El pasado viernes 17 de noviembre, las cinco comisiones que integran el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación finalizaron un proceso de seis meses de trabajo, cuyo objetivo es aportar al mejoramiento del sistema educativo al que acceden los niños y niñas de nuestro país.
En el proceso se pusieron en el centro del debate cuestiones como la creación de una nueva institucionalidad, la ley orgánica que rige la enseñanza, los procesos de mejoramiento de la educación y los conceptos de educación pública y privada. La orientación de los debates al final del proceso, necesariamente, han estado orientados hacia una visión más equitativa del sistema, en el entendido de que efectivamente deseamos garantizar que el derecho a la educación de calidad se consagre en Chile.
En este contexto es inevitable la discusión sobre el rol del Estado, el que no puede restringirse a la entrega de recursos a los sostenedores y a velar porque la competencia regule la calidad de la educación. Asimismo, en una sociedad tan desigual como la nuestra, resulta legítimo incorporar esta variable en un proceso que rediseñe el Ministerio de Educación, lo cual supone un cambio profundo en sus políticas actuales.
Ciertamente, algunos plantearán que todas estas transformaciones provendrían de determinadas «nostalgias» de un Estado que, cuando tuvo un rol más activo hace 40 años atrás, no aseguró la calidad ni la cobertura que, en esa época y en el nivel secundario, alcanzaba a un 14% de la población. Sin embargo, no se podrá olvidar que, una década después, el 50% de los estudiantes accedieron al sistema educacional en un proceso sostenido de ampliación de cobertura que sólo se vio mermado a partir del año 1973.
Estos datos sirven para clarificar la forma tendenciosa que puede adquirir el debate, cuando es parcial y descontextualizado de la situación socio-histórica. Siguiendo este esfuerzo de analizar procesos, se pueden constatar las dificultades que ha presentado la administración municipal de la educación desde que fue instaurada. En este ámbito, urge también avanzar hacia una nueva institucionalidad estatal descentralizada, en un ámbito de dependencia que podría situarse a nivel regional.
Otra conclusión importante, es que las actuales falencias del sistema educativo suponen la inexistencia de una adecuada distribución de las competencias entre los organismos encargados de regular y fiscalizar. En esta línea, se plantea la creación de una Superintendencia con un carácter regulador y fiscalizador, que asegure la calidad de la educación, el respeto a la diversidad, el uso adecuado de los recursos, como un ente que, más allá de controlar, facilite la participación de los diferentes actores presentes en el proceso educativo.
Todas estas propuestas tienen como norte una gestión descentralizada, además de considerables grados de autonomía de los establecimientos, considerando sus características culturales, económicas y geográficas, ya que estos factores son determinantes a la hora de establecer el tipo de financiamiento y los recursos humanos que cada comunidad escolar requiere para asegurar una enseñanza equitativa y de calidad.
Para ello también es necesario fortalecer la profesión docente, lo que implica generar las condiciones laborales que permitan un mejoramiento continuo de las prácticas docentes, transformando y enriqueciendo la labor pedagógica.
Ad portas de finalizar una etapa importante para el desarrollo de la educación en nuestro país, esperamos que desde el Consejo Asesor, y pese a las diferencias existentes, se entreguen propuestas que fortalezcan la educación financiada con recursos públicos y garanticen una enseñanza orientada a la calidad y equidad en nuestro sistema educativo.
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Loreto Egaña, directora del PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación). Integrante del Consejo Asesor de Educación
