En estos últimos días, hemos conocido por diferentes medios que el Tribunal de Garantía de San Antonio, condenó penalmente a un médico por el delito de lesiones graves en el contexto de una negligencia médica, toda vez que fue acusado de haber dejado una gasa al interior del cuerpo de una paciente tras una operación de apendicitis.
En efecto, luego de los cinco días que durara el juicio oral simplificado, el Tribunal llegó a la convicción- más allá de toda duda razonable y en virtud de la prueba legalmente rendida por las partes intervinientes durante el juicio (Fiscal, Víctima, Querellante, Defensor e Imputado)- , que el hecho efectivamente tenía caracteres de un ilícito penal y que al acusado le cabía participación en calidad de autor.
Es decir, la verdad judicial luego de un justo y debido proceso judicial como garantía básica de un Estado Democrático de Derecho, resolvió criminalmente ese caso en particular.
¿Qué consecuencias legales de tipo civil indemnizatorio se producen con motivo de esta sentencia penal condenatoria de la Nueva Justicia Penal ?.
Precisamente, uno de los efectos legales que produce dicha sentencia penal condenatoria ejecutoriada, es que se puede usar como título suficiente e indubitado ante un Juzgado Civil para exigir la indemnización respectiva de los perjuicios causados a la víctima, pero teniendo presente que el hecho penalmente punible, ya no se puede volver a discutir ante esta sede judicial, pues sólo cabe discutir la existencia del perjuicio avaluable en dinero que reclama el demandante y el monto de la misma.
Es decir, solamente se discute y se tiene que probar el ajuste de la pérdida económica que se reclama ahora por la vía de la demanda civil de indemnización de perjuicios ante un Tribunal de Justicia Civil.
Por lo tanto, este caso es bastante claro en cuanto a cómo la Nueva Justicia Penal, derechamente incide en todos los ámbitos judiciales de manera pronta e inmediata, cuestión que no ocurría antes, no sólo para los fines de Justicia y Equidad entre la víctima e imputado, sino que además, al momento de evaluar el riesgo de ir o no a alguna forma de juicio que contempla este modelo de enjuiciamiento penal, en desmedro de otras vías de solución de conflictos que el propio sistema acusatorio considera.
Finalmente, este asunto también debe servir para evaluar otros ámbitos de una decisión económica nuestra en el ámbito de nuestro ejercicio profesional, como por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil, el costo de la prueba, los honorarios de la defensa penal, el adicional de la defensa penal asociada a este tipo de pólizas, los tipos de cobertura, las responsabilidades de los hospitales y clínicas, la experiencia de los abogados defensores, etc.
En suma, decisiones domésticas que antes se veían muy lejanas y que hoy están presentes en el día a día y en el momento menos pensado.
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Kléber Monlezun Cunliffe. Abogado. www.lmoabogados. www.djp.cl
