En las últimas semanas la opinión pública ha asistido a la satanización a través de los medios de comunicación de los denominados » operadores políticos», generándose una imagen falsa y distorsionada de quienes trabajan en el aparato público, como asimismo que todos aquellos que se encuentran enquistados ahí actúan saqueando al Estado.
Pero seamos claros. Primero no podemos negar que existen los «operadores políticos» y que a veces responden a los partidos; otras a algún político, en particular, o algún parlamentario. Segundo: no todos los políticos o parlamentarios tienen operadores. Tercero: no todos los funcionarios públicos de confianza cumplen esta función. Más aun, no me cabe ninguna duda que la inmensa mayoría de los empleados públicos son personas decentes que realizan una abnegada labor en beneficio de la comunidad.
Es cierto que algunos de estos «operadores» han cometido ilícitos, pero tal como lo ha expresado la Presidenta de la República deberán responder ante los Tribunales de Justicia.
Esa es la verdad, por más que la derecha en una actitud sesgada y carente de las más mínima objetividad pretenda demostrar lo contrario.
Del mismo modo, se ha hecho creer interesadamente que estos «operadores políticos» son una creación sólo de los Partidos de los Partidos de la Concertación por la Democracia, y que en la derecha no existen.
Nada más falso, tanto la UDI como RN tienen sus propios «operadores » los cuales son conocidos con el nombre de «recaudadores», siendo personas de exclusiva confianza de sus diputados y senadores o dirigentes políticos.
Estos «operadores», que actúan más como recaudadores, no sólo realizan gestiones ante diversas instituciones públicas, sino también y esto es lo más grave ante la empresa privada.
Es justamente en este ámbito donde estos oscuros «operadores-recaudadores» llevan a cabo una solapada labor de recolección de fondos; motivo por el cual tarde o temprano sus jefes deberán corresponder a estos «aportes», entre otras cosas respaldando proyectos de Ley que benefician directamente a muchas de estas instituciones.
Entonces en la práctica, estos personajes de la derecha, son dobles agentes actúan como «operadores y recaudadores» a la vez de sus jefes políticos; y del o los empresarios a los cuales solicitaron recursos económicos. Situación muy delicada y de extrema gravedad ya que genera un peligroso «clientelismo o dependencia» del sector privado que debe ser regulada.
Entonces, lo primero si queremos enfrentar esta temática en forma seria y responsable, es aceptar que tanto en la derecha como en la Concertación existen personas que actúan en representación de sus jefes políticos.
Lo segundo es que es necesario avanzar hacia la regulación y reglamentación de estas «actividades» lo cual pasa entre otras cosas por: mejorar el Proyecto de Ley sobre el Lobby, que se encuentra en el parlamento hace ya un largo tiempo, y que ha enfrentado diversas dificultades para ser aprobado; reformar la Ley sobre Financiamiento de Campañas; y revisar la Ley sobre Probidad, entre otras materias.
Por tanto, la derecha debe demostrar su coherencia y compromiso real de lucha contra la corrupción respaldando las 30 medidas anunciadas por al Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, con el fin de terminar con este flagelo, que también los afecta aunque pretendan negarlo.
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Jaime Naranjo Ortíz. Vicepresidente del Senado.
