Editorial: Ley de Amnistia y globalización del Derecho - El Mostrador

Domingo, 25 de febrero de 2018 Actualizado a las 12:01

Editorial: Ley de Amnistia y globalización del Derecho

por 7 noviembre, 2006

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena al Estado de Chile en el caso del profesor Luis Almonacid, asesinado en 1973 por Carabineros en la puerta de su casa, y declara la nulidad de la ley de Amnistía de 1978, tiene significados profundos para la juridicidad y los valores de legitimidad democrática, además de sentidos prácticos en el campo de sus servicios jurídicos.



La declaración de nulidad se basa en un principio amplio de derecho imperativo o ius cogens, propio de una juridicidad nueva, fundada en principios valóricos que se imponen por encima de la juridicidad de los estados. La sentencia señala que son inadmisibles las disposiciones de amnistía y de prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de violaciones graves en contra de los derechos humanos, entre ellas, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas, prohibidas por "contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los derechos humanos".



Chile no es el primer estado del sistema interamericano al que se le aplica tal principio. Ya había ocurrido en el caso de Barrios Altos con Perú hace un par de años, en el cual por primera vez un tribunal internacional determinó que una ley de autoamnistía carece de efectos jurídicos. Allí la Corte Interamericana señaló "la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos", y sentenció que " las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos (...) ni para la identificación y el castigo de los responsables (...)".



En el caso chileno, no ha hecho otra cosa que reafirmar tal doctrina, señalando que Chile, desde que ratificó la Convención Americana el 21 de agosto de 1990, ha mantenido vigente el Decreto Ley No. 2.191 "...en inobservancia de las obligaciones consagradas en aquella", porque su artículo 2ÅŸ le impone la obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria de dicha Convención.



El Gobierno asumió este 14 de octubre, en palabras de la Presidenta de la República, la obligación de acatar a la brevedad lo dispuesto en la sentencia comentada. Hechos los primeros análisis y consultas, la dictación de una ley interpretativa aparece como el escenario técnico y operativo más plausible. Fundamentalmente porque sus contenidos se entienden incorporados desde el origen de la ley interpretada, y porque su impulso político depende fundamentalmente de la propia Concertación, que tiene mayoría en ambas cámaras. Sin embargo son muchos los obstáculos que deberán superarse, incluso al interior de la propia coalición gobernante.



El tema comentado, además del enorme significado que tiene en materia de derechos humanos y de doctrina democrática en nuestro país, tiene también un importante impacto -en común con otras sentencias de tribunales externos-- en los servicios jurídicos públicos, en especial sobre aquellos que deben asumir la representación judicial de los intereses del Estado en el exterior.



En efecto, es un hecho notorio que en materias de derechos humanos, seguridad pública y comercio internacional, hemos entrado de lleno a una etapa de globalización del derecho, en la cual decisiones de órganos jurisdiccionales foráneos impactan de lleno en las normas y procedimientos internos. Y, aunque siempre puede recurrirse a asesores externos, el país debe enfrentar de una manera orgánica y sistémica los cambios institucionales para hacer frente a los requerimientos jurídicos propios de la inserción internacional que está consolidando.



Casos sometidos a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por ejemplo, podrían -en determinados escenarios- multiplicarse, teniendo al frente una muy baja capacidad de coordinación jurídica del Estado de Chile.



Así, la comentada sentencia de la CIDH expresa principios que fortalecen la doctrina democrática del país, y debiera servir -también- como una alerta más para que Chile adopte una perspectiva jurídica internacional acorde con los procesos de globalización del derecho actualmente en curso.

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