La resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 11 de octubre, en la cual se sanciona al Estado chileno por no adoptar «las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información» constituye un hito sin precedentes en esta materia. Por primera vez se exhorta al Estado a admitir que todos los ciudadanos/as tenemos derecho a conocer aquella información que manejan los organismos públicos y que influye en el desarrollo del país. Indirectamente también esto induce a la urgente necesidad de establecer en nuestra legislación una ley que garantice el derecho al acceso a la información pública.
En Chile, la legislación es precaria en relación al resto de los países que se acogen a los dictámenes de la Corte Interamericana. La entrega transparente y oportuna de la información depende en la actualidad de la buena voluntad de la autoridad de turno y no es un deber institucional tendiente a resguardar los derechos de la ciudadanía. Transcurridos casi dos años desde su elaboración, sigue descansando en el parlamento – sin ninguna urgencia- el proyecto de ley que busca facilitar y regular el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Algunas organizaciones de la sociedad civil hemos estado permanentemente, insistiendo a los actores estatales que se legisle sobre esta materia, proponiendo ampliar los alcances de la iniciativa presentada en el Senado, en el sentido que el acceso a la información pública no solo fomenta la transparencia en la gestión pública sino que además es un derecho fundamental de las personas y una condición indispensable para resguardar la libertad de expresión.
Junto con ello, nos parece igualmente urgente enfocarnos como país hacia procesos educativos que ayuden a generar cambios de actitudes y conductas que son parte de una cultura que tiende al abuso de poder, al secretismo, a la entrega a medias, a la tramitación o de frentón a la negación de la información. Para ello necesitamos voluntad política de las autoridades estatales para invertir en estos procesos hacia el interior de las instituciones públicas, como también motiva a la ciudadanía para que asuma un rol más activo en la exigencia de este derecho y en la responsabilidad que ello implica.
Aquí se aprecia el aporte de la sociedad civil organizada que, no sólo contribuye a profundizar la democracia por medio de la supervisión de las acciones del Estado, sino también en su trabajo con la ciudadanía y su legítima acción social y movilizadora.
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María Eugenia Díaz. Directora ejecutiva de Genera
