Ante la contingencia de paros por mejores salarios y eufemísticas formulas para universalizar la salud, como el de entregar gratis pastillitas del día después, donde todos recurren al argumento de «la justicia» para validar sus posturas, resulta especialmente triste que nadie se detenga a examinar la cruda injusticia, en que todos caemos diariamente, al seguir legitimando un modelo de salud que descansa financieramente en las familias «medios pobres» de nuestro país, quienes incluso subsidian a las Isapres y, apenas alcanzan a ganar $400.000 mensuales.
En términos generales, del total de las prestaciones médicas del sistema público, el Estado financia sólo el 40%, esto es porque los grupo B, C y D de Fonasa financian el 40%, 95% y 200% de los servicios que reciben. Este comportamiento, permite que, con el aporte fiscal, se cubra el 100% de la demanda del grupo A y, el 20% de la demanda del grupo B, quedando a cargo del grupo D la financiación del 40% y 5% faltantes, de los grupos B y C.
Lo anterior obedece a que, ideológicamente, la cuarta parte más pobre de la población sea totalmente subsidiada por el Estado y que el quinto, inmediatamente superior (conformado en su mayoría por la tercera edad), deba ser sustentado por la décima parte de la población, cuyos ingresos mensuales promedian los $130.000 -es decir, el equivalente a un ingreso familiar mensual de $400.000- y que corresponden al grupo D de Fonasa.
Como se puede apreciar, lo ocurrente de este modelo es que estas familias son las que deben costear los requerimientos de salud de quienes por largos años de su vida laboral financiaron el sistema privado, sin aportar al público; a saber: en los últimos 10 años, más de la mitad de quienes han derivado del sistema privado al público, han pasado a formar parte del grupo que, actualmente, financian estas familias «medio pobres».
En la actualidad menos de un quinto de la población sustenta el sistema privado, mas su consumo equivale a 4,5 veces el de las familias referidas, dado que opera con un capital 1,2 veces superior al del sistema público, provocando la paradoja de que, los más ricos sólo gastan el doble de lo que lo hacen los «medios pobres».
Dicho de otro modo, en términos generales los «medios pobres» no sólo sustentan el sistema público, sino que le permite al privado mantener sus preferencias y, es aquí donde se devela la matriz de nuestro sistema de salud, pues el Estado, por una parte, invierte sólo para el cuarto más pobre sin capacidad de garantizar calidad y, por otra parte, obliga (paradojalmente) a unos no muy pudientes, para beneficio de los más ricos, quienes, dadas sus dinámicas propias, tienden a ir encareciendo las prestaciones que reciben.
Podría alternarse la responsabilidad del Estado, para evitar la paradoja de que subsidie directamente (al modo Auge) las prestaciones privadas y, así, garantizar el acceso de los diversos grupos del Fonasa, mas basta referir la explosión de la demanda, para augurar que en algún momento, las prestaciones se encarecerán a tal nivel que, o va a verse en la obligación de fijar precios o va a tener que destinar parte importante del presupuesto, lo que va a redundar, por una vía o la otra, sobre la calidad de los servicios y el aumento del gasto social.
Son tres los elementos que hay que resolver si efectivamente se pretendiese orientar un sistema de salud más justo y equilibrado. El primer asunto es entender que aquellas familias de los grupos A y B de Fonasa deben acceder a una cobertura del 100% gratis. El segundo asunto es que el proceso migratorio del sistema privado al público posee un costo real y, finalmente, que este costo no debiera ser asumido por el grupo D de Fonasa y que, también sería injusto que lo asumiera solamente el Estado.
Vistos estos elementos equilibrantes, el gestor privado y público, encontrará los mecanismos suficientes para facilitar procesos que tenderán a prestaciones de calidad similares, generando sobre el mercado de la salud, barreras que impedirán su encarecimiento, fomentando una alta competitividad.
Finalmente, una reflexión:
Estoy seguro de que los cotizantes del grupo D no tienen conocimiento ni conciencia de que son sostenedores directos del sistema público e indirectos del privado y que no reciben nada de ninguno de los dos sistemas, pues todo lo pagan con su esfuerzo.
¿Qué ocurrirá cuando se enteren? ¿pujarán a objeto de merecidos beneficios?
Si así fuere, grupos significativos del sistema privado a fin de bajar sus actuales altos costos, ¿se verán impulsados a fortalecerse con los primeros?
¿Será posible, que si así ocurriese, este segmento reunido de clase media, termine exigiendo una salud a su tamaño y de alta calidad y, de esta manera, termine regulando el mercado, obligando a que la oferta se regule a su efectiva demanda?
¿Será posible, que este mentado ajuste, posibilite, a la postre, un efectivo acceso universal a la salud, para pobres y ricos?
Con una ciudadanía así de partícipe de los asuntos que realmente le importan, ¿sólo el gobierno de turno tendría que resolver la demanda salarial de la Confenats, teniendo como único argumento el ajuste del gasto?
Y con este conocimiento colectivo, ¿alguien podría decir que es materia de política pública de salud, el simple requerimiento de desalmacenar una millonaria compra de medicamentos que, además, acabándose el stock no podrá seguir distribuyéndose, porque el laboratorio decidió sacarla del mercado nacional?
Entre paros y píldoras, debiéramos aprovechar la oportunidad de dejar de evadir la cuestión de la salud y, así, construir un escenario que garantice, efectivamente, el acceso igualitario y universal, para superar su evidente injusticia.
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Alejandro Salas. Secretario Ejecutivo Instituto Jorge Ahumada
