Observar las respuestas de un Gobierno frente a las protestas sociales sirve para identificar las estrategias que se usan para la definición legítima del espacio social. Los movimientos sociales además de tener la función de transformar en asuntos políticos de relevancia las demandas de los ciudadanos, sirven también de plataforma para ubicar nuevos actores en el espacio político. Los últimos conflictos sociales en Chile, relacionados a la salud, la educación o al medioambiente ilustran perfectamente bien el derrumbe de las relaciones habituales entre los sectores de la sociedad y las luchas simbólicas que se forman.
Hoy vemos un claro rechazo por parte de las elites políticas a cualquier intento de renovación o transformación de la arena política. Presentar a los manifestantes como delincuentes y sus protestas como atentados al orden público (como lo demuestra la reciente prohibición para manifestarse frente a La Moneda), es parte de las estrategias que existen para que la política se mantenga como un asunto exclusivo de los profesionales de la política.
Con el cierre del acceso del campo político a otros actores el poder político, con la ayuda de los medios de comunicación, tiende a reducir la identidad de los individuos a una dimensión única, simplificando de esta forma la representación del conflicto en una oposición entre un «ellos» y un «nosotros».
Referirse a los debates de sociedad como lo hacen los gobernantes, estigmatizando a los manifestantes, y convirtiendo cada protesta en un campo de batalla, impide las incursiones de otros actores dentro del espacio político tradicional. Las declaraciones sobre la marcha de los estudiantes del jueves 12 de octubre ilustran bien esta lucha por imponer una versión particular de la realidad. La Subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera afirmó que esta protesta «no tiene la amplitud ni la representatividad que tuvo el movimiento anterior» y que «no valorar los avances que ellos mismos han logrado es súper poco serio».
Este tipo de declaraciones típicas de los integrantes de los gobiernos de la Concertación muestran que en la democracia chilena, no hay deseo de considerar la pluralidad social como un hecho, esto a pesar de los dichos de la Presidenta Bachelet quién prometió al principio de su mandato tomar en cuenta las demandas de la ciudadanía.
En una democracia, los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de hacer visibles sus exigencias. Como lo expresó la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), María Huerta, al decir que «dentro de una democracia cada uno tiene autonomía para decir cómo quiere gestionar sus acusaciones y cómo quiere hacer un control ciudadano». Estas palabras, a la diferencia de los comentarios de los representantes del gobierno, no imponen ninguna «verdad», sino que apuntan hacia una democracia que reconozca los derechos básicos de expresión de sus ciudadanos.
Las luchas simbólicas que se crean alrededor de las movilizaciones sociales juegan un rol fundamental. Los actores opositores no tienen las mismas herramientas que los gobernantes para competir en estas luchas y nos podemos preguntar entonces hasta cuándo en Chile las protestas sociales serán asimiladas al desorden público y cuándo serán por fin consideradas como movimientos normales (y deseables) de una sociedad en democracia.
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Antoine Samoullier, Asesor de Políticas Públicas de Oceana.
