Uno de los puntos más débiles de los gobiernos de la Concertación ha sido su incapacidad para sostener y comunicar una política pública coherente en materia de seguridad ciudadana. Desde Aylwin a Bachelet, se han visto permanentemente acorralados y respondiendo reactivamente frente a una oposición que los acusa de ineficiencia y falta de carácter para enfrentar el problema de la delincuencia. De hecho, éste es el tema que casi le hizo perder la Presidencia a Ricardo Lagos a manos de Joaquín Lavín.
El tema ha experimentado varios giros desde 1990 y, por cierto, no se agota en los temas simplemente delictuales. Pero toma un cariz preferentemente antidelictual, y de apoyo ideológico a la derecha, con la creación de la Fundación Paz Ciudadana, al alero del diario El Mercurio. Es esa institución la que da inicio a la administración sistemática del miedo al delito, como fórmula para capturar la agenda política.
Son sus estudios, recopilación de datos e interpretaciones, los que han dado fundamento, aparentemente objetivo, a las posturas sostenidas por los parlamentarios de derecha, que abogan por leyes más drásticas, aumento de penas, menos garantías para los delincuentes, más cárceles, más policías, frente a una ola delictual que aparece como imparable e insostenible.
Llama la atención que si bien el discurso público de los gobiernos concertacionistas siempre ha tomado distancia de esa lógica preferentemente represiva, cuando ha requerido actuar en estas materias con instituciones académicas o de la sociedad civil, siempre ha privilegiado las relaciones con Paz Ciudadana. Ello fue notorio al inicio de la administración anterior, cuando -distanciándose de sus promesas programáticas de deporte y fortalecimiento de los espacios públicos- bajo expresas instrucciones presidenciales se inició una estrecha colaboración entre la Subsecretaría del Interior y la Fundación Paz Ciudadana. Figuras clave en este esfuerzo fueron el entonces subsecretario del Interior, hoy diputado DC, Jorge Burgos, y algunos connotados personeros gobiernistas que ingresaron al directorio de la Fundación, como Sergio Bitar y José Joaquín Brunner.
Ahora, la Presidenta Bachelet ha dado un paso más en esa dirección, y ha designado en reemplazo del defenestrado subsecretario de Carabineros, de militancia democratacristiana, a una alta ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, con todo lo que ello implica en materia de conducción de las reformas que debe implantar dicha policía.
Sin querer poner en duda las calificaciones personales y profesionales que tiene esta nueva funcionaria, lo cierto es que ante la ciudadanía y la base electoral del gobierno se produce una confusión con su designación, y se pone un tono difuso acerca de la real voluntad política del actual gobierno en la materia comentada.
Entre otras cosas porque existe un número suficiente de calificados miembros de la Concertación para ocupar dicho cargo, entre ellas, varias mujeres, lo que salvaba la cuestionable condición de género que había establecido la Presidenta. Además, porque el acto agravia un sentido político básico, dado que la ciudadanía eligió -por cuatro años más- un gobierno de Concertación, con un programa abiertamente distinto al sostenido por la Fundación Paz Ciudadana.
Tal vez, la decisión presidencial es simplemente de oportunidad, y es un guiño a los poderes fácticos para impactar positivamente en la discusión de la ley que crea el Ministerio de la Seguridad Pública. En este caso, se trataría de un nuevo cerco perimetral a las ideas propias, usando un lenguaje de seguridad, para dar paso a las ajenas, y así obtener un hipotético apoyo en la derecha. Todo, para una iniciativa legal que es poco clara y contradictoria hasta en el propio Gobierno.
