Editorial: Los conflictos en el sector público - El Mostrador

Miércoles, 13 de diciembre de 2017 Actualizado a las 01:34

Editorial: Los conflictos en el sector público

por 26 septiembre, 2006

Poco clara es la estrategia del Gobierno frente al clima de agitación laboral que cunde en el sector público. No se percibe un manejo controlado de los problemas y los conflictos parecen estar en escalada y curso de colisión, cuyo punto culminante podría producirse el día 5 de octubre, fecha para la cual la ANEF ya ha convocado a una movilización nacional.



El conflicto de la salud entró a su tercera semana, con una postura endurecida del Gobierno, lo que hace prever hoy una movilización en el mismo tono por parte de la Fenats, con ocasión del paro por la educación pública convocado por el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y distintas federaciones de estudiantes universitarios.



Existe una demanda social agregada que es mezcla de muchas cosas, de diferente índole y compleja solución, razón por la cual se requeriría de un tratamiento sistemático y desagregado por parte del Gobierno, para controlar daños innecesarios y producir un ritmo político que viabilice arreglos y no los dificulte.



Era previsible que los temas salariales de los funcionarios públicos fueran difíciles. La percepción de que existen fondos suficientes para mejorar las remuneraciones proviene de las propias declaraciones de altos personeros del Ejecutivo y arraigó la idea de oportunidad en los dirigentes sindicales, para el actual período de negociaciones de sueldos.



Pero hay otros temas que tienen un valor simbólico y político enorme en la actual coyuntura y que han sido largamente postergados en las negociaciones entre la ANEF y los distintos gobiernos de la Concertación. Tal es el caso del daño previsional de los trabajadores de sector público y el desbloqueo de la planta funcionaria para incluir en ella a los trabajadores a contrata y a honorarios. Estos dos aspectos, que aparecen atados a la actual demanda de aumento salarial, no pueden ser soslayados fácilmente por el Gobierno, ya que -de alguna forma- tocan el corazón del actual funcionamiento de todo el sector público.



El Gobierno parece más interesado en un manejo de autoridad y en el control del orden público frente a los gremios, que en viabilizar soluciones. No se percibe un interés por informar a la ciudadanía sobre las bases de arreglo de los diferentes conflictos, y pareciera que confía en que las soluciones se produzcan en cada sector, sin necesidad de un seguimiento político central. Ayudadas por la eventual impopularidad que las huelgas generan en la población, especialmente las del sector salud.



No sería de extrañar entonces que los problemas, como ya ha ocurrido anteriormente, deriven a conflictos y a ámbitos imprevistos, o manifiesten una virulencia que obligue a extremar los esfuerzos políticos para solucionarlos, entre ellos, que la Presidenta deba intervenir directamente

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