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Ambiente de corrupción

por 24 octubre, 2006

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Chile es, junto a Uruguay, el país latinoamericano que presenta el mejor Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, con una nota superior a 7,
en una escala de 0 a 10. Sin embargo, tan contundente estadística contrasta con una relajada atmósfera de raterismo, que se puede percibir claramente, y que se ancla particularmente en
instituciones que deben trabajar políticas sociales o el bienestar general de la población.



Viviendas sociales, deportes, cooperativas, microcréditos, capacitación, subvenciones, empleo, jornada escolar completa, pequeñas obras municipales. ¿Qué está pasando de verdad? Es necesario un análisis de fondo, porque el tema amenaza ser un cáncer para la Concertación. Y si bien la derecha no es capaz de ganarle políticamente el gobierno, la Concertación puede perderlo a manos de la corrupción de su gente.



Los datos de Transparencia Internacional se concentran en la libertad comercial, ambientes transparentes de licitación en grandes compras del Estado, estatuto legal y garantía de las
inversiones privadas, tráfico de influencias, discrecionalidad en los sistemas decisorios centrales. Pero dejan fuera los ambientes de clientelismo político, el microtráfico de influencias parlamentarias, el desvío de pequeños proyectos sociales hacia la creación de fuerza política para ganar una elección. Y por supuesto el enriquecimiento ilícito a pequeña escala, con palos blancos y sistemas fraudulentos, en una especie de revancha frente al enriquecimiento a gran escala que de manera impune exhiben las corporaciones privadas capaces de capturar los sistemas regulatorios del Estado. Como ocurre con las empresas
eléctricas, de telefonía, o los grandes concesionarios de obras públicas.



Desde el primer día de gobierno de la Concertación se sabía que Digeder, hoy subsecretaría ChileDeportes dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, era una caja política. Así la usó la dictadura, y así la siguió usando la Concertación. El gobierno de Ricardo Lagos prometió una transformación de la institución, y cuando esta pasó de Digeder a Chiledeportes, mediante una cuestionada ley en materia de deporte y
recreación de base nacional, se olvidó de la promesa y nombró subsecretario a un "peregrino de Chacarillas y Pinochet", Arturo Salah, y todo siguió igual, redondo como una pelota.



Nada de lo que el deporte nacional puede exhibir como éxito, ni de alto rendimiento ni amateur, es atribuible a lo que hace Chiledeportes. Para muestra reciente, véase las declaraciones del entrenador de las campeonas mundiales de hockey sobre patines.



El tema es de modernización y al mismo tiempo de fiscalización y control, cuyos principales responsables sectoriales son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de
la Presidencia. El primero porque preocupado de que le cuadren las cifras macro, no entrega los recursos para que se desarrollen los sistemas de fiscalización y control. Es bueno que se
sepa que hoy, por ejemplo, cuando se discute más presupuesto para educación, sólo existen 230 fiscalizadores de subvenciones para todo el país, y en la Región Metropolitana sólo hay 38. Para controlar cientos de miles de millones de pesos que salen de nuestros bolsillos.



Igual cosa sucede en Fonasa o en muchos otros puntos de la administración. Pero Hacienda no solo mezquina recursos sino que retrocede en materia de control, con alquimias institucionales como la del Sistema de Auditoría Interna General de Gobierno, creada bajo el objetivo de la probidad gubernamental durante el gobierno de Eduardo Frei, que ha terminado siendo un mecanismo de ejecución presupuestaria que depende directamente de la
Dirección de Presupuesto (Dipres), en vez de un instrumento de fiscalización y control interno de la administración.



En cuanto a la segunda responsable, la Segpres, de ella depende el Programa de Reforma y Modernización del Estado (Pryme), connotada huesera o puesto de reserva de altos funcionarios en espera de tiempos mejores. No ha producido nada rescatable en todos estos años, ni siquiera un esbozo de sistemas de control para instituciones que desarrollan la mayor parte de sus actividades en una escala microsocial. Para que decir su inmovilidad frente a la precariedad de los sistemas de control en ámbitos mayores.



Hasta ahí la responsabilidad sectorial. La responsabilidad política, señores, está directamente vinculada al interés y orientación real del gobierno en materia de probidad, y a la
transparencia política de los partidos, principalmente aquellos que hacen del sentido de servicio público y el valor de las instituciones un eje discursivo principal de su relación con
los ciudadanos. Si estos dos actores no toman en serio el tema, la corrupción sigue y se amplía.



Un gobierno puede fallar en sus compromisos, puede equivocarse y cometer errores, pero no puede ignorar las señales de una creciente atmósfera de corrupción, que puede ser todo lo acotada y pequeña que se quiera, pero que ya es evidente que se ha transformado en algo invasivo de la base política y social, y que requiere de una acción drástica antes de que pase a mayores. Los partidos políticos tampoco pueden ignorar lo que pasa en sus filas. Si desean ser un principio de honestidad doctrinaria en la lucha por una sociedad más justa y democrática, deben actuar en consecuencia.





Santiago Escobar. Abogado. Analista político y de defensa.




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