La virtud simbólica de las conmemoraciones alternativas del 11 de septiembre consiste en que los hechos vandálicos que allí acontecen ponen de presente los principales problemas de la nación chilena. En Chile tenemos dos problemas centrales: una de las diez peores distribuciones del ingreso del planeta (1) y un pésimo sistema de representación política, único en el mundo, basado en binominalismo electoral, donde sólo dos agrupaciones políticas tienen derecho a cogobernar. La mala conciencia nacional percibe dos consecuencias de la inequidad y exclusión que aquel régimen político y su modelo económico generan: un alto temor a la delincuencia y un estado de pánico ante el desorden social -seguridad ciudadana y orden público. Bien podemos decir que la inseguridad ciudadana y la conmoción social son los agentes reveladores de la inequidad económica y de las carencias en la representación política.
Los derechos ciudadanos y el régimen político
Como alguien lo ha dicho el problema político en Chile no es la representación de las minorías sino la representación de las mayorías. Peor aún el sistema binominal impide que se constituyan y expresen otras necesidades, deseos, intereses y voluntades distintas a las que se congregan social, económica y culturalmente en esos dos bloques políticos. Quienes no aceptan esas dos únicas representaciones políticas no existen, «no están en nada». Y esa fue precisamente «la voluntad del legislador» ese es concretamente la práctica mayúscula del poder fáctico en la sociedad chilena. La implosión está definida como un derrumbe o rompimiento de algo hacia el interior por que la presión interna es menor que la externa. Aquí lo claro es que la política está siendo incapaz de contener lo social, en el doble sentido de ni expresarla ni conducirla, esto es una crisis de credibilidad ciudadana y de legitimidad del poder que puede derivar en una crisis de gobernabilidad, aquí el arte de la política, de la cual se ha hecho cargo la Concertación en estos 17 años, es la gestión recurrente de esa crisis, ese ha sido su saber político y por esos la nación chilena la ha reelecto constantemente.
Para la derecha está claro que no puede llegar al poder ejecutivo por la vía electoral, por eso ha aprendido a cogobernar en los pasillos -lobbies-, mediante las votaciones calificadas para las reformas fundamentales, la prohibición del plebiscito, etc. Finalmente, se puede amenazar soterradamente con patear el tablero una vez más, cuando el teatro político se va poniendo poco controlable o adverso, porque sus actores, esos sujetos colectivos sociales en sí mismos, bien saben que es en el campo político donde se resuelven las satisfacciones a sus necesidades y deseos. Que la nación chilena le impusiese a la Concertación una mujer separada como candidata a la Presidencia de la República y luego la eligiese, habiendo tanto varón con virtudes para el cargo, fue para los poderes fácticos una pésima señal.
De allí que para la derecha, e importantes sectores de la Concertación, necesariamente la simbólica crisis de orden público recién pasada sería la anunciación de una crisis política -de gobierno- que conduciría a una crisis institucional -del Estado-; es por eso que todos quisieron ver en el cóctel molotov el bombardeo de la Moneda.
Cuando se le atribuye a la mano blanda del Gobierno -en este caso mano de mujer – la supuesta crisis de orden público como predictor de la crisis institucional que se avecina, cuando algunos sienten que se ha caído en la trampa garantista de la reforma procesal penal, cuando se le atribuye al consumo de drogas las causas de la delincuencia, cuando se le atribuyen a las «familias y colegios demasiado permisivos que han criado jóvenes que no saben respetar a sus iguales ni manejar sus frustraciones», así como a la mano blanda de los tribunales de justicia la existencia del vandalismo como expresión radicalizada de las protestas sociales y políticas, no se está entendiendo o no se quiere entender el régimen político autoritario y el modelo económico excluyente que rigen a la sociedad chilena, que además «le lleva» esas otras manifestaciones indeseables. La Presidenta tiene mucha razón cuando al rechazar categóricamente el lanzamiento del cóctel molotov contra del Palacio de la Moneda, comenta además que: «Sin duda hay que hacer una discusión sobre porqué está pasando esto en nuestra sociedad» (2).
Si no se intenta hacer la indagación que la Presidenta demanda, lo que se está preparando son los instrumentos legales e institucionales para prevenir, controlar y reprimir al movimiento social. Prevenir las demandas del movimiento social en el sentido de no generar expectativas de participación entre la sociedad civil, para eso están los políticos y sus instituciones. Controlar la demanda social en el doble sentido de precarizar las relaciones laborales y sancionar la pequeña delincuencia que expresa la desesperanza en la pobreza. Reprimir en el sentido de aplicar la excepcionalidad legal e institucional para tratar los asuntos de orden público como asuntos de seguridad del Estado, lo cual ha tenido como campo de prueba la manera de tratar el conflicto mapuche. ¿Las manifestaciones públicas ponen en riesgo el orden público o la seguridad del Estado? Esta confusión es el origen del atroz irrespeto a los derechos humanos, experiencia por la cual ya pasamos, lo cual no aconteció a la luz de los cócteles molotov, sino que en la oscuridad de las cárceles clandestinas.
Algunos economistas, empresarios y políticos -incluido al menos uno del Partido Socialista – proponen cercenar la capacidad de negociación de los trabajadores quitándoles a futuro la indemnización por años de servicio, para mejorar el empleo y así el ingreso de aquellos. Las agendas pro crecimiento surgidas de las elucubraciones para bien gestionar los excedentes del cobre, cual más cual menos, reposan fundamentalmente en la desregulación laboral, es decir en la precarización del empleo. Esta es la propuesta de oferta pública que trata de satisfacer la demanda social por un gasto más equitativo del excedente cuprífero. Se dice que el eje de la agenda pro crecimiento es el mejoramiento de la educación para el decil más pobre de la población nacional. Pero es necesario preguntase ¿si nuestros jóvenes pobres alcanzaran los niveles educativos de los jóvenes pobres de Francia, de los descendientes de los inmigrantes norafricanos, que el pasado mes de noviembre noche a noche pusieron en jaque el orden público allí, nuestros excluidos dejarán de conmemorar aquí los 11 de septiembre de mala manera?. Sobre la desregulación laboral, resulta extraño que en una sociedad altamente tecnificada alguien resuelva contratar la fuerza de trabajo por lo barato que resulta y no por la productividad de su empleo ¿es que se quiere frenar aún más el desarrollo tecnológico del país?
Los derechos ciudadanos y las políticas públicas
Las políticas públicas son las encargadas de hacer posible el ejercicio de los derechos ciudadanos. Pero si las políticas públicas, de acuerdo con la mentalidad autoritaria que rige nuestro régimen político, es un asunto de expertos al cual son ajenos los presuntos beneficiarios, los cuales por lo mismo siempre terminan siendo solamente los afectados por ellas. Los problemas sociales surgidos por el uso de los recursos naturales, el diseño urbano, la calidad de la educación y la precariedad laboral, para nombrar solamente los más importantes, luego, claro está, de esas construcciones de la falsa representación del imaginario nacional -de los constructos-, como son la seguridad ciudadana y las drogas. Si las representaciones de los problemas sociales siguen siendo asuntos carentes de la representación de sus principales actores, por lo tanto interpretados con concepciones que están truncas de las necesidades, deseos, intereses y voluntades por parte de quienes construyen la realidad, en consecuencia esas representaciones no serán plausibles de rendir cuenta de la realidad, como tampoco a partir de ellas se podrán construir intervenciones públicas -políticas públicas- que sean pertinentes y relevantes a la resolución de esos problemas.
Sobre las drogas como explicación de los males nacionales, sobre todo de los juveniles, es necesario precisar que, en Chile el 97% de la población no ha usado ni marihuana, ni base o clorhidrato de cocaína en el último mes y sólo el 1.1% de ella tendría problemas por su ingesta, en el país el principal problema de drogas no es el consumo de marihuana y base de cocaína entre los jóvenes adultos, que debido a esto derivarían en peligrosos delincuentes, aquí los principal problema de drogas son el alto consumo de alcohol entre los adolescentes y de psicofármacos entre las mujeres, que junto con los índices brutales de violencia intrafamiliar, son la expresión hogareña del actual régimen político y de sus políticas públicas. El alto consumo de psicofármacos entre las mujeres es el «agente revelador» del estado de abandono de la otra familia chilena, de los hogares monoparentales dirigidos por mujeres, que son cerca de la mitad de los hogares y donde se crían la mayor parte de los niños nacidos por fuera del matrimonio civil, que son más de la mitad de todos los del país. El alto consumo de alcohol entre los adolescentes es el «agente revelador» de la expectativa de no futuro de los jóvenes. Estas carencias indudablemente no se mitigan convirtiendo a los municipios en sustitutos de los padres ausentes, sino transfiriéndoles habilidades y competencias -empoderando- cada vez más a las mujeres para que mejor conduzcan sus hogares y a los jóvenes para que mejor conduzcan sus vidas. Como lo ha dicho Benito Baranda para cambiar una conducta o modo de vida no se trata de castigar sino que de ofrecer oportunidades.
En el debate entre participacionistas e institucionalistas algunos políticos y sus comentaristas, más estos últimos, se ha rasgados las vestiduras en defensa de las instituciones representativas del Estado y el gobierno, pero escamoteando el debate principal sobre la participación de la población en la elaboración y decisión de las políticas públicas que son de su interés directo. Que importantes sectores sociales sientan sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos conculcados por el actual régimen político y modelo económico no es simplemente un problema social, que se interprete por la neutralidad científica de la ciencias sociales y se resuelva con eficiencia técnica de las políticas públicas, esto es centralmente un problema político que tiene que ser resuelto mediante un amplio debate y un pacto de máxima representatividad. Dicho sea de paso, el problema de la representatividad y legitimidad del régimen político binominal no se resuelve dándole una representación de bolsillo al Partido Comunista y al Partido Humanista. De igual manera, la participación ciudadana no debe ser meramente consultiva y para photo oportunity de las autoridades convocantes, si realmente quiere ser convocada como capital social, esa participación debe ser deliberante, resolutiva y vinculante para las partes.
Finalmente, mientras persista la inequidad y exclusión política que expresa el actual régimen político y modelo económico el 11 de septiembre seguirá diciéndonos al oído cuan vulnerable somos todos.
(1) El decil más pobre obtenía el 1,2% del ingreso nacional mientras que el decil más rico se quedaba con el 41,2%, 34 veces más.
(2) Presidenta Bachelet «Esto es Intolerable» El Mercurio, 14 septiembre 2006, p.C8.
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Ibán de Rementería. Corporación Ciudadanía y Justicia.
