un obstáculo para reducir la inflación en la década del 90 y tampoco ha limitado el fuerte crecimiento económico del mismo período.
Las mismas autoridades monetarias han afirmado en el Senado que «el déficit del Banco Central no se ha traducido en mayores problemas porque éste tiene una garantía implícita del Estado, el que además de ser solvente, tiene liquidez y es considerado muy buen deudor». Una razón plausible para el pago de la deuda indicada es que un Banco Central más capitalizado o un fisco menos endeudado permitiría reducir la prima por riesgo país, y con ello, lograr tasas de interés internacional mas bajas para las grandes empresas y el sector bancario; recordando además que ambos tienen un 82% de la deuda externa bruta del país. Si así fuera habría que explicitarlo.
La segunda fuente de disenso dice relación con el hecho de que recientemente las autoridades económicas han considerado que no basta con la regla fiscal existente y que en su aplicación habría que agregar una segunda regla, y es que el gasto fiscal no puede crecer a dos dígitos. Incluso antes que el Comité de Expertos entregara sus pronósticos las autoridades de Hacienda garantizaron que el gasto público no superaría los dos dígitos, y anteriormente previendo la situación algunos opiniones más conservadoras reclamaban un cambio en la metodología para estimar el precio del cobre de largo plazo, modificando el rango de medición de dicho precio, pasando de un cálculo de 10 años plazo a otro de 30 o 40 años, lo que reduciría considerablemente el precio promedio estimado del cobre, achicando el crecimiento del gasto fiscal y transformando el cálculo en una verdadera lotería.
Recientemente el Comité de expertos entregó sus estimaciones del precio del cobre de largo plazo y la tasa del crecimiento del PIB de tendencia: 1,21 centavos la libra para el primero y 5,3% para el segundo. De acuerdo a estos parámetros el gasto fiscal permitido por la regla fiscal podría crecer hasta en 11 o12% el 2007. Ahora las autoridades dicen que es necesario considerar el costo de Codelco y castigar el precio de largo plazo estimado para el metal rojo. Ajuste que al parecer no se hacia anteriormente. En resumen, el ritmo de crecimiento del gasto público para el 2007 se ha transformado en una cifra fetiche y la regla fiscal ha quedado a maltraer en su aplicación.
¿Pero cuál es la razón de fondo de toda esta historia? Una es el temor a que una expansión muy fuerte del gasto público afecte la inflación y el tipo de cambio. La otra es que un gasto público que crece más rápido que el producto significa que el Estado acrecienta su presencia en la economía y ello es intrínsicamente perverso. Esta última no nos interesa pues es pura ideología. La primera sí es una inquietud legítima para cualquier economista. Sin embargo, para abordarla lo primero que habría que preguntarse es: ¿dónde esta el estudio empírico del Banco Central o del Ministerio de Hacienda que teniendo en cuenta el conjunto de interrelaciones de la economía chilena (y no solo de relaciones monocausales) nos diga en cuánto afectaría a la inflación de tendencia y al tipo de cambio real un aumento del gasto publico de 10%, en las actuales circunstancia? Por cierto un estudio de este tipo no es definitivo pues la economía no es una ciencia exacta y existen distintas maneras de modelarla. Sin embargo ello acota el tema y facilita la discusión técnica. Pero también es cierto de que no existe un estudio similar que avale las proposiciones de quienes piden una política fiscal más expansiva.
En la práctica el problema central es que el fisco cuenta hoy con más recursos permanentes abriendo con ello una oportunidad única para dar un salto en el desarrollo fuera de toda tentación populista, pero acosada por una fuerte tentación conservadora. No hay ninguna razón (salvo el prejuicio) para pensar que el Estado no tenga la capacidad de priorizar proyectos según su rentabilidad social (una prueba de ello fue el abandono del proyecto del puente en el Canal de Chacao). En las circunstancias actuales el gasto deberá estar orientado hacia infraestructura y capital humano, apuntando además al aumento de la productividad y competitividad de la economía en plazos medianos, aminorando con ello los efectos negativos sobre el tipo de cambio real y presión inflacionaria. Cuán lejos se pueda avanzar en ello junto al sector privado, es una tarea del país.
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Alexis Guardia B. es economista.
