José Tohá, prisionero, le anunció a su esposa que lo iban a matar cuando estaba internado en el Hospital Militar; Augusto Lutz le escribió a su familia que lo sacaran de ahí, luego de ser intervenido en el mismo hospital; y Eduardo Frei también le escribió a su familia que lo sacaran de inmediato de ahí, tras ser operado por segunda vez en la Clínica Santa María. Los tres, en vida, dieron señas inequívocas de un inminente desenlace, antes de su agonía.
En los tres casos no ha habido proceso judicial en contra de nadie y, por ende, sentencia, ni se ha establecido una verdad jurídica sobre que hayan sido asesinados. No obstante, en los tres hay evidencias, de diferentes cualidades, de que hubo intervención de terceros. En el caso de Tohá hay una convicción absoluta y en los otros dos, aunque relativa, hay méritos para creer que sí hubo.
En dictadura, las denuncias judiciales en contra de los que resultaran responsables o de los agentes de los servicios secretos civiles y militares o no eran investigadas o, si lo eran, nunca se llegaba a una sentencia, menos se establecía una verdad jurídica. Sin embargo, para una parte muy importante de la sociedad chilena, en forma declarada o no, sí se tenía la convicción de que eran crímenes políticos de la mano de civiles o uniformados al servicio del régimen militar.
La convicción de que Orlando Letelier había sido asesinado por agentes de la policía secreta de la dictadura se formó más de 15 años antes de que tribunales chilenos dictaran una sentencia en contra de los jefes de aquella policía. La convicción de que Carlos Prats fuera asesinado por la misma mano no ha tenido que esperar un fallo judicial en los tribunales chilenos, aún pendiente. La convicción de que el atentado a Bernardo Leighton fue una decisión de la policía secreta chilena no requirió siquiera de un proceso en Chile, e incluso en nada varió cuando la Corte Suprema negara extraditar a su jefe a Italia.
Por qué no creer ni levantar como principal hipótesis que Eduardo Frei Montalva fue asesinado, más aún cuando desde hace seis años comienza a formarse un voluminoso expediente judicial que evidencia hechos (no conjeturas) increíbles. En este contexto, llama la atención que el ex ministro de Defensa del primer gobierno de la Concertación, Patricio Rojas llame a poner un punto final al debate suscitado por las revelaciones de la investigación judicial a través del programa de televisión Informe Especial.
Extraño eso de convocar al silencio, una práctica tantas veces impuestas por la dictadura cuando las palabras en voz alta incomodaban. Raro eso de invocar el ideario democratacristiano para pedir respeto a la familia de varios médicos, entre ellos la del doctor Silva Garín, su pariente. Su aparición de aspecto glacial, lenguaje áspero y mensaje chocante fue otro ingrediente de una trama minada de sorpresas y todo indica que no será la última de este empinado y poderoso funcionario del cuarto gobierno de la Concertación.
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Pablo Portales, periodista
