Resulta curioso que toda investigación o acto destinado a develar o denunciar las condiciones carcelarias actuales sea acallado o deslegitimado por las autoridades encargadas. El carácter de secreto que se le otorgó al informe de la Fiscal Maldonado, la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones que desautorizó el plazo impuesto por el Juez Urrutia a Gendarmería y el llamado de atención que formuló el Ministro de Justicia al Defensor Nacional por referirse a un estudio empírico, son más de lo mismo en la forma en que los órganos del Estado enfrentan el problema carcelario.
Se acalla, amonesta y exige explicaciones a quienes denuncian – en cumplimiento de su rol – traspasándoles la responsabilidad y el reproche como si el problema fueran ellos y no el objeto en cuestión. Lo peor es que al parecer, ésta ha resultado una buena estrategia, porque la autoridad se ha eximido de dar las ingratas explicaciones por aquello que está bajo su control. Por ejemplo, por qué en los últimos 17 años la población penitenciaria en el sistema cerrado ha aumentado de 20.989 en 1992 a casi 41 mil a principios de 2006. Se evita debatir las razones de un crecimiento que bordea el 10% anual de la misma en los últimos cinco años, lo cual hace que desde el punto de vista de personas por cada 100 mil habitantes, Chile presente una tasa superior a los 240 presos, superando al resto de los países que conforman la región, por ejemplo a Brasil que cuenta con una tasa de 187.
El que explica se complica, por eso es mejor no decir nada frente a la tasa superior al 50% en reincidencia o que las inversiones en rehabilitación no superan el 1% del presupuesto anual de Gendarmería. Es más fácil tachar de poco serio un estudio académico que da cuenta de la crisis, como el Informe Anual de DDHH de la UDP, que de hacerse cargo de la falta de transparencia, nulo acceso a la información y desconocimiento público de las estadísticas reales del sistema. Del por qué, por ejemplo, no se da a conocer la cantidad de personas que muere dentro de las cárceles o la forma en que se gasta el presupuesto destinado a Gendarmería.
Todo se simplifica al amonestar, no se hace necesario argumentar por qué se siguen construyendo más cárceles, aunque en la década del 80 se construyeron las cárceles de San Miguel, Puente Alto y Colina, que hoy están todas hacinadas. Tampoco se hace necesario debatir sobre las repercusiones que trae el tener jóvenes postulantes a gendarmes trabajando con dos meses de entrenamiento y con un sueldo de $20 mil pesos al mes o cómo se evita que funcionarios que comienzan ganando $200.000 sean permeables a la corrupción y la tortura.
Curiosa la forma en que se explica que aquí no hay colapso ni crisis, particular la manera en que se quiere demostrar la perfección de las políticas públicas; evitando comentarios, criticas y análisis. Es más sencillo hacer creer que ellas provienen de funcionarios que exacerbaron su rol o de voces mal intencionadas, como aquellas que dicen que hubo demora en la entrega de los recintos, suicidios de internos e inundaciones en la nueva cárcel de Rancagua y huelgas de hambre de los gendarmes en Pozo Almonte. Para qué responder, explicar o justificar si no son más que voces díscolas alterando la tranquilidad.
______________________________
Alvaro Castro M. Abogado, profesor Escuela de Derecho Universidad Diego Portales.
