Durante el Gobierno de Salvador Allende se estableció como punto fundamental de su programa de gobierno en 1970 la nacionalización del cobre, considerando que es el recurso más preciado de nuestro país. Anteriormente, el ex mandatario Eduardo Frei Montalva había iniciado un proceso de chilenización de este mineral. Ambos consideraban dentro de sus grandes prioridades que este recurso natural fuera propiedad del Estado, pues garantizaba que los beneficios de su explotación llegaran a todos los chilenos. Pues bien, la dictadura militar se encargó de crear las condiciones institucionales para traspasar «el sueldo de Chile» a los privados y principalmente a las compañías multinacionales.
El ex ministro de minería José Piñera, a través de una serie de mecanismos institucionales, tributarios y jurídicos, realizó la tarea creativa que permitiría finalmente entregar la propiedad de los yacimientos cupríferos a poderosos grupos transnacionales. Uno de estos mecanismos fue el fomento a la inversión extranjera, a través del DL 600, que junto a las condiciones favorables para la explotación de los recursos naturales en Chile, como contar con mano de obra barata y subsidios estatales, permitió en los hechos que los grandes conglomerados extranjeros se apropiasen de la renta de un recurso no renovable. A este mecanismo hay que agregarle otros elementos como la Constitución Política de 1980, la Ley de Renta, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras de 1982 y la Ley Minera de 1983.
El proceso de apropiación de rentas en la gran minería del cobre por parte de grupos transnacionales continuó y se profundizó con los gobiernos de la Concertación. En 1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin, el ex ministro de hacienda, Alejandro Foxley, a través de la Circular NÅŸ 24, modificó el Artículo 30 de la Ley de Renta adicionando un costo por concepto de agotamiento del recurso, el cual es tomado, para efectos tributarios, como costo de operación. Este costo por agotamiento del recurso, es llamado en la Ley de Renta costo de pertenencia, y corresponde a la renta económica del recurso in situ, equivalente al pago que el dueño de un yacimiento cobraría por arriendo a cualquier interesado en explotarlo (Ibáñez y Claude, 2002).
Este punto es de la mayor relevancia, ya que nuestra legislación, a pesar de lo que la gran mayoría supone, considera el cobro por el uso y agotamiento del recurso natural, insumo crítico en el proceso de explotación. En otras palabras, en Chile hace mucho tiempo que se aplica un royalty por la explotación de nuestras riquezas mineras, pero, este royalty, así como está planteado en nuestra legislación, se lo pagan a sí mismas las empresas transnacionales, ya que gracias a la estructura tributaria válida para la gran minería, este costo por el valor de uso puede deducirse de las utilidades, reduciendo la renta imponible y pagando menos impuestos.
Actualmente las compañías multinacionales que operan en la gran minería de cobre, aparte de no pagar el royalty al Estado chileno, sino que a si mismas, pagan muy pocos impuestos en comparación a las fabulosas ganancias obtenidas. El saqueo por parte de las transnacionales en la gran minería del cobre llega a niveles escandalosos. Hoy la producción de cobre en Chile es explicada en un 68,4% por la gran minería privada, mientras que la participación estatal, a través de Codelco es de sólo 31,6% (Sonami, 2005). Pese a esto el aporte realizado por Codelco al país es tremendo. El resultado de Codelco antes de impuestos durante el 2005 fue más de US$ 4.071 millones, siendo el aporte al Estado de US$ 2.295 millones a través del impuesto a la renta, US$ 1.800 millones como aporte directo y US$ 826 millones destinado a las FFAA a través de la Ley Reservada del Cobre, en total casi US$ 5.000 millones de aporte al Fisco (Codelco, 2005).
Por otro lado, y según datos de Cochilco, mientras los excedentes de la minería privada (que corresponden a las 10 mayores empresas) en el 2005 fueron de US$ 6.300 millones, el aporte al Fisco fue de sólo US$ 1.960 millones por impuesto a la renta (Cochilco, 2005), lo que ya es significativamente superior a lo que pagaban en años previos, debido a que muchas de estas empresas ya no pueden utilizar el mecanismo de depreciación acelerada, beneficio instaurado durante los años de dictadura y que les permitía esconder una parte importante de sus utilidades. En consecuencia, la relación producción – aporte al fisco es inversa: Codelco produce menos y aporta más, llegando a casi el 72% del aporte total del sector minero al Fisco.
Las empresas privadas mineras históricamente han pagado pocos impuestos. De hecho, la tasa de impuestos en países mineros que sigue a la chilena es 40% más alta (Institute for Global Resources Policy, 2000). Además, la influencia de la tributación dentro de la rentabilidad de las empresas es la más baja de América y del mundo. En la tabla 1 a continuación se muestran los resultados de un estudio realizado por la Cepal (Cepal 1999, «Panorama Minero de América Latina a fines de los años 90») en donde se establece que en Chile la tributación representa sólo un 14,8% sobre la rentabilidad total de los proyectos de la minería del cobre y un 16% para la minería del oro. Así, nuestra nación se ubica como el país cuya legislación tributaria afecta en menor medida la rentabilidad de los proyectos mineros.
Si la estrategia de crecimiento económico está basada en la explotación de los recursos naturales, la forma de generar desarrollo debe ser invirtiéndolos en el proceso productivo, pero recibiendo una compensación económica por ello, con lo cual se podrá proveer educación, salud, infraestructura, investigación y desarrollo a sus habitantes. Situación que en Chile está en claro entredicho, porque la minería otorga una retribución injusta a la sociedad chilena, ya que hace uso gratuito de un recurso natural no renovable, generando a su vez un fuerte impacto medioambiental y social.
Este escaso aporte de la minería a la sociedad se demuestra con su mínima participación en la generación de puestos de trabajo. La minería, a excepción del sector Electricidad, Gas y Agua, es el sector económico que menor aporte hace al empleo a nivel nacional, ya que en promedio durante los últimos 15 años generó sólo un 1,6% de empleo (INE, 2005). Unido a ello, se trata de un aporte cada vez más mezquino y que guarda relación con la privatización trasnacional que se ha dejado caer sobre la minería local. Lo anterior representa una millonaria pérdida para Chile en cuanto a número de empleos. En términos absolutos, el empleo en la minería ha caído más de un 15% durante los últimos 15 años, representando sólo un 1,3% del total de empleo nacional en el año 2005 (INE, 2005), lo que obviamente incluye a la minería estatal (Codelco). Si aplicáramos al empleo la misma participación que la minería estatal y privada tienen en la producción global del país, fácilmente deberíamos concluir que la minería privada provee menos del 0.9% del empleo nacional, lo que es francamente despreciable si se toma en cuenta que las exportaciones mineras superan el 40% del total de exportaciones del país.
La estructura de la propiedad en el sector minero incide directamente en que su aporte a la sociedad chilena sea tan mezquino. Hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70 la mayoría del cobre era estatal, lo cual significaba una fuente de ingresos muy relevante para el gobierno de turno. Hoy, si bien el cobre sigue representando una importante fuente de ingresos en el presupuesto gubernamental, lo cierto es que la propiedad mayoritaria está en poder de empresas privadas, lo cual ha significado millonarias pérdidas para el Estado de Chile (al fin y al cabo pérdidas para todos los chilenos). Según estimaciones de la Universidad de Harvard, Chile ha perdido más de 26.600 millones de dólares por la renta no cobrada a la gran minería durante los últimos 25 años (Harvard Institute for Internacional Development, 2003).
El empleo total de la minería ha experimentado claramente una tendencia a la baja a medida que la producción se traslada desde Codelco hacia las grandes mineras privadas transnacionales. En consecuencia, el paso de la minería pública a la privada, ha implicado claramente pérdida de empleos directos (como ya se dijo anteriormente la pérdida alcanza al 15% en 15 años). Esto a pesar de que se ha generado un espectacular aumento de la producción desde 1 millón 600 mil toneladas en 1990 a 5 millones 400 mil toneladas en el año 2004. Es decir, un aumento de 241% que resulta abrumador al compararlo con la pérdida de 15% en el empleo.
Por otro lado, como es posible apreciar en los gráficos 1 y 2, se han generado millonarias utilidades para las grandes empresas mineras privadas. Solamente las 10 mayores empresas (Escondida, Inés de Collahuasi, Pelambres, Sur Andes, El Abra, Candelaria, Mantos Blancos, Zaldívar, Cerro Colorado y Quebrada Blanca), han acumulado utilidades de casi 30 mil millones de dólares entre el 2003 y el 2006 (gráfico 1), con una rentabilidad sobre el patrimonio cercana al 60% y muy superior al resto de los otros sectores económicos (gráfico 2). De hecho, se estima que estas diez mineras privadas más importantes que operan en Chile totalizaron ingresos por ventas durante el 2005 por US$ 11.900 millones, generando utilidades por US$ 6.300 millones, 36% más que lo obtenido el año anterior (Cochilco, 2006).
El argumento del aporte del capital transnacional a través de una mayor inversión tampoco es válido para explicar la tremenda acumulación de riqueza y apropiación de rentas en la minería chilena. Según datos de Cochilco, al 2010 de los más de 13.000 millones de dólares en inversión en la gran minería, más del 50% será materializada por una sola empresa, Codelco.
En conclusión, en el ámbito de la minería hemos demostrado la irrestricta aplicación de un modelo rentista de acumulación de capital, que permite grandes acumulaciones de capital en empresas privadas nacionales y multinacionales, mientras el país ha perdido empleos, no es compensado con el pago por el uso de sus recursos naturales y recibe impuestos despreciables en relación a lo que paga la minería estatal, las utilidades de las empresas privadas y las necesidades del país.
_______________
Cristián Gutiérrez. Economista, Coordinador Círculo de Economistas para el Desarrollo de Chile.
