Las fricciones generadas al interior de la Democracia Cristiana y entre ésta y el Ministro de Hacienda sobre el porcentaje de expansión y las prioridades de gasto público en el Presupuesto de 2007 reflejan -por primera vez en muchos años- un saludable nivel de trasparencia respecto de en qué y cuánto debe invertir el Estado. El impedimento constitucional de no poder agregar gasto que no contenga un financiamiento asociado ha terminado reduciendo la labor examinadora del Congreso al de una ‘oficina de partes’ en materia de discusión presupuestaria. En un régimen tan fuertemente presidencialista como el chileno, no podría ser distinto. El problema no radica en cuestionar la responsabilidad gubernativa sobre la materia, sino en que el Ministerio de Hacienda parece haber excedido con creces la suya. Así, desde una misión básicamente compatibilizadora de las demandas y prioridades de cada ministerio, ha pasado a otra donde define a priori cuánto y de qué forma crecerá el gasto.
El tema no es menor si se considera que en la elaboración de cada Presupuesto ha tenido un peso excluyente la tecnocracia afincada en Hacienda -creando más de un cortocircuito con el gabinete político, los ministerios sectoriales o algún partido de la alianza gobernante.
Algo de todo ello, pero sobre todo la intención de ‘abrir debate’ antes y no después de que ‘el pan salga del horno’ de Hacienda, es lo que trasunta el interés de un grupo de especialistas y -al parecer de la mayoría de la directiva- DC en formular propuestas que demandan cambios algo más que cosméticos al ‘modelo presupuestario’ del primer año de Bachelet.
La oportunidad la ha dado el abultado ingreso proveniente del cobre y la pugna que hace ya tiempo salió de los escritorios académicos respecto de si éstos deben y pueden ser gastados ahora (y cuánto), una vez clarificado el hecho de que los mayores ingresos asociados al elevado precio actual del metal serían estructurales y no coyunturales. De hecho, el precio del cobre de largo plazo estimado en la formulación presupuestaria de 2007 es de US$ 1,21 la libra.
Apoyándose incluso en estimaciones de economistas de derechas que admiten la existencia de mayores recursos cercanos a los US$1.300 millones, la propuesta de la Democracia Cristiana entregada a Hacienda calcula entre US$ 1.750 y US$ 1.850 millones los excedentes totales de que dispone el Gobierno -lo que permitiría una expansión del gasto público entre 11,8% y 12,5% durante 2007. Ello, sin alterar en lo más mínimo la regla del 1% de superávit estructural.
Las ideas de en qué ocupar estos recursos lanzadas sobre la mesa apuntan al financiamiento de programas de largo plazo para reducir a la mitad la actual tasa de indigencia (6% a 7% del la población total del país); crear estímulos adicionales a la capacitación y reconversión laboral; generar mejores oportunidades de trabajo a la ciudadanía; apoyar a la pequeña y mediana empresa, esencial para el desarrollo productivo, y potenciar la educación a todo nivel (incluyendo masivos programas de becas para estudios de posgrado en el extranjero).
Esos y otros planteamientos se resumen en la necesidad de enriquecer el programa gubernamental con una agenda de inversión pública que incorpore políticas favorables a la equidad social, a la expansión del desarrollo productivo y a mejorar los niveles de empleo.
El fondo de la propuesta de la DC desliza sin embargo una crítica y un llamado -ambos situados en una perspectiva de ‘des-tecnificar’ el debate presupuestario, incorporando a su elaboración criterios fuertemente ético-sociales. La primera apunta al excesivo énfasis puesto por la administración Lagos (y, por defecto, también las de Frei y Aylwin) en una gestión económico-presupuestaria en materias de crecimiento, pero que mantuvo inalterables las brechas de inequidad social. La segunda es un llamado a no seguir posponiendo un compromiso más nítido, pero también más voluminoso de inversión pública.
Con la inocultable pluma del economista Ricardo French-Davis, la Comisión Económica y Social de la DC pregunta ‘¿Por qué esperar hasta 2007 para invertir, con eficiencia y rentabilidad social, una fracción de los excedentes del cobre?’, cuando incluso ‘hay un espacio significativo para empalmar entre la inversión en desarrollo productivo y social de 2006 y la de 2007’.
A riesgo de esquematizar, dos visiones parecen así haberse decantado en torno a la elaboración del Presupuesto 2007: de un lado, la propuesta de la DC y del otro, la del Ministerio de Hacienda -cuya intención de mantener limitado el gasto público a una cifra inferior a los dos dígitos es abrumadoramente respaldada por el empresariado y los economistas de derechas.
Con algo de miopía cortoplacista, algunos análisis periodísticos han atribuido esta ofensiva democristiana a un intento de un sector suyo de ‘desmarcarse’ de la directiva partidaria. Pero en un contexto donde diversos y recientes documentos de think tank concertacionistas admiten el agotamiento programático de la coalición gobernante hace dieciséis años, ella más bien parece sugerir un esfuerzo por devolver a la política partidaria unos criterios más valóricos y menos centrados en la cómoda disputa del poder por el poder.
Por lo mismo, llama profusamente la atención el mutismo con que los demás partidos de de la Concertación han acogido estos planteos de reorientar la carta de navegación económica gubernamental. El silencio del PS y del PPD podría responder a un malentendido sentido de lealtad hacia Bachelet, pero también hacerle un flaco favor a dos declarados ejes de su gobierno: la materialización de una mayor justicia social y la preeminencia de la ‘democracia ciudadana’.
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Nelson Soza Montiel. Periodista, magíster en Economía.
