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La corrupción: ¿otra expresión de abuso de poder?

por 30 noviembre, 2006

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Los últimos hechos de corrupción y/o de "desproligidades" que se ventilan en nuestro país a partir del caso Chiledeportes han puesto en el debate y la conversación cotidiana la transparencia con que se administra la información y los recursos que manejan los organismos del Estado, como también la probidad de funcionarios y autoridades públicas.



La corrupción, en tanto práctica social, remite a favorecer intereses privados aprovechando un espacio privilegiado o de poder. En otras palabras, la corrupción es una manifestación palpable de abuso de poder, en este caso, al interior del aparato público.



En el estudio de opinión pública que Genera realizó el año 2005, constatamos que el 43% de las personas asocia la noción abuso de poder con "aprovecharse de un cargo para beneficio personal". Esto, a su vez, repercute en la sensación de vulneración de los derechos de ciudadanos/as, que ven cómo personas que desarrollan funciones asociadas al bien común de la población, no sólo faltan a su ética y responsabilidades sino también, promueven estilos y prácticas que enlodan el sentido y el profundo valor de la función pública.



No resulta extraño la gran desconfianza que pesa hoy sobre instituciones públicas y privadas y la abismante deslegitimación de los partidos políticos. En nuestro último estudio "Derechos y Ciudadanía en el Chile de hoy" dado a conocer recientemente, un 73% de la opinión pública considera que los derechos de las personas se respetan poco y nada. Cifra que aumenta al 81% en el caso de la empresa privada. Y respecto de la valoración que tiene la ciudadanía del aporte que hacen las instituciones para garantizar el respeto por los derechos, los partidos políticos, las empresas y los senadores y diputados son los peor evaluados.



Muchas organizaciones ciudadanas vemos con gran preocupación cómo siguen surgiendo casos ante la opinión pública que refuerzan la desconfianza y tergiversación de lo que implica acceder a puestos de poder para asumir tareas de país. Cuestión que puede derivar en una crisis de legitimidad de nuestras instituciones, vale decir, que al no contar con el respaldo, la adhesión o acatamiento de la ciudadanía, comiencen progresivamente a volverse obsoletas e incapaces de asegurar la cohesión social.



Junto a ello, se aprecia también la idea de que estas prácticas son parte de las "naturalidades del ser humano", por lo cual si son adoptadas desde espacios de poder y se legitiman, ¿por qué no hacerlo también en los espacios privados y cotidianos de los ciudadanos de "a pie"?



Necesitamos urgente medidas, actitudes y prácticas que nos hagan sentir que es posible frenar esta cultura del abuso. Especialmente desde nuestras autoridades y líderes políticos. Tal vez, lo primero sea guardar la calculadora en el bolsillo y ponerse la mano en el corazón −no sólo para donar en la Teletón− para retomar el compromiso político y ciudadano de aportar seriamente al desarrollo ético de nuestro país.



Paralelamente a la aplicación de medidas políticas, sanciones judiciales y administrativas, es indispensable, que cada persona e institución comience a mirar con más detención prácticas que en determinadas situaciones se prestan para la deshonestidad, el secretismo, el abuso de poder. Éstas ocurren a diario, a pequeña escala y son el caldo de cultivo para la emergencia de nuevos focos de corrupción. En definitiva, estos hechos debieran servirnos para realizar un escrutinio valórico, no sólo sobre nuestras instituciones, sino también sobre nosotros mismos y nuestros estilos de convivencia.





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María Eugenia Díaz M. Directora Ejecutiva de Genera


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