Dos candidatos se declararon ganadores la noche de la elección presidencial mexicana; el centro-derechista Calderón del partido acción nacional (PAN) y el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), representando a la Coalición por el bien de todos. ¿Cómo pudo suceder esto en un país con un sistema electoral totalmente formado por ciudadanos y lleno de «candados» para evitar fraudes y con dos sistemas para proporcionar datos rápidamente (el sistema de conteo rápido oficial basado en poco más de 7 mil casillas de un total de aproximadamente 130 mil y el sistema de conteos preliminares (PREP), antes de los conteos finales distritales que toman unos 4 días según el sistema empleado en México?
En la elección participaron cerca de un millón de ciudadanos y una cantidad similar de representantes de todos los partidos políticos. Parte de la explicación radica en la corta historia de la democracia mexicana, la larga historia de fraudes y manipulaciones electorales protagonizadas por el PRI y la presencia de un candidato carismático pero de escasas convicciones democráticas y con poca tolerancia a la derrota, creyentes ciegamente fieles al líder y líderes políticos mañosos.
En este escenario, se produjo una falla clave de comunicación por parte del Instituto Federal Electoral (IFE), el organismo ciudadano independiente encargado de dar los resultados de la elección y por parte de la televisión, al no proporcionar las cifras de los resultados de la votación la noche de la elección, aduciendo que tanto en el conteo rápido oficial, como en las encuestas de salida, los resultados eran «demasiado estrechos» para declarar un ganador y que se debía esperar el conteo distrital definitivo.
Con este proceder se generó una «tierra de nadie informativa». En plena democracia, el IFE y los medios trataron a los ciudadanos mexicanos como menores de edad. Resulta inexplicable porqué se ocultaron estas cifras en un momento en el cual podrían haber sido un alivio considerable, pudiendo haber explicado su carácter preliminar.
Justo después de esta declaración de «ausencia de datos», AMLO se declaró rápidamente ganador de la elección presidencial por unos 500.000 votos, todavía en ausencia de datos oficiales, aún cuando la expresión de su cara y sobre todo la de sus partidarios desmentían su supuesta victoria. Muchos pensamos que su partido ya había realizado su propio recuento y este no le favorecía, dado que contaban con la mayoría de las actas de las casillas. AMLO se justificó para apoyar este dicho (como muchas veces antes de la elección, cuando las encuestas no lo favorecieron), en una supuesta «encuesta propia».
Esos 500.000 votos resultaban una cifra considerable en ese momento y fue un número suficiente como «ancla» para declararse ganador y luego iniciar su movimiento de protesta. De allí empezó una campaña mediática muy intensa por parte de AMLO para descalificar al IFE y a todo el proceso electoral. Demasiado tarde, unos días después de la elección, el IFE informó de los resultados del conteo rápido.
Luego de esta declaratoria de triunfo por parte de AMLO, ha seguido una mañosa «construcción» de un «fraude» en la elección, cuyos argumentos y pruebas invariablemente se han demostrado como trucos mediáticos sin fundamento o mentiras llanas. Sin embargo, han sido suficientes para que muchos ciudadanos se hayan convencido que la derrota de su candidato es producto de otro complot orquestado por los enemigos políticos de AMLO. Esto ha rematado en un problema político mayúsculo en el país.
Las cifras oficiales de los conteos distritales finales dieron una estrecha ventaja a Calderón 0.58%. Esta coincide con los reportes del conteo preliminar PREP final (0.62%) y con la estimación del conteo rápido de entre 0.73 y 1.01%. Los resultados de las nueve encuestas de salida independientes realizadas, marcan prácticamente en su totalidad una ventaja para Calderón, con un rango de 0.02 a 2.4%, exceptuando una que indica una diferencia de 2.5% a favor de AMLO. El promedio de las encuestas de salida fue de 0.59%.
Es difícil decir que hay de acuerdo a estas cifras alguna evidencia de manipulación o fraude. El que no hubo fraude lo ratificó legalmente el tribunal calificador de las elecciones en base del análisis de todas las evidencias dadas por los partidos políticos y el recuento de los votos de un 9% del total de casillas a solicitud de la Coalición (es decir casillas que favorecían a Calderón), lo que no cambió el resultado en forma sensible. Todos los conteos y las sumas se hicieron en presencia de representantes de la Coalición y observadores extranjeros e independientes.
El resultado final a favor de Calderón fue de 0.56%, después de corregir errores numéricos y anular algunas casillas. Este resultado y la entrega a Calderón de su constancia de presidente electo, ha sido recibido con insultos y acusaciones de corrupción para el tribunal por parte de AMLO y sus seguidores. En una sociedad poco dada a las cifras y mucho a la mitología y la sospecha, estos resultados no han sido tan claros como deberían.
Actualmente AMLO ha iniciado un movimiento de resistencia civil «pacífica», que incluye una toma del Paseo de la Reforma y ha mandado «al diablo a las instituciones». AMLO está ahora invocando un artículo constitucional para hacer una suerte de «asamblea constituyente» donde sus delegados lo elegirán muy probablemente como «presidente legítimo del pueblo» y se amenaza con la formación de una especie de «gobierno alterno». Las declaraciones de algunos miembros de su partido (el PRD), indican que lo que sigue es una vía doble de lucha; un pie dentro de las instituciones y otro fuera, en la calle.
El desafío ahora para el país no es solamente recobrar la confianza en la democracia y convencer a los inconformes de abandonar su revuelta antiinstitucional después de esta elección, sino impedir que se pueda repetir algún episodio como este en elecciones futuras, pensando mejor, tanto el IFE como los medios sobre las posibles consecuencias de sus actos públicos, en particular en lo referente al ocultamiento de información en momentos clave.
Este ocultamiento de información por parte del IFE y los medios no puede verse más que como una acción antidemocrática concertada, que resultó un grave error y que reafirma la necesidad de actuar con auténtica transparencia en democracia. Al actuar de ese modo, el IFE le abrió la puerta a AMLO para declararse ganador e iniciar su movimiento. Además estimuló la sospecha e irritó a la ciudadanía.
Por último, las leyes que regulan las campañas políticas en México, incluyendo su duración y la intervención de las autoridades en ellas deberían ser revisadas. Asimismo, las larguísimas precampañas de algunos candidatos que no son ilegales según la norma actual, deberían prohibirse, en particular cuando los precandidatos usan escenarios y dinero públicos para promocionarse.
Muchos actores políticos dicen además que sería una buena idea instituir la segunda vuelta electoral. Ninguna de estas medidas puede evitar del todo acciones malintencionadas o rebeliones antidemocráticas, pero si reducir su impacto en una institucionalidad joven que está pasando por momentos difíciles.
_________________________________________
Hugo Moltaldo Valdenegro. Genetista, experto en estadística y analista social independiente. Profesor de la UNAM. (Universidad Nacional Autónoma de México) hhmontaldo@yahoo.com
