La discusión en el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación ha entrado en tierra derecha. El debate, parece estar confluyendo hacia la pregunta fundamental: ¿Se va a poner el énfasis en reconstruir un sistema educacional público moderno, que garantice a todos el acceso a una educación gratuita de calidad? ¿O se dejan las cosas más o menos como están ahora, perfeccionándolas?
En el día de hoy, el Presidente del Consejo, Juan Eduardo García-Huidobro, entregará a la Presidenta Bachelet un primer informe acerca del tema. En los preinformes, un consenso mayoritario avanza en la dirección de constatar la crisis educacional, el carácter segregador del actual esquema, su falta de calidad general, la necesidad de establecer un marco regulatorio que tenga la legitimidad de la cual carece el actual, instituir el derecho fundamental a una educación gratuita de calidad, y muy especialmente, que el Estado debe hacer especiales esfuerzos por proveer una educación estatal e íntegramente gratuita que se constituya en el paradigma de calidad, como la mejor garantía del derecho referido.
Por otra parte, una opinión de minoría sostiene la conveniencia de mantener el sistema actual de provisión educacional público-privada, basada en un esquema general en que el Estado financia y regula por igual a los proveedores de uno y otro sector. Esa es precisamente la esencia del modelo LOCE, aunque, desde luego quienes sostienen esta posición sugieren perfeccionarlo en términos de mejorar la capacidad de regulación y aumentar el financiamiento.
En el debate, ha quedado expuesto como a partir del golpe militar, el sistema de educación pública construido a lo largo del siglo XX por gobiernos de todos los signos ha sido sometido a un continuado desmantelamiento. Se ha mostrado como, especialmente durante el período desarrollista, que se extiende entre 1925 y 1973, el Estado desarrolló la educación pública en todos los niveles, logrando tasas de crecimiento de las matrículas y el gasto que se aceleraron constantemente y alcanzaron ritmos y niveles nunca igualados posteriormente. El golpe propinado por la dictadura al sistema público no puede sino ser calificado de brutal.
Aparte de las severas medidas represivas e inquisitoriales, la dictadura redujo el número de matrículas en todo el sistema en más de cien mil entre 1974 y 1982, recorte que en el nivel superior alcanzó a un 17%. Con posterioridad a la municipalización de 1981, las matrículas de niños y jóvenes en el sistema público se redujeron en otro medio millón, lo que entonces equivalía a un quinto del total. El gasto público en educación fue recortado a la mitad, y los salarios reales del magisterio se redujeron en tres cuartas partes, situación que se mantuvo hasta 1990.
Los gobiernos democráticos han hecho grandes esfuerzos por recuperarlos, cuadruplicando el primero y triplicando las segundas, a partir de sus muy reducidos niveles de 1990, sin embargo, en ambos casos, sus niveles actuales distan todavía de sus niveles previos al golpe. Las matrículas de niños y jóvenes en el sistema público se recuperaron asimismo hasta el 2001, sin embargo, a partir de entonces han vuelto a bajar a razón de decenas de miles por año.
Paralelamente, a partir de 1981, al amparo de generosos subsidios estatales, se desarrolló un importante industria educacional privada, que absorbió todos los niños y jóvenes perdidos por el sistema público hasta 1990, y a noventa y tres de cada cien matrículas adicionales, a partir de ese momento. En el caso de las universidades, las privadas y particulares del consejo de rectores absorbieron prácticamente todo el significativo aumento de matrículas en este nivel. Paralelamente, el gasto privado crecía desproporcionadamente, pero se concentró en los colegios particulares pagados, donde asiste el decil de mayores ingresos de la población, y en las universidades no públicas.
Como resultado, el gasto público es hoy día la mitad del anterior al golpe, expresado como porcentaje del PIB, y el sistema público cuenta hoy con medio millón de niños y jóvenes menos que en 1974. Las dos principales universidades públicas, la U. de Chile y la UTE-USACH, representaban entonces el 65% de la matrícula en educación superior, mientras hoy día, con cerca de un tercio del alumnado, mucho menos sedes, departamentos, académicos e investigadores, que entonces, representan sólo un 10% de la matricula en ese nivel, aunque siguen siendo las principales, y su reducción se compensa en parte con el desarrollo de sus ex sedes regionales.
El crecimiento de la educación privada no ha sido capaz de compensar el desmantelamiento del sistema público, lo que se puede apreciar en el hecho que en 1974, a fines del período desarrollista, un 30% de la población total estaba matriculada en el sistema educacional en su conjunto, en todos sus niveles. Dicha proporción había reducido a 25% a fines de la dictadura, y actualmente se ha recuperado sólo hasta un 27%. Entretanto, la demografía se ha modificado, bajando la proporción de niños y jóvenes, lo cual ha permitido significativas mejoras en la cobertura por tramos de edad, aún con una proporción inferior de estudiantes respecto de la población total. Sin embargo, es un hecho que, mientras los países más avanzados hacían lo contrario, Chile ha reducido su esfuerzo en educación. Ésta es la causa principal de la crisis actual.
Las enormes distorsiones generadas en el sistema educacional se pueden evidenciar comparando el caso chileno con los países más avanzados en la materia. La desproporción mayor se aprecia en la fracción que alcanza el gasto público en el gasto total en educación, que en Chile apenas supera la mitad, la más baja del mundo, de lejos. En los 31 países de la OCDE alcanza al 88%, cifra que sube al 92% en los países europeos, y allí donde es menor (Corea), alcanza al 60%. Un desequilibrio parecido se aprecia en la proporción de alumnos que asiste a establecimientos públicos. en los 31 países listados por la OCDE, de 257 millones de alumnos matriculados en todos los niveles educacionales al 2004, el 81% estudia en el sistema público, mientras que un 11% estudia en establecimientos privados independientes, y sólo un 7% en establecimientos privados dependientes de los gobiernos.
Sólo 2 países pequeños países de la OCDE (Bélgica y Holanda), presentan una proporción superior a la mitad en establecimientos privados (de iglesia), mientras solo tres países adicionales (Reino Unido, Australia, y Eslovaquia), presentan una proporción significativa de estudiantes en establecimientos que se pueden asimilar a los particulares subvencionados en Chile. En Chile, en cambio, más de la mitad de los niños y jóvenes estudian en establecimientos privados, y el 42% en establecimientos privados subvencionados.
Otro equilibrio significativo es la baja proporción del gasto público destinada al nivel superior, que en Chile alcanza hoy al 14%, similar a treinta años atrás, cuando la proporción de niños y jóvenes en niveles inferiores era mucho mayor. En los países de la OCDE dicha proporción supera el 24% en promedio, y sobrepasa el 30% y hasta el 40% en el caso de los países más avanzados. Ello ha sido el resultado de la política de autofinanciamiento y créditos universitarios, y la «focalización» del gasto público en los niveles inferiores – impuesta en nombre de la equidad, lo cual resulta una burla cuando que el conjunto de las políticas educacionales ha resultado en una inequidad escandalosa.
Ha fracasado el experimento extremista, que pretendió que el desmantelamiento del sistema público y la implantación a la fuerza de un mercado iba a mejorar las cosas en la educación. Al cabo de un cuarto de siglo, se ha demostrado que en este ámbito, como también en la previsión y la salud, en el mejor de los casos, ello ha resultado en el surgimiento de una industria privada que ofrece servicios diferenciados de buena relativamente calidad, pero sólo a la minoría que puede pagarlos, con un elevado costo y otros problemas, incluso para ellos, y a costa de cuantiosos subsidios fiscales.
En ese marco, el Consejo ha conocido el reciente documento de CENDA titulado Elementos para una Propuesta de Reforma Educacional (disponible en http://www.cendachile.cl/propuesta_reforma_educacional), que plantea:
«Durante las últimas décadas, se ha privilegiado la promoción de la educación privada, mientras se desmantelaba sistemáticamente el sistema de educación público. Ello constituye la causa principal de la crisis del sistema educacional en su conjunto. Superada esta distorsión, es posible visualizar que el Estado se proponga reconstruir el sistema de educación público, a partir de todo lo actualmente existente, destinando los recursos humanos y materiales que permitan garantizar en un plazo breve a toda la ciudadanía una educación gratuita de alta calidad, y al país las capacidades profesionales, científicas y tecnológicas que requiere. Ese parece ser el camino más directo y eficaz para solucionar la crisis actual y encaminar el país en la modernidad, como lo fue en el siglo pasado para superar el subdesarrollo.»
«Se sugiere estructurar el nuevo sistema nacional de educación como un servicio público nacional, organizado de acuerdo a las mejores y más modernas prácticas internacionales al respecto. Ello implica, desde luego, un adecuado equilibrio entre los aspectos centralizados y descentralizados de su gestión, así como la más amplia participación de todas las instancias de representación democrática del Estado, en especial los Municipios y organizaciones locales, así como la comunidad escolar y académica toda. Se sugiere incorporar al mismo el conjunto de los establecimientos públicos actuales, en todos los niveles educacionales, y asimismo, la mayor parte de los actuales establecimientos particulares subvencionados, en todos los cuales el Estado asumirá directamente la responsabilidad por la gestión docente».
«Asimismo, se propone restablecer en plenitud su condición de funcionarios del servicio civil del Estado, con su estatuto respectivo, al conjunto del profesorado pagado con fondos públicos. Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere abrir un amplio espacio de participación al capital privado en el sistema de educación pública, especialmente a los actuales propietarios de establecimientos subvencionados, como proveedores concesionados de servicios anexos a la gestión docente, incluyendo locales y otros.
«Finalmente, y siguiendo la tradición establecida por las universidades particulares del Consejo de Rectores, se sugiere establecer un amplio fondo de apoyo público a los establecimientos de educación particular que lo meriten, en todos los niveles educacionales, los cuales mantendrán su más completa autonomía.»
Tal parece ser la piedra angular de la reforma educacional en curso.
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Manuel Riesco. Economista de Cenda (mriesco@cendachile.cl).
