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El escandaloso caso de la termoeléctrica Guacolda

por 6 noviembre, 2006

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A mediados de octubre la Corema de la Tercera Región aprobó una Declaración de Impacto Ambiental que autorizó al complejo termoeléctrico Guacolda flexibilizar el uso de combustible en su unidad productiva NÅŸ 3. ¿Qué significa esto en palabras simples? Básicamente, que la empresa puede utilizar un combustible de baja calidad para hacer operar la mencionada unidad de la planta. Esto no debería extrañarnos en un país donde los gobiernos poco o nada se han preocupado del medio ambiente.



La generadora de electricidad sometió a calificación ambiental vía Estudio de Impacto (EIA) un proyecto para ampliar el complejo termoeléctrico con la incorporación de la unidad NÅŸ 3. Según el proyecto presentado inicialmente esta unidad utilizaría petcoke como combustible, asociado a una tecnología de abatimiento de emisiones contaminantes, proyecto que fue aprobado por la Corema regional en julio de 2005. El problema es que con posterioridad la empresa, a través de una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA), solicitó flexibilizar el uso de combustible, reemplazándolo por uno de más baja calidad. El nuevo combustible es una mezcla de petcoke con carbón pulverizado y una tecnología de abatimiento de emisiones de menor calidad y, por lo tanto, más barata, esto es, un sistema que contaminará más. Y la Corema, dejando de lado abiertamente su responsabilidad de cuidar el medio ambiente y proteger la salud de la población, aprobó dicha solicitud.



De materializarse este proyecto, los habitantes del Huasco estarán expuestos a mayores niveles de contaminantes en una zona donde ya existe un nivel de contaminación muy elevado. Esto evidentemente incrementará el riesgo para la salud de la población, su calidad de vida y afectará los ecosistemas naturales a nivel local.



Pero además de lo grave que puede resultar esta aprobación para los ciudadanos de Atacama, ésta es una situación escandalosa desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental del país. La Conama nunca debió acoger a trámite la solicitud de flexibilización de uso combustible vía DIA, que es una forma simple de evaluación de proyectos. Este mecanismo no permite hacer una evaluación en detalle de lo que se propone y tampoco permite que la ciudadanía, organizaciones ambientales y sociales e incluso empresas conozcan y opinen sobre el tema. Lo que es peor aún, al aplicarse este mecanismo los afectados no tienen ninguna posibilidad de hacer una reclamación administrativa. Sólo les queda recurrir a los tribunales de justicia.



Estamos frente a un hecho sin precedentes. Las autoridades sectoriales encargadas de calificar ambientalmente la solicitud de la empresa Guacolda incurrieron en un notable abandono de deberes, primero por que no están garantizando el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como está estipulado en la Constitución Política y segundo porque le están torciendo la mano a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, utilizándola en contra de lo que es su mandato, cual es el de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.



Lo ocurrido es tan grave que marca un hito en la historia ambiental del país, tal como en su momento lo fue la autorización del uso de petcoke como combustible para esta misma planta termoeléctrica, o después ha sido el caso Celco y el desastre en Valdivia. En todos estos casos, hemos sido testigos de claras muestras de incompetencia ambiental. Hoy nuevamente Guacolda marca un hito al atreverse a utilizar torcidamente la legislación ambiental. Y lo peor es que el gobierno y por tanto la presidenta Bachelet respaldan lo ocurrido al permitir que el proyecto se materialice.



Si se permite el accionar de Guacolda, de aquí en adelante las empresas podrán someter lo que quieran a calificación ambiental y los servicios públicos que conforman la Corema podrán ponerles todas las exigencias que estimen convenientes, pero todo esto carecerá de importancia, pues con posterioridad y vía una simple Declaración de Impacto el proyecto podrá ser cambiado de acuerdo a las necesidades y conveniencia de la empresa, con la venia de las autoridades de turno.



Lo peor de toda esta situación ha sido la actitud de la Ministra Paulina Veloso, quien preside el Consejo de Ministros de Conama. En declaraciones a un diario de circulación nacional declaró que no hay nada que hacer, que el gobierno no va a hacer nada y que los ambientalistas quieren que se les exija a las empresas estándares ambientales del siglo XXII. Por si usted no lo sabe, la Ministra es abogado y su cargo es el equivalente a ser Ministro de Medio Ambiente, de manera que si es esto lo que opina la Ministra, en los hechos queda la sensación que queda nula la poca autoridad ambiental existente y se obliga a los ciudadanos y empresas en conflicto a recurrir a los tribunales de justicia nacionales o a cortes internacionales, generando un escenario de ingobernabilidad. Así, lo que la Ministra parece decirnos es que mejor nos vayamos olvidando que existen leyes y autoridad ambiental en este gobierno y pasemos derechito a las cortes nacionales o internacionales. Mala señal, pero en una de esas nos va mejor.



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Flavia Liberona. Coordinadora Nacional Ecosistemas


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