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Editorial: La Contraloría General de la República

por 1 noviembre, 2006

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El debate político entre gobierno y oposición en torno a la designación de un nuevo Contralor General de la República se ha desarrollado en una superficie mediática sin mayores valores sustantivos para el desarrollo de los mecanismos de fiscalización y control del Estado chileno. Peor aún, los argumentos en pro o en contra sobre si designar a alguien ajeno a la institución, han sido demolidos por la corrupción denunciada en Chiledeportes, tornando prácticamente inviable la ratificación del candidato del gobierno en el Senado.



Sin embargo, la elección de un Contralor no deriva ni de la cantidad de corrupción de diversa escala que presenta el país, ni tampoco si él proviene o no de la propia institución, ni menos depende de la vieja dicotomía de un control de legalidad ex -ante o ex -post de los actos de la administración, hoy día bastante superada.



Los argumentos sobre la idoneidad debieran basarse en la clarificación del tipo de control que requiere el país. Pues sus reglas de juego económico hace rato transformaron al Estado en un ente regulador de mercados de libre competencia. Con vastos sistemas de cooperación público-privada, una amplia externalización de funciones, y un concepto de economía social que implica que el Estado, al mismo tiempo, otorga diversas regalías de aprovechamiento económico a privados, y realiza intervenciones estatales significativas para la protección social y la distribución de subsidios a población en riesgo.



Estos son aspectos que deberían estar en el centro del debate. Más aún, se ha omitido un aspecto esencial, cual es que el marco institucional de la Contraloría es bastante arcaico para solventar de manera equilibrada y profunda los requerimientos que emanan de la situación descrita.



Ello no significa que lo actuado por la Contraloría carezca de importancia para el resguardo del patrimonio nacional, la legalidad y la probidad pública. Sino simplemente que sus actuales carencias la llevan a una creciente inmovilidad que terminará por minar su importancia y eficacia reales, a menos que se articule un consenso de cambio efectivo de su institucionalidad. Y ello no depende de un nombre u otro, sino de un criterio para el cambio, y de un acuerdo de resguardo y desarrollo de su patrimonio institucional, que evite la feudalización y discrecionalidad extrema.



La actual ley que regula la corporación establece que el Contralor es designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, y que todos los demás empleados "... serán de la exclusiva confianza del Contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos o removerlos con entera independencia de toda otra autoridad". Éste puede también modificar la planta, crear cargos de igual rango a jefes de departamento, contratar externos y determinar que los subdepartamentos dependan directamente de él, pudiendo además, suprimirlos o fusionarlos. La calificación del personal se establece a través de factores como competencia, disciplina, cooperación y conducta privada en armonía con el Estatuto Administrativo.



De ahí para adelante, la determinación de las líneas de trabajo, de lo que es verdaderamente importante, queda supeditado a la voluntad de la jefatura, a sus eventuales buenos juicios técnicos y a los márgenes de acción que permitan las capacidades internas, los equilibrios y las circunstancias.



En tal escenario, la conducción de la institución depende del buen criterio que las jefaturas logran establecer, entre otras cosas para impedir que un ambiente de cierta precariedad contradiga la responsabilidad que se supone ha sido asignada al principal organismo contralor de la República, cuyos dictámenes tienen repercusión nacional.



Por ello resulta lamentable que se pierda la oportunidad entre gobierno y oposición para consensuar un criterio de cambio, y en torno a él elegir un buen nombre para conducirla. Y tampoco es alentador que se piense que la Contraloría General de la República es una especie de objetivo que en esta guerra mediática entre la oposición y el gobierno en torno a la probidad y la transparencia, debe ser conquistado a toda costa.

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