Entendemos la razón de fondo que tuvo Francisco Cuadrado Prats para lanzarle un escupitajo al féretro del General Pinochet en la Escuela Militar, como también comprendemos el enojo que tuvo el Alcalde de Las Condes Francisco de la Maza con esa actuación, ya que, como fiel seguidor del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Presidente de la República, tenía la obligación moral de rechazar ese comportamiento en contra de su líder político.
Recordemos que ese mediático y polémico alcalde desea inmortalizar la figura y obra de Pinochet llamando por su nombre y con el título de Presidente a una avenida o calle de esa comuna. Lo va a lograr porque la gran mayoría de los residentes de ese sector de la ciudad son incondicionales del personaje en cuestión.
Pero estamos en desacuerdo con las razones que el Alcalde dio a conocer recientemente a la prensa para justificar su decisión de terminarle el contrato a honorarios a suma alzada que Cuadrado tenía con dicha municipalidad. Suelto de cuerpo manifestó que el defenestrado «actuó de una forma que no corresponde a un servidor público» (sic).
Tenemos ante nuestros ojos el contrato del 1ÅŸ de Septiembre de 2006 que termina el 30 de Diciembre de 2006, es decir de solo 4 meses de duración, firmado entre De la Maza y Cuadrado, en donde se señala que este último debe realizar estudios de seguridad ciudadana por el período 2005-2006 (sic) y que, por dicho trabajo, gana una cierta suma de dinero.
Una cláusula perentoria establece que la municipalidad podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin expresión de causa y otra señala que Cuadrado no tendrá calidad de funcionario municipal. Por ello, el 14 de Diciembre pasado, el Administrador Municipal le informó por escrito al nieto del General Prats que la relación contractual quedaba en nada y el 18 de Diciembre el afectado le dice formalmente al Alcalde que le devuelve al municipio los honorarios de la primera quincena de Diciembre en curso y el correspondiente al aguinaldo de Navidad.
Conocemos a Cuadrado como un gestor cultural y bachiller en Filosofía y además como excelente asesor del concejal PPD Hugo Unda. Tenemos conocimiento que todos los concejales de esa municipalidad tienen sus propios asesores. Por lo tanto la totalidad de ellos tienen ese tipo de contratos con diferentes tareas a realizar. Así las cosas, podemos afirmar rotundamente que tales asesores no son «servidores públicos», lo que está ratificado en el propio contrato aludido, sino tan sólo competentes privados que sirven a sus jefes, es decir, a los concejales de Las Condes.
Que esa municipalidad invente la fórmula del contrato a honorarios, describiendo distintas tareas, entre ella y cada uno de los mencionados asesores para justificar sus rentas individuales, es una muestra más de las mentiras institucionalizadas que existen no solo en Las Condes sino en todo el país.
Esperamos que en esta hora, en donde todos hablan de probidad y transparencia, con sus respectivas pomposas Agendas, se regulen correctamente las rentas de los asesores de los concejales de las municipalidades que tienen los recursos suficientes para pagarlos.
Recordemos que en la inmensa mayoría de los trescientos y tantos municipios los concejales se las arreglan solos para hacer sus trabajos.
Patricio Herman P. Agrupación «Defendamos la Ciudad»
