La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados recibió al Comandante en Jefe del Ejército, General Oscar Izurieta, invitado a explicar las circunstancias en que se verificaron los funerales de Pinochet el pasado 12 de Diciembre.
Esta sesión es un hecho relevante en nuestra historia reciente, porque permitió y le dio fluidez a un ejercicio republicano fundamental para Chile. Sobre la base de la legitimidad política que tiene la Cámara de Diputados, un General de la República escucha la preocupación y el juicio crítico a conductas que volvieron a involucrar al Ejército en asuntos políticos que dividen a los chilenos, en especial por el hecho insólito de que un oficial se permite una insubordinación y una deliberación abierta y pública. Y, al mismo tiempo, ante los parlamentarios, el General Izurieta precisó que hubo actos indebidos que el Ejército no justifica ni respalda, informó las sanciones que adoptó y sostuvo que aquellos aspectos políticamente controvertidos de esos funerales fueron concordados con las autoridades del Ejecutivo.
Vale decir, Izurieta desplaza a las autoridades políticas la responsabilidad por la decisión de autorizar las intervenciones de Carlos Cáceres y Hernán Guiloff en la Escuela Militar, esto es, permitir discursos políticos en un recinto militar. Esa, que a mi juicio, es una muy mala decisión de Estado, no es entonces directamente imputable a él.
La normalidad democrática e institucional de esta sesión es parte de la restauración de una ética republicana en la que debe desenvolverse el país. Esto es lo normal, este es un modo de canalizar la disolución de los nudos controvertidos y la forma de restaurar el espíritu de nuestras instituciones democráticas.
En nuestro debate público, sin embargo, este espíritu choca nuevamente con la intención de sectores de la derecha de instrumentalizar a las Fuerzas Armadas. Lo hacen por dos vías.
El primero es el nuevo intento de legitimar la dictadura y relativizar las violaciones a los derechos humanos.
Uno de los errores de apreciación más repetidos por parte de aquellos que apoyaron la dictadura es creer que sus reformas económicas derivarán, algún día, en una positiva evaluación histórica de su labor. Normalmente repiten, para fundamentar esa tesis, que se modernizó el país. Esa idea, en sí misma discutible, por los porcentajes de pobreza con que entregó el gobierno, el retraso de su infraestructura y la falta de perspectiva histórica que tuvo para comprender lo fundamental que es el capital humano en la competitividad mundial, que hasta ahora nos pesa en el retraso de nuestro sistema educacional.
Pero, más a fondo, más allá de cualquier debate sobre ese enfoque, esa mirada de la derecha desprecia la importancia que los juicios éticos tienen en la apreciación histórica.
Lo que ocurrió en los últimos 15 años, mirado hacia el futuro, es que en Chile se impuso un juicio ético muy crítico y severo respecto del período de Pinochet. Actualmente, nadie seriamente puede desconocer las violaciones a los derechos humanos y nadie -sanamente- puede dejar de expresar su estupefacción por los horrores cometidos o de asumir que hubo heridas y dolores muy profundos por la represión de esos años.
El Estado de Chile ha establecido ese juicio histórico: lo hizo el Presidente Aylwin a través del reconocimiento de Estado a las violaciones a los derechos humanos, cuando entregó al país el Informe Rettig; se hizo en la Mesa de Diálogo, cuando las Fuerzas Armadas, institucionalmente, no se sustrajeron a la evidencia y reconocieron la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar; lo hizo el Presidente Lagos cuando estableció otro hito en torno a la Comisión Valech, enfocado a los casos de tortura y prisión política. Incluso, en ese momento todas las ramas castrenses reconocieron como veraces los hechos denunciados en el Informe Valech. Y, por último, los Tribunales de Justicia encargaron reo a Pinochet, vale decir, un tribunal chileno estableció la presunción de responsabilidad penal de Pinochet en las violaciones a los derechos humanos
Esa memoria y esos gestos institucionales deben ser un punto de referencia para las nuevas generaciones de oficiales de nuestros institutos armados, por su propio contenido y porque constituirá una referencia histórica respecto de los deterioros institucionales y los riesgos judiciales individuales de una conducta que afecte los derechos humanos. El efecto demostración de todo lo que ha ocurrido estos años es, por cierto, muy relevante.
La figura de Pinochet divide al país porque choca la conciencia moral de los chilenos. No me cabe la menor duda de que en el futuro se lo verá como un dictador, que usó con perversidad el poder, que tuvo responsabilidad en el asesinato de su antecesor, el general Prats; que frente a la Justicia no tuvo el sentido del honor de asumir sus responsabilidades, nunca actuó con entereza, sino con evasivas y pillerías para eludirla. Pasará a la historia, también, como un gobernante corrupto más.
El segundo intento de instrumentalizar a las Fuerzas Armadas es querer transformar a Pinochet en un líder militar de referencia. En los años 90 ya se intentaba construir la idea de que él era una figura que estaba en la línea de otros líderes militares de Chile: Pedro de Valdivia, Diego de Ribera, O’Higgins, Prieto, Bulnes e Ibáñez.
Ese constructo era el que estaba detrás de la doctrina de la Constitución de 1980, que establecía que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad. Esa es una doctrina que quiere ponerlas por sobre la sociedad y por sobre las instituciones democráticas. Las reformas constitucionales del año 2005 terminaron con esa anomalía institucional. Pero la derecha ha querido resucitarlo en torno a los funerales de Pinochet, lo que constituye un retroceso respecto de su vocación democrática.
Quiero recalcar que ese intento es otra forma de querer instrumentalizar a las Fuerzas Armadas y exponerlas a los riesgos de la deliberación política, que crean divisiones en torno a ella. Ello afecta a Chile, a nuestra democracia y nuestra seguridad.
Hacia el futuro, la madurez de Chile, su fortaleza política, su prestigio ante el mundo, la respetabilidad de sus instituciones, depende de que la relación civil-militar se base en una ética republicana, sin más.
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Jorge Insunza. Diputado PPD
