Pinochet, quien se sumó al golpe en el último momento, se transformó en el símbolo mundial de las violaciones de los derechos humanos. Y produjo una tan gran reacción internacional de horror, que fortaleció el derecho internacional en defensa de esos derechos.
Las razones de ese simbolismo y reacción son múltiples. El prestigio internacional de la democracia chilena antes del golpe, un caso excepcional entre los países en desarrollo. La gran simpatía por el gobierno de Allende de la socialdemocracia europea y de los países no alineados, en contraste con la indiferencia de la Unión Soviética, China y sus aliados. La extrema brutalidad del golpe, que fue expuesta al mundo por las imágenes del bombardeo de La Moneda, de la quema de libros, del exhibicionismo fotográfico del dictador, en una actitud siniestra, con los brazos cruzados y anteojos obscuros (se reprodujo abundamente por los medios de comunicación a propósito de su muerte), y fotografías de los prisioneros del Estadio Nacional, incluso algunas de golpes y torturas, que muchos contribuyeron a sacar del estadio al extranjero.
A lo que se sumó la muerte del Presidente Allende; la desaparición o encarcelamiento en campos de concentración de muchos de sus colaboradores y partidarios; la persecusión indiscriminada de los extranjeros, que incluyó la detención en el Estadio Nacional de un confesor del Papa, sin saber quien era, y el mal trato de embajadores europeos, a sabiendas, y la prohibición del ingreso al país de periodistas extranjeros (incluso conocidos críticos de Allende se quedaron en Mendoza).
Simultáneamente, disolvió el Congreso y todos los partidos políticos, incluidos los de la oposición a Allende, que tenían mayoría en las Cámaras, a los que acusó de permitir el «gobierno marxista», y anunció que el país necesitaba un régimen autoritario. Designó a militares como rectores de las universidades y alcaldes, censuró la prensa, disolvió a los sindicatos. Se designó a sí mismo Presidente de la República, y eliminó a los autores primarios del golpe y la influencia de sus aliados extranjeros, etapa que culminó con la destitución del jefe de la Fuerza Aérea, Leigh, y de sus segundos.
En todo este proceso de concentración personal del poder, tuvo especial importancia una policía secreta, creación de Pinochet, la DINA, primero, y la CNI, después, a cargo de militares, que mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a miles de chilenos. Gobernó un país, con fama de democrático, por el terror, como lo comprobaron testimonios visuales y de intachables personalidades. A lo que se sumó que la DINA incursionó en el extranjero y, entre otros atentados terroristas, asesinó a Orlando Letelier en pleno centro de Washington, sin entender que al hacerlo cometía un crimen de lesa majestad.
Así comenzó la contribución del dictador a la protección de los derechos humanos, a pesar de que los declaró «una invención marxista». Por primera vez, y en plena guerra fría, la Asamblea General de la ONU designó en 1974, al año del golpe, un grupo ad hoc para que investigará la violación de los derechos humanos en Chile. Y el 9 de diciembre de 1975, nuevamente por primera vez, condenó esa violación en la resolución 3448, XXX. Años más tarde, el grupo ad hoc se transformó en un investigador/relator, institución que, después, se generalizó en la Comisión, ahora Consejo, de Derechos Humanos de la ONU. En otras palabras, ese mecanismo de defensa de esos derechos es parte de la reacción internacional al gobierno de Pinochet.
Por supuesto que esa condena es moral, pero contribuye a restablecer el derecho, en el caso de Chile, p.ej., con el apoyo internacional a instituciones tales como la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y a ello se sumó la presión de Washington por el asesinato de Letelier, el fiasco económico de los «Chicago boys» y la consiguiente movilización popular.
En ese contexto, la dictadura decidió en 1980 prometer una «transición» a la democracia, con un plebiscito ocho años más tarde, pero teniendo presente la experiencia de Franco, impuso una constitución que impide a la mayoría gobernar sin el acuerdo de los pospinochetistas (Congreso no representativo y quórum especiales).
Además, en caso de perder el plebiscito, como ocurrió, Pinochet quedaba como jefe del Ejército por otros ocho años, cargo que aprovechó para intimidar a los gobiernos de la transición, y, después, se transformaba en Senador vitalicio.
Las ataduras se cerraron con toda una red de poderes fácticos. Al respecto hay que tener presente que en una economía presunta de «mercado», bajo una dictadura, no «gana el más mejor» sino «el más apitutado con el régimen», a saber, los «socialistas millonarios», así se llama en EE.UU. a quienes hacen su fortuna al alero del Estado, o los «oligarcas» rusos, los miembros de la nomenklatura soviética convertidos en flamantes capitalistas internacionales.
La gran mayoría de la oposición, para lograr una salida pacífica, aceptó esas ataduras. Incluso su primer secretario de Hacienda dijo: «No nos gusta el gobierno anterior, pero hizo muchas cosas bien. Heredamos una buena economía». A lo anterior se añadió que se permitió, para apaciguar a Washington, que se procesara a los asesinos de Orlando Letelier.
Sobre esas bases, Pinochet se sintió seguro, y siendo Senador vitalicio viajó a Gran Bretaña. A pesar de su pasaporte diplomático, fue detenido en Londres, a petición del juez español Garzón, en un proceso penal que lleva el abogado, también español, Joan Garcés, y de acuerdo a un Auto judicial, del 10 de diciembre de 1988, que lo declaró reo de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, con orden internacional de detención, todavía vigente. Un gran avance en el derecho internacional, la aplicación, por primera vez, de convenciones internacionales a un ex gobernante que no es procesado en su país por delitos de lesa humanidad por la justicia de un tercer país.
Si bien es cierto que Pinochet logró evadir a los tribunales europeos alegando demencia y también, por la misma razón, algunos procesos chilenos posteriores, finalmente terminó desaforado, procesado y en detención domiciliaria en Chile. Y como prófugo de la justicia española, entre otras. También fue procesado en nuestro país por delitos tributarios, como consecuencia de la investigación de un Subcomité del Senado norteamericano del Banco Riggs. Al final casi no tuvo quien le escribiera y nuestra justicia volvió a ser justicia.
La vida y la muerte tienen muchas ironías. Hoy la ideología de los «Chicago boys», de los discípulos de Milton Friedman, está en retroceso debido a que sus consecuencias son repudiadas por la mayoría ciudadana. Y no solamente en Chile (revisión de los sistemas de pensiones y educación, p.ej.), sino también, entre otros casos, por los resultados de las últimas elecciones holandesas y estadounidenses, que se refleja en especial en lo que podríamos llamar la nación norteamericana profunda, es decir, de estados como Ohio y Kansas.
El 10 de diciembre, además, es la fecha del Auto judicial español que inició el derrumbe de Pinochet y del día mundial de los derechos humanos, y el 10 de diciembre de este año dejó de existir en el Hospital militar de Santiago, quien fuera el símbolo viviente de la violación de esos derechos.
El legado más importante de este largo proceso es que el precedente del «caso Pinochet» será estudiado y aplicado por décadas por abogados y jueces, también más allá de nuestras fronteras, como una de las bases de la jurisdicción internacional respecto de los derechos humanos, al igual que lo es el proceso de Nurenberg. Ä„Quién lo hubiera pensado hace sólo un lustro!
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Iván Auger. Consultor chileno en asuntos políticos radicado en Nueva York.
