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El origen de la OMC


La Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene su origen en el Acuerdo de Marraquech, suscrito por 125 países el año 1994, como culminación de la Ronda Uruguay, el más grande e importante proceso de negociaciones comerciales a escala mundial iniciado en 1986 en Punta del Este, que duró siete años y medio. Abarcó prácticamente todo el comercio, desde productos industriales y agrícolas (por primera vez), textiles, servicios financieros, propiedad intelectual, movimientos de capital, productos biológicos, software, hasta tratamientos médicos. Esta negociación multilateral puso en revisión la totalidad del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Precios) creado en 1948 en el marco de los acuerdos de Breton Woods, que habían dado origen al nuevo orden económico internacional de postguerra.



El resultado de la Ronda Uruguay fue muy relevante, por cuanto se incorporaron a la norma internacional, de inmediato o en sucesivas negociaciones sectoriales post-Marraquech, nuevos temas -como la agricultura, los textiles, la propiedad intelectual, las telecomunicaciones, tecnologías de la información, temas medioambientales, servicios financieros- y nuevas reglas sobre subsidios y barreras al comercio, con un sistema de solución de controversias que ha sido relativamente eficaz, como lo prueba el hecho de que en diez años ha conocido tantos casos como en los cuarenta años anteriores.



No cabe duda que fue una decisión importante, y hasta se puede decir que inusualmente audaz, de la comunidad internacional, el someter a una completa revisión un sistema de comercio que había funcionado cuarenta años, beneficiando claramente a los países de mayor desarrollo. Pero la verdad es que era inevitable producir un cambio drástico ante las nuevas realidades, como el inicio de la globalización de los mercados, la emergencia de nuevos competidores, el cambio tecnológico, la mayor movilidad de los factores de producción, la emergencia de los servicios como un componente cada vez más relevante de los intercambios y, fundamentalmente, la necesidad de poner el comercio mundial en sintonía con las necesidades de desarrollo de los países del llamado «Tercer Mundo», que reclamaban -y aún reclaman- la completa apertura de los mercados de los países ricos y en general una mayor equidad en el sistema económico internacional. Porque si bien en cincuenta años el comercio mundial creció veintidós veces, a una tasa promedio anual del 6%, la participación proporcional de los PVD (países en vías de desarrollo) se ha ido reduciendo dramáticamente, mientras los países desarrollados, especialmente la tríada compuesta por Estados Unidos, la UE y Japón ha aumentado hasta copar el 80% del comercio mundial.



Esta asimetría tiene mucho que ver con el proteccionismo del mundo desarrollado, que perjudica a las exportaciones del mundo en desarrollo, pero también da cuenta de una realidad mucho más compleja, relacionada con la nueva estructura de la demanda dinámica mundial, que se desplaza desde los productos básicos hacia los manufacturados con valor agregado y alta incorporación de tecnología, además del surgimiento del comercio de servicios y de los nuevos factores de competitividad. Para esta nueva situación -que requiere de capital, tecnología y calificación del trabajo- los PVD no están preparados ni en condiciones de competir, y por eso es tan necesario que unida a la apertura de los mercados, existan programas de cooperación internacional e inversiones productivas que incidan en la creación de capacidades competitivas. En este sentido, por lo menos la Comisión Europea aplica una política de acuerdos de asociación en los que ambos componentes son relevantes, como es el caso de Chile, México o los antiguos países de Europa central y oriental, hoy miembros de la UE.



Las treinta mil páginas que contienen los acuerdos dan cuenta de la complejidad del comercio internacional moderno, y de lo difícil que resulta para los países de menor desarrollo, como un problema adicional, manejar esta maraña normativa. Lo mismo sucede con los mecanismos de solución de controversias, que si bien son relativamente expeditos, requieren de un nivel de especialización que obliga a los países a contratar asesorías muy caras que muchas veces son disuasorias para aquellos de menores recursos. Por eso que han surgido, especialmente en América latina, los esquemas subregionales como la Aladi, el Mercosur, la Comunidad Andina o el Mercado Común Centroamericano, y sistemas de solución de controversias pactados bilateralmente entre países, dejando para la última instancia el recurso a la OMC. No obstante, hay propuestas para que, dados los altos costos señalados, se establezca a nivel subregional y latinoamericano un sistema propio «pre-OMC», que podría resultar más cercano y asequible.



Actualmente la OMC está inmersa en nuevas negociaciones, la denominada Ronda Doha, en que se discuten además otros temas como compras gubernamentales, dumping, inversiones, políticas de competencia, facilitación del comercio. En estos momentos se encuentra estancada y ya superó el plazo previsto de cinco años. Los temas agrícolas, servicios y subsidios siguen siendo críticos para los países en desarrollo, pero también para los desarrollados entre sí. Estos procesos son lentos -como lo prueban los más de siete años de la Ronda Uruguay- pero muy necesarios para dar saltos cualitativos en las relaciones económicas internacionales que permitan abrir los espacios a los países más necesitados de ellos. Con toda intención, la Ronda Doha ha sido llamada la Ronda del Desarrollo, porque entre Punta del Este y Marraquech quedó claro que no se trata sólo de normar el comercio, sino de ponerlo en la perspectiva de una mejor distribución de los beneficios de la apertura y el libre comercio, para la creación de riqueza con equidad y mejorar las condiciones de vida de los países en vías de desarrollo.



Esta semana tendrá lugar en Montevideo, con la asistencia de Pascal Lamy, Director General de la OMC, la celebración de los veinte años del comienzo de la Ronda Uruguay, oportunidad en la que, convocados por el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales que preside el ex canciller Sergio Abreu, un grupo de especialistas y protagonistas de este proceso harán una evaluación de los avances y dificultades que el comercio internacional ha atravesado en estas dos décadas. Dirigirán asimismo un llamado a la comunidad internacional a culminar satisfactoriamente la Ronda Doha que se encuentra estancada.



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Héctor Casanueva. Vicerrector Académico de la Universidad Miguel de Cervantes. Director del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (Celare). Ex embajador de Chile.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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