A propósito de la muerte de Juan Mujica Hernández, más conocido como el «Indio Juan», apuñalado mientras se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de San Miguel, se ha destapado un hecho doloroso, oculto a los ojos de la ciudadanía.
La vida de los presos, el tremendo hacinamiento en que transcurren sus días y sus noches al interior de los recintos penitenciarios, hace que reflexionemos sobre una situación que requiere hoy, y no mañana, una solución definitiva y no medidas «parche» como suele ocurrir entre nosotros.
Se hace urgente entonces clarificar hacia donde vamos, en particular cuando se nos obliga a endurecer las penas, y es de buen tono aparecer en actitudes cada vez más drásticas, en aras de solucionar el tema de la inseguridad ciudadana.
Este espiral nos llevará a lo que anticipó el Defensor Público Nacional, el colapso definitivo de las cárceles del país, y con ello hacer que la muerte del «Indio Juan» forme parte de un escenario cotidiano en nuestros recintos penitenciarios.
Una política criminal y carcelaria es la tarea en que debemos comprometernos. Ya hemos realizado una profunda transformación con la creación del Ministerio Público, iniciativa que ha sido exitosa, sin embargo aún falta una profunda transformación en la administración de la justicia de segunda instancia y apresurar, en lo que razonablemente se pueda, la corrección de las sanciones en el Código Penal.
No podemos continuar en esta política de «soluciones parche» que, como se ha diagnosticado, no nos servirán para aplacar la inseguridad ciudadana, y como consecuencia nos traerá el caos en el sistema carcelario.
En este sentido, y de una vez por todas, es necesario reforzar las medidas condenatorias alternativas, para lo cual la situación de Gendarmería no puede estar ausente. Con el contingente de hoy, con el problema de salarios escuálidos y la sensación de que las condiciones del personal de la institución son precarias, no podemos tener éxito en estas medidas que buscan con afán la reinserción de los reos y su efectiva rehabilitación para que estos últimos vuelvan a formar una parte útil de nuestra sociedad.
En suma, tenemos que respetar el Estado de Derecho y en particular la dignidad de las personas, indispensable para que exista resguardo de la competencia de cada cual, y de esta forma no caer en graves injusticias y en medidas apresuradas e inconsultadas que nos lleven a un callejón sin salida en torno a este delicado tema.
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Laura Soto González. Diputada de la República
