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Editorial: La sociedad del abuso y los gastos reservados

por 19 diciembre, 2006

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En Chile se ha hecho cultura una cierta resignación ciudadana frente a los abusos que de manera cotidiana se les inflige a las personas desde los ámbitos más inesperados. Empresarios, dirigentes políticos, funcionarios públicos, civiles o uniformados, parecen haberse confabulado para interpretar sus obligaciones con el prisma de una letra chica que solo ellos son capaces de leer, creando la sensación de orfandad de información y una baja confianza interpersonal. Y lo peor, casi no existen instancias de reclamación, quedando parte importante de las soluciones sujetas a la propia voluntad de los poderosos.



Facturas de servicios con cifras de ajuste poco claras, vías tarifadas que apenas se conectan entre ellas, tecnologías que no funcionan, repuestos que no se encuentran, procedimientos administrativos que no se cumplen, cartas que no se entregan. Esta especie de selva cotidiana, boletín comercial y servicios básicos incluidos, queda en la bruma. El país funciona, y las transgresiones son a escala micro económica, difícil de articular en una acción conjunta ciudadana en contra de los abusadores.

Los avances más importantes para contener abusos de poder tienen lugar cuando se conoce su origen o procedencia. Esto normalmente ocurre cuando desde el propio círculo de beneficiarios alguien los pone en evidencia y genera la información suficiente para actuar y enmendarlos. Lamentablemente ello es poco frecuente.



De las recientes declaraciones de connotados dirigentes políticos del Partido Por la Democracia y del Partido Socialista, sobre uso de bienes fiscales y de fondos públicos, se ha transparentado una situación de abuso que, a la luz de la legislación vigente, podría entrañar incluso la comisión de delitos.



Independientemente de la motivación que han tenido para tales declaraciones, queda claro que lo denunciado es un abuso frente a la ciudadanía. En nuestra legislación los gastos reservados están destinados al cumplimiento de tareas relativas a la seguridad interna y externa, y el orden público, y a funciones inherentes a la Jefatura de Estado que por su naturaleza requieran de reserva o secreto. Se prohibe expresamente efectuar pagos a funcionarios públicos, financiar campañas políticas, partidos políticos u organizaciones gremiales. Los gastos deben ser informados anualmente, en forma secreta, directamente al Contralor General de la República, con un detalle por rubros que ilustre su contenido, acompañado de una declaración jurada de lo actuado.



Todo gobierno tiene gastos reservados. Los que por su mismo carácter, deben usarse de manera mesurada y estrictamente apegada a la ley. De lo contrario, pasan a ser una fuente ilegal de poder que lesiona la igualdad política y el estatuto ciudadano de personas e instituciones.



En la historia sirvieron para darle una compensación económica a Miguel de Cervantes, según registra el "cuaderno de gastos secretos y extraordinarios del señor don Juan de Austria". También para financiar el Proyecto Manhattan que dio a luz la bomba atómica en Estados Unidos durante la segunda guerra mundial; y pusieron en la cárcel a Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela por el delito de malversación genérica agravada al comprarle ropa a una colega centroamericana, para que luciera presentable en el desempeño de su cargo.



En Chile, han estado al servicio de causas públicas loables. El ex-juez Juan Guzmán, agradecía en octubre de 2005, a las autoridades del ministerio del Interior de la época por haberle proporcionado dinero "para poder hacer prospección en relación con los restos y cuerpos de personas desaparecidas (...) con los dineros reservados que tienen".



Sin embargo, el financiamiento de la política con gastos reservados entra en el plano de la ilegalidad y lesiona el principio de competencia, que es básico del orden público político consagrado en la Constitución. Por lo tanto, las explicaciones deberán ser más profundas por parte de quienes operaron el sistema.

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