En la fase de culminación de la fijación de las tarifas de energía que pagarán los clientes residenciales y la pequeña industria, las autoridades responsables de la Comisión Nacional de Energía (CNE) han incurrido en el error de informar una cifra de aumento de 4,6 puntos porcentuales, la cual tres días después fue corregida a 8,6 puntos.
La calificación de error comunicacional ha sido la justificación más socorrida que ha salido desde los gabinetes públicos e incluso, en este caso, la han reiterado los propios privados del sector eléctrico que han acudido en defensa de la reconocida competencia técnica de la autoridad energética.
El error comunicacional como forma de justificar torpezas, meteduras de patas y desatinos de los mandos públicos se está haciendo ya demasiado habitual en nuestra clase política. Al parecer, si un error es comunicacional entonces no es tan grave o lisa y llanamente no ha habido un error de fondo. A contrario sensu, podrían cometerse errores de fondo gravísimos pero si son bien manejados comunicacionalmente -ya sea porque se informó reduciendo su trascendencia o simplemente no se informó y nadie supo nada- entonces el error dejó ser gravísimo y la responsabilidad quedó también atenuada.
Una de las consecuencias nocivas de gobernar con exceso de reglas comunicacionales es que no lleva a revisar la existencia de los problemas que están en el fondo, y el trasfondo de las conductas erróneas. Nos quedamos en el puro parecer que las cosas no se hicieron mal. Otra consecuencia es la sobrevaloración de gurúes mediáticos, quienes acompañan como rasputines infalibles a los directivos públicos.
Y esto está pasando con la CNE, un organismo eminentemente técnico que cometió un error, un error técnico: había que sumar un componente adicional del precio de la energía y no se hizo. La pregunta que corresponde hacerse es por qué sucedió aquello (más allá del hecho que ninguna persona o entidad técnicas están exentas de la posibilidad de incurrir en errores).
La CNE es una institución que incide en el funcionamiento de una de las industrias más esenciales para el país, como lo es la energética. Durante los últimos años este sector ha tenido sucesivas reformas legales, que se conocen con el nombre de Ley Corta I y II. Con estas leyes, según opinan los expertos, se ha conseguido dinamizar la languidecida inversión en generación y transporte de electricidad. En este nuevo marco regulatorio la CNE ha aumentado notablemente sus funciones y responsabilidades; sin embargo, no se conoce ni se observa que se haya fortalecido su capacidad técnica o se haya modernizado su gestión.
Un ex ministro de Energía ha dicho que en la CNE se trabaja a presión. Así, no es raro que se cometan errores en los cálculos tarifarios y si no se pone remedio a tiempo las probabilidades de errores irán creciendo. El último proceso que marcaba las tarifas a las empresas distribuidoras por el arriendo y mantención de los medidores en cada domicilio, fue anulado por la Contraloría General de la República al detectarse errores de procedimiento.
Las disputas entre las propias autoridades de la CNE han pasado a ser un tema frecuente en los últimos años, lo que parece evidenciar indefinición de roles. Cada gobierno que asume diseña de modo diferente la gestión del ministro-presidente del organismo: unas veces está en el Ministerio de Economía, otras en Minería y otras ha estado solo. Varios ministros que integran el Consejo Directivo de la CNE -para aprobar proyectos energéticos- integran también el Consejo de Ministros de la Conama, que revisa ambientalmente los mismos proyectos.
Los diversos gobiernos de la Concertación han avanzado en establecer un marco regulatorio a la gestión de las empresas privadas que prestan los servicios básicos de energía, telecomunicaciones y agua potable, y en la protección de los derechos del consumidor. Pero, el talón de Aquiles está en las instituciones públicas responsables de la regulación y fiscalización de dichos sectores, que siguen llamando a las puertas de la modernización.
