Honorable Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, Honorables Senadores, tengo el honor de concurrir antes ustedes con el fin de tratar la proposición de mi nombre que la Sra. Presidenta de la República ha hecho para proveer el cargo de Contralor General de la República. En relación con esta institución clave, expondré un planteamiento que se refiere a la Contraloría General de la República que necesitamos todos los chilenos. Este se funda en los principios constitucionales de independencia y autonomía, probidad, transparencia, publicidad, responsabilidad y en el respeto a los derechos fundamentales. Estos principios son mandatos constitucionales que obligan a pensar de manera integrada el derecho constitucional y administrativo y las ciencias de la administración y la economía.
La historia del control el poder público se extiende incluso al periodo anterior a nuestra República. Esta función se moderniza a principios del siglo XX en la organización de la Contraloría General de la Republica de Chile que en su origen fue una recomendación de la misión Kemmerer, que tuvo por objeto asegurar la seriedad de la economía chilena. A la recomendación extranjera se agregó el control de la legalidad de los actos y decretos de la administración, lo que constituye quizá el rasgo más distintivo de nuestra institucionalidad chilena. Su trascendencia estratégica ha debido resguardarse, por tanto, con la autonomía necesaria tanto de los gobiernos de turno como del ámbito político en general. Ello sin perjuicio de que sus más altas autoridades -los Contralores, nombrados por el Ejecutivo– se han visto, una y otra vez, en conflicto con dicho poder (suscitando decretos de insistencia, e incluso la remoción del Contralor durante el régimen militar). De lo que se deduce que esta tan mentada «autonomía» ha sido a la vez real, aunque también frágil, cuestión que, a mi juicio, debemos reforzar. En conclusión, precisamos de una nueva «modernización» de este ente contralor conforme a las realidades actuales, y aprovechando esta ocasión, se hace imperioso fortalecer aún más su desempeño autónomo de los restantes poderes del Estado.
Entre las personas que se han ocupado de las funciones de control en nuestra historia, antes de la existencia de la Contraloría, destaco los nombres de don Valentín Letelier y de don Julio Phillipi. Entre quienes han servido el cargo de Contralor, independientemente de sus convicciones políticas y sin el ánimo de ser exhaustivo, destaco el nombre de don Humberto Mewes quién a comienzos de la década del cuarenta, asumió como persona externa al servicio y devolvió al Presidente de la República que lo había nominado y a otras autoridades varios decretos por ser contrarios a la Constitución y las leyes. También este contralor se destaca porque consiguió los fondos para construir el moderno edificio que es su sede principal y porque fue capaz de reclutar los mejores talentos jurídicos de su época. Muchos Contralores que vinieron después han seguido este noble ejemplo, pero entre ellos ocupa un lugar principal don Enrique Silva Cimma que logró durante el gobierno de don Jorge Alessandri la autonomía financiera para la Contraloría. Esta autonomía desgraciadamente se perdió durante el régimen militar. El Contralor Silva Cimma introdujo los conceptos desarrollados por el Conseil d`Etat francés en la jurisprudencia administrativa chilena, tal como la doctrina sobre la desviación de poder, y su ejemplo personal de sobriedad, dio sentido de servicio público a toda la administración del Estado.
Hoy nuestra Carta fundamental dispone que la Contraloría General de la República participa en un sistema de control junto con muchos otros órganos. Del análisis de nuestro complejo sistema se concluye que debemos considerarlo como un todo integrado, donde la Contraloría cumple un rol, pero donde también hay otros órganos que son responsables y competentes y con los que es necesario coordinarse. Por eso, este planteamiento asume en primer término que debemos utilizar de manera diferenciada los instrumentos y técnicas que corresponde a cada sujeto controlado. Debemos tener en cuenta a este respecto que el gobierno central, es distinto en sus tareas a las municipalidades, y estas por cierto se distinguen en sus funciones de las diversas formas que asume el Estado empresario y de las instituciones que usan los particulares para recibir fondos y recursos públicos. Sobre todos ellos recae la responsabilidad de la Contraloría, de cuidar la legalidad y el buen uso de los fondos públicos que son patrimonio de todos los ciudadanos.
La segunda cuestión se refiere a la necesidad de reforzar la independencia y autonomía en toda la función específica de la Contraloría. Para ello es necesario tener presente que dicha autonomía deriva de su rango e independencia normativa constitucional, del sistema de nombramiento y remoción del Contralor y del respeto al principio de especialidad jurídica en el ejercicio responsable de la función de control. A este respecto propongo complementar las disposiciones constitucionales y legales que ya existen, con una reforma jurídica que modernice y adecué las funciones de la Contraloría, para asegure su autonomía financiera y mejorar las remuneraciones de su personal.
También es necesario remover las dificultades e incongruencias en el sistema de promoción y ascenso y reforzar las Contralorías Regionales que han adquirido cada vez más importancia por los recursos que están sometidos a su control. Se trata de encontrar un equilibrio óptimo entre la experiencia acumulada y la necesaria renovación que permita organizar un equipo de trabajo que esté motivado por el servicio público. Como ustedes saben, la Contraloría esta formada por aproximadamente 1450 funcionarios, con 160 abogados, que son esforzados y honestos y que requieren desarrollar mejor sus capacidades, particularmente en el caso de las personas que realizan control externo, los que deben ser capacitados en técnicas más modernas de control y auditoria.
A este respecto conviene recordar que el Estado de Chile y las empresas de nuestro país han asumido compromisos internacionales ligados a la globalización que obligan a ser más transparentes y a integrarse en sistemas de auditoria estandarizados, que han sido desarrollados en los países más avanzados a partir del escándalo en el caso Enron. Entiendo que algunos de esos compromisos deben cumplirse muy pronto, lo que exige capacitar al personal e implementar un sistema nuevo, y asumir un cambio de paradigma en cuanto a los sistemas de auditoria que sea capaz de integrar en forma gradual la identificación de áreas críticas, la elaboración de mapas de riesgo y el refuerzo del auto control y la probidad funcionaria y que sustituya en parte el antiguo sistema de control por cumplimiento. Esto ya podría constituir verdadera modernización, y los funcionarios de la Contraloría, particularmente sus fiscalizadores debieran ser líderes en este proceso.
Al mismo tiempo, en lo que se refiere a los abogados de la Contraloría, se sabe que aproximadamente un cuarenta por ciento de ellos tiene especialización o postgrado, lo que debe aumentarse para dignificar sus competencias profesionales y su sentido de servicio público. Ante todo los abogados y demás funcionarios deben trabajar juntos para ensamblar en forma apropiada los conceptos jurídicos con los criterios económicos que aseguran un control público de nivel óptimo.
En lo que se refiera a la publicidad y la transparencia de la organización de la Contraloría, es sabido que sus Divisiones trabajan en comités, que es necesario transparentar en cuanto a sus integrantes y funciones. También es necesario transparentar información de interés público en internet, que sea más amigable y útil a todos los ciudadanos. Por ejemplo, todos sabemos el rol que ha cumplido la Biblioteca del Congreso Nacional en la difusión de las leyes y la tramitación legislativa por internet. Sin embargo, en el caso de la Contraloría los decretos sometidos a control y los dictámenes que generan jurisprudencia administrativa no están disponibles en internet en forma gratuita, sino pagada. Esto puede modificarse sin cambiar la ley y constituiría un aporte significativo al estado de derecho en Chile, por la importancia que tiene la Administración en la aplicación e interpretación de nuestro sistema jurídico.
En cuanto a la responsabilidad y publicidad de los dictámenes, pienso que puede agilizarse el tiempo en que son emitidos, junto con establecer de manera fundada y transparente los criterios que se tendrán en cuenta para extender de 15 a 30 días el plazo del trámite de toma de razón. Es importante también considerar que se debe tener oportunidad suficiente para que el Contralor puede recabar información externa durante este proceso, particularmente en el caso de reglamentos que han de regir respecto de todos los ciudadanos. Esto último puede requerir de reforma legal. Lo anterior se puede completar con un boletín que tenga información periódica y actualizada de las actividades de la Contraloría en su página web y por supuesto con la distribución de información interna que permita mejorar las funciones de control y auditoria.
En relación con la probidad, este principio no debe pensarse como superioridad funcionaria que se cree con derecho a imponer a los demás su punto de vista, sino como integridad y honradez en el obrar que se identifica con la capacidad de sacrificar el beneficio individual en aras del interés público. Esta cualidad es muy necesaria en quienes asumen la responsabilidad administrativa. Para cumplir con este principio deben establecerse plazos y procedimientos transparentes y públicos en la ejecución de todas las funciones de control que sean respetuosas de los derechos fundamentales de las personas afectadas y que despejen toda sospecha de arbitrariedad funcionaria.
Existen muchas otras materias sobre las que se pueden proponer reformas, algunas de las cuales requieren cambios legislativos, para las que se hace necesario trabajar en el contexto de un acuerdo entre el gobierno y la oposición. En otras materias se trata de coordinar la acción de la Contraloría con las demás instituciones públicas o privadas o se trata de adaptar la jurisprudencia o la práctica administrativa a los principios constitucionales aquí propuestos. En definitiva la independencia y autonomía, la probidad y la transparencia, la publicidad, la responsabilidad y el respeto a los derechos fundamentales en que se funda este planteamiento son los pilares que permiten modernizar la Contraloría General de la República. Este es un trabajo que debe realizarse en equipo con los actuales funcionarios de la Contraloría y no contra ellos, y junto con la colaboración de los demás poderes del Estado y de todos los ciudadanos chilenos.
Acepté esta proposición de asumir esta difícil responsabilidad ciudadana porque entre mis ideales ocupa un lugar principal el servicio público. Se que la tarea no es fácil, porque será necesario superar la tendencia que todos tenemos a dejar que nuestra subjetividad gobierne nuestra vida. También por la dificultad de establecer una protección fuerte frente a las influencias, que son inevitables de quienes intentan defender sus propios intereses. Pienso que toda mi vida he tratado de encarnar la idea que se expresa en la frase «Recte ad ardua», esto es, ir derecho a lo difícil. Un lema que acompaña la imagen de un caballero que es capaz de matar un dragón y que sirve de divisa al colegio donde estudié, que lo fue también de mi padre y que lo es hoy de mis hijos. Además me he inspirado en la idea de servicio público que se practica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y he seguido el mandato de don Andrés Bello y don Benjamín Vicuña Mackenna que nos invita a trabajar para que nuestro derecho y nuestras instituciones se adapten a los ideales republicanas. Y lo he hecho con alumnos y profesores de las más diversas creencias y opiniones y de todas las regiones del país y condiciones sociales y económicas. Porque no creo que existan líderes súper humanos que tengan recetas mágicas, porque creo en lo que dijo Cicerón, ese gran Senador y jurista romano, que expresó que la república es superior a todas las otras formas de gobierno, porque no ha existido un hombre tan genial que pueda anticiparse a todos los problemas; porque ni siquiera todos los poderes de los hombres que viven en una misma época; sin la ayuda que da la experiencia y el paso del tiempo; pueden advertir todas las precauciones que de han de tomarse para el futuro.
Esto explica porque he aceptado el honor de ser propuesto por la Presidenta de la República para asumir la responsabilidad ciudadana de ser Contralor. Se que con todo el debate que se ha concitado en la prensa a algunos les puede parecer especialmente difícil apoyar esta designación. Aclaro al respecto que yo no he respondido las acusaciones que se han hecho sobre mi persona en los medios, por respeto a la institución del Senado, que es de acuerdo con nuestra Constitución la instancia donde corresponde tratar estos asuntos. Y por eso mismo, ahora quiero hacerme cargo de los argumentos esgrimidos por quienes sin siquiera oírme han negado mi independencia, y han dicho injustamente que estaré subordinado al gobierno que me designó o a la voluntad política de turno, o que insinúan mi supuesta incapacidad para resolver casos complejos como el de Chile deportes.
Esas acusaciones e insinuaciones que se han publicado contra mi persona son desinformadas, injustas y graves, porque se han hecho sin siquiera escucharme, y constituyen un serio agravio y un lamentable desincentivo para que otros ciudadanos quieran dedicarse al servicio público. Yo no busqué que me ofrecieran este cargo y tampoco he hecho campaña para mi designación. Soy un abogado formado con sentido republicano, soy demócrata y tolerante y creo en el constitucionalismo y en la capacidad del derecho de limitar el poder. Por eso, si alguien afirma o insinúa que me prestaré para cohonestar actos de corrupción o infracciones a la Constitución y las leyes, es claro que desconoce mi trayectoria de independencia y que en forma temeraria se anticipa a imputarme gratuitamente actos dolosos y criminales injustos para que cualquier ciudadano y que no corresponden a nuestra convivencia democrática.
Yo he venido aquí a ofrecer aquí lo más valioso que tengo y todas mis energías para servir a mi país y para garantizar que se de oportuno cumplimiento a la Constitución y las leyes en forma ecuánime e independiente. Pienso que esa energía y ese carácter independiente y autónomo que requiere la Contraloría, se funda antes que nada en una cierta cualidad del espíritu. En esta característica personalísima, siempre me he sentido inspirado por las palabras de Thomas Jefferson que en el difícil año de 1789 expresaba: «Yo nunca he sometido el sistema completo de mis opiniones al credo de un partido humano, sea en materias de religión, filosofía o política, o en cosa alguna en la que yo haya sido capaz de pensar por mi mismo.» También pienso que mi independencia de espíritu no se ha quedado en puras palabras, porque se ha manifestado en acciones. Porque lejos de alcanzar la perfección, he aprendido a trabajar en equipo, a tener rigor profesional, a respetar a las personas y a exigir y a dar un trato justo y ecuánime.
La decisión que ustedes tienen que tomar es al mismo tiempo, una decisión sobre qué tipo de Contraloría requiere el país. La corrupción toma nuevas formas cada día y su combate requiere capacidades siempre renovadas. Si es así, pienso que puedo ser útil. En cambio, si ustedes creen lo contrario, aceptaré su decisión y a pesar de ello, continuaré sirviendo a mi país. Porque confío que en la democracia representativa se pueden enmendar los errores, porque se funda en el mandato libre y en el voto en conciencia de los representantes del pueblo.
Honorables Senadores, tienen ante ustedes mi trayectoria pública en Chile y en el extranjero y en esta Comisión estoy dispuesto a responder cualquier duda o interrogante que puede existir sobre ella. Después esperare tranquilo su decisión de aprobación o rechazo. Ustedes dirán si quieren o no que asuma la modernización de la Contraloría General de la República, para que pueda servir a todos los chilenos. Muchas gracias.
* Presentación de Pablo Ruiz-Tagle en el Senado, a raíz de su postulación a la Contraloría General de la República.
